Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de todas las personas que protestaban pacíficamente detenidas durante las manifestaciones del miércoles sólo por ejercer sus derechos a la libertad de reunión y de expresión

Las autoridades rusas han desencadenado una oleada de represión contra las personas que protestaban pacíficamente para exigir la libertad de Aleksei Navalny, deteniendo al menos a 1.700 de ellas y usando fuerza excesiva, incluidas pistolas Taser, en manifestaciones en todo el país.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como la de Aleksei Navalny, recluido arbitrariamente, a quien se le niega acceso a atención médica independiente.

“El miércoles, en ciudades de toda Rusia, decenas de miles de personas salieron a la calle para pedir que se pusiera fin al encarcelamiento arbitrario de Aleksei Navalny. En muchas ciudades, como es habitual, las autoridades rusas respondieron practicando detenciones masivas de quienes protestaban, a menudo mediante el uso de fuerza excesiva. Si bien esta vez en Moscú no hubo violencia policial y apenas se practicaron detenciones, en San Petersburgo la policía usó pistolas Taser de forma indiscriminada y, en varios casos, golpeó a las personas detenidas”, declaró Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú.

“Con cada persona que se manifiesta pacíficamente que detienen, las autoridades rusas hunden más al país en una crisis de derechos humanos. Estos intentos de pisotear la disidencia son cada vez más desesperados: desde el encarcelamiento de Navalny y el esfuerzo de prohibir su movimiento calificándolo de extremista hasta la violencia y las detenciones masivas de sus simpatizantes.

“No hay celdas suficientes para encerrar y silenciar a todas y cada una de las voces críticas en Rusia. La escandalosa represión de libertades fundamentales por las autoridades rusas no puede continuar: el mundo está mirando”.

Según el órgano de vigilancia de la actuación policial OVD-Info, han sido detenidas al menos 1.786 personas en toda Rusia, 805 de ellas solamente en San Petersburgo. Las autoridades de Moscú y otras ciudades negaron la autorización para las manifestaciones alegando que violaban las restricciones impuestas debido a la COVID-19.

Agentes encargados de hacer cumplir la ley practicaron varias detenciones sin cargos por motivos de seguridad que afectaron, entre otras personas, a Kira Yarmysh, portavoz de Aleksei Navalny; Lyubov Sobol, abogado de la Fundación Anticorrupción de Navalny; Vladimir Ryzhkov, exdiputado de la cámara baja del Parlamento estatal ruso; y Yefim Khazanov, miembro de la Academia de Ciencias rusa. acusados de haber pedido presuntamente la participación en una manifestación “no autorizada”, que es una infracción administrativa en Rusia.

El 16 de abril, profesionales médicos independientes valoraron unos análisis de sangre de Aleksei Navalny realizados recientemente en la colonia penitenciaria y afirmaron que éste podría sufrir una parada cardiaca “en cualquier momento”.

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de todas las personas que protestaban pacíficamente detenidas durante las manifestaciones del miércoles sólo por ejercer sus derechos a la libertad de reunión y de expresión. La organización reitera su llamamiento en favor de la libertad inmediata de Aleksei Navalny y la retirada de la solicitud de la fiscalía de prohibir sus organizaciones por “extremistas”.

Información complementaria

Esta ha sido la cuarta protesta multitudinaria de simpatizantes de Aleksei Navalny tras la detención y encarcelamiento ilegítimos de éste a principios de año. Durante las tres protestas anteriores —los días 23 y 31 de enero, y 2 de febrero—, fueron detenidas más de 11.000 personas, una cifra sin precedentes incluso en Rusia, donde la disidencia es silenciada sistemáticamente.

Se han abierto más de 100 causas penales contra manifestantes. La mayoría de éstos han sido acusados de violencia contra agentes de policía, y 12 destacados activistas han sido acusados de vulnerar las restricciones sanitarias impuestas debido a la COVID-19 al convocar las protestas.