Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas

- Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales

- China utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19

- El anterior gobierno estadounidense ejecutó a la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses en 2020

- Por tercer año consecutivo, se registraron las cifras más bajas de ejecuciones en un decenio

Los desafíos sin precedentes planteados por la pandemia de COVID-19 no bastaron para disuadir a 18 países de llevar a cabo ejecuciones en 2020. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en su examen anual de la pena de muerte en el mundo. Aunque hubo una tendencia general hacia la disminución, algunos países mantuvieron o incluso aumentaron el número de ejecuciones llevadas a cabo, lo que indica un escalofriante desprecio por la vida humana en un momento en el que la atención mundial se centraba en proteger a la gente de un virus mortal.

Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 se encontraba Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior, y se encontraba también China, que anunció que se castigarían los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19, lo que dio lugar a que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado. Mientras tanto, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, con la escalofriante cifra de 10 ejecuciones en menos de seis meses. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su crueldad inherente. La lucha contra una ejecución es difícil en los mejores momentos, pero la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo tuvieron que exponerse a riesgos considerables —y, sin embargo, absolutamente evitables— para la salud. El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”.

Las restricciones relacionadas con la COVID-19 tuvieron preocupantes repercusiones en el acceso a asistencia letrada y en el derecho a un juicio justo en varios países, entre ellos Estados Unidos, donde abogados y abogadas de la defensa dijeron que no habían podido realizar trabajo fundamental de investigación o reunirse en persona con sus clientes. 

Los cinco países que más ejecuciones llevaron a cabo 

China clasifica todas sus ejecuciones y condenas a muerte como secreto de Estado e impide el escrutinio independiente. Por tanto, las cifras de que dispone Amnistía Internacional sobre todas las ejecuciones de las que se ha tenido noticia no incluyen las llevadas a cabo en China. Sin embargo, se cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a este país en el verdugo más prolífico del año, por delante de Irán (+246), Egipto (+107), Irak (+45) y Arabia Saudí (27). Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí llevaron a cabo el 88% de todas las ejecuciones de que se tuvo conocimiento en 2020.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y se convirtió en el tercer país que más ejecuciones llevó a cabo en 2020. Al menos 23 de las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada. Se observó un repunte de las ejecuciones en octubre y noviembre, cuando las autoridades egipcias ejecutaron al menos a 57 personas (53 hombres y 4 mujeres).

Aunque las ejecuciones registradas en Irán siguieron estando por debajo de las de años anteriores, el país utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contravenía el derecho internacional.

Muchos países de la región de Asia y Oceanía siguieron violando el derecho y las normas internacionales que prohíben el uso de la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional. Pese a ello, se impuso la pena de muerte para delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán. En Bangladesh y Pakistán se impusieron condenas a muerte en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes de los empleados por los tribunales ordinarios. En Maldivas seguían condenadas a muerte cinco personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito.

Estados Unidos fue el único país de las Américas donde hubo ejecuciones en 2020. En julio, el gobierno de Trump llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años, y cinco estados ejecutaron a un total de siete personas.

Las ejecuciones alcanzan su cifra más baja en un decenio

En el mundo, se supo que al menos 483 personas habían sido ejecutadas en 2020 (sin contar a los países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam). Por escalofriante que resulte esta cifra, es el número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en al menos un decenio. Representa una disminución del 26% respecto a 2019, y del 70% desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015.

Según el informe, la disminución del número de ejecuciones se debió a una reducción en algunos estados retencionistas y, en menor medida, en algunas interrupciones de las ejecuciones producidas como respuesta a la pandemia.

Las ejecuciones registradas en Arabia Saudí disminuyeron un 85%, de 184 en 2019 a 27 en 2020, y se redujeron en más de la mitad en Irak, de 100 en 2019 a 45 en 2020. No se registraron ejecuciones en Bahréin, Bielorrusia, Japón, Pakistán, Singapur o Sudán, países que sí las habían llevado a cabo en 2019.

El número de condenas a muerte de las que se tuvo noticia que se habían impuesto en todo el mundo (al menos 1.477) también disminuyó un 36% respecto a 2019. Amnistía Internacional registró disminuciones en 30 de los 54 países en los que se supo que se habían impuesto condenas a muerte. Estas disminuciones parecían estar relacionadas en varios casos con retrasos y aplazamientos de los procedimientos judiciales, debidos a la respuesta a la pandemia.

Las excepciones notables fueron Indonesia, donde las condenas a muerte registradas en 2020 (117) aumentaron un 46% respecto a 2019 (80), y Zambia, que en 2020 impuso 119 condenas a muerte, 18 más que en 2019 y la cifra más alta registrada en el África subsahariana.

Es hora de abolir la pena de muerte

En 2020, Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla de acuerdo con el derecho internacional, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

“A pesar del afán de algunos gobiernos de seguir aplicando la pena capital, la imagen general de 2020 fue positiva. Chad abolió la pena de muerte, al igual que el estado estadounidense de Colorado, y el número de ejecuciones de que se tuvo noticia siguió disminuyendo, lo que situó al mundo más cerca de relegar a los libros de historia este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”, ha manifestado Agnès Callamard.

“Ahora que 123 Estados —más que nunca hasta el momento— apoyan la petición de la Asamblea General de la ONU de que se dicte una moratoria de las ejecuciones, crece la presión sobre los que se mantienen al margen para que sigan el ejemplo. Virginia se convirtió recientemente en el primer estado del sur de Estados Unidos que derogó la pena de muerte, mientras que, en el ámbito federal estadounidense, hay pendientes ante el Congreso varios proyectos de ley para abolirla. A medida que avanza el camino hacia la abolición mundial de la pena de muerte, pedimos al Congreso de Estados Unidos que apoye los esfuerzos legislativos por abolir la pena capital.

“Instamos a los dirigentes de todos los países que aún no han derogado esta pena que conviertan 2021 en el año en que pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todas partes, de una vez por todas”.