Mohammed al Qahtani está siendo castigado injustamente por su activismo pacífico y ni siquiera debería estar en la cárcel

Crecen los temores por la salud y el bienestar del defensor de derechos humanos encarcelado Mohammed al Qahtani, sometido al régimen de aislamiento desde que dio positivo en la prueba de COVID-19 en la prisión saudí de Al Hair; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Mohammad al Qahtani, cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA) —ya desarticulada, era una de las pocas organizaciones independientes de derechos humanos de Arabia Saudí—, está cumpliendo 10 años de prisión sólo por su activismo pacífico. Su esposa contó a Amnistía Internacional que su familia no ha tenido contacto con él desde que dio positivo en la prueba de COVID-19 hace 10 días.

“Al impedir que Mohammed al Qahtani se relacione con su familia, están bloqueando cruelmente su contacto con el mundo exterior en un momento en que comunicarse con sus seres queridos para tranquilizarlos sobre su salud y bienestar es aún más importante”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las autoridades de la prisión informaron a la esposa de Mohammed de que está sometido al régimen de aislamiento, pero eso no justifica su falta de contacto con el mundo exterior. Las medidas para combatir la COVID-19 que restringen los derechos de la población reclusa deben ser estrictamente necesarias, proporcionadas y limitadas en el tiempo, y no deben dar lugar en la práctica a reclusión en aislamiento ni a otras violaciones de derechos humanos.

“Mohammed al Qahtani está siendo castigado injustamente por su activismo pacífico y ni siquiera debería estar en la cárcel. “Las autoridades saudíes deben ponerlo en libertad de inmediato y sin condiciones. Y, hasta su liberación, deben asegurarse de que se le permite contactar con su familia sin más demora y recibe asistencia médica adecuada.”

En Arabia Saudí, la población reclusa está especialmente expuesta a contraer la COVID-19 debido al hacinamiento, la mala higiene y la falta de asistencia médica adecuada en varias prisiones del país. No obstante, en la de Al Hair, las autoridades penitenciarias han empezado a reunir información sobre qué reclusos quieren ser vacunados. Amnistía Internacional ha reiterado sus llamamientos a las autoridades saudíes para que descongestionen las cárceles, empezando por poner en libertad inmediata a todas las personas encarceladas sólo por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La última vez que se sabe que Mohammed al Qahtani tuvo contacto con su familia fue el 7 de abril, cuando se lo llevaron para someterlo a la prueba de COVID-19 ante la fiebre y los dolores corporales que padecía. Más tarde, el Ministerio de Salud informó a su esposa de que había dado positivo en la prueba. Las autoridades penitenciarias le comunicaron después que lo habían sometido a aislamiento.

Las restricciones de los derechos de las personas privadas de libertad, incluidas las visitas, deben reducirse al mínimo y ser estrictamente necesarias y proporcionadas a la emergencia sanitaria. Cuando las visitas se restringen por motivos relacionados con la salud, las autoridades penitenciarias deben poner el máximo empeño en reducir los efectos perjudiciales de la medida proporcionando suficientes alternativas a la población reclusa para que mantenga el contacto con la familia y el mundo exterior. Esto debe incluir la provisión de acceso libre y adecuado a servicios de teléfono, Internet y videoconferencia, así como la posibilidad de recibir comida y otras provisiones si procede.

Los temores por la seguridad de Mohammed al Qahtani han aumentado tras los informes recibidos de familiares de otros reclusos, según los cuales el número de casos de COVID-19 está aumentando rápidamente en la sección de la prisión donde está recluido. Las autoridades de la prisión no han hecho ningún anuncio oficial sobre el alcance de propagación de la enfermedad en la prisión de Al Hair.

En abril de 2020, Abdullah al Hamid, otro miembro fundador de ACPRA que había sido detenido junto con Mohammed al Qahtani, murió en la misma prisión al no recibir la asistencia médica que necesitaba. Un médico le había dicho que necesitaba cirugía cardiaca. Según había denunciado también, las autoridades de la prisión le habían dicho que no le permitirían contactar con familiares si les informaba sobre su estado.