Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo que se reformen las disposiciones pertinentes de la Ordenanza de Orden Público para ajustarlas a las obligaciones contraídas por Hong Kong en virtud del derecho internacional de los derechos humanos

En respuesta a las condenas de entre 8 y 18 meses de prisión impuestas hoy a nueve activistas en favor de la democracia de Hong Kong por haber participado en una protesta “no autorizada” en agosto de 2019, la directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Yamini Mishra, ha manifestado:

“El juicio, sentencia y condena injustos de estos activistas pone de relieve la intención del gobierno de Hong Kong de eliminar toda oposición política en la ciudad.

“Tras detener a la mayoría de las figuras más notables de la disidencia de Hong Kong aplicando la represiva ley de seguridad nacional, las autoridades están neutralizando ahora al resto de las voces críticas pacíficas valiéndose de cargos falsos relacionados con las protestas de 2019.

“Estas sentencias condenatorias constituyen una violación del derecho internacional, según el cual para organizar reuniones pacíficas y participar en ellas no hace falta el permiso previo del Estado. Tampoco el hecho de no haber notificado a las autoridades una reunión hace que sea ilegal participar en ella. Lo cargos contra este grupo de activistas son claramente insostenibles.

“Las autoridades de Hong Kong deben dejar de presentar cargos injustificados contra quienes han ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Todas las personas condenadas hoy deben ser puestas en libertad de inmediato, y su expediente tiene que borrarse.

Información complementaria

Esta mañana se ha condenado a entre 8 y 18 meses de prisión a nueve activistas en favor de la democracia por haber organizado una protesta “no autorizada” y participado en ella el 18 de agosto de 2019. Dos de estas personas, más otra que fue miembro del Consejo Legislativo, serán condenadas también a lo largo de hoy por su participación en otra manifestación del 31 de agosto de 2019.

Esas manifestaciones formaban parte de una serie de protestas multitudinarias provocadas por el denominado proyecto de Ley de Extradición que se había presentado ese año. A medida que se incrementaron la frecuencia y la magnitud de esas protestas en 2019, la policía de Hong Kong adoptó medidas más duras para restringir las reuniones públicas, desde revocar “notificaciones de conformidad” a marchas ya emitidas hasta prohibir completamente protestas alegando de “motivos de seguridad pública”.

Se calcula que, el 18 de agosto de 2019, participaron en una marcha pacífica 1,7 millones de personas, pese a la orden policial de limitarse a organizar una concentración fija en Victoria Park, cerca del centro de la ciudad.

El 31 de agosto de 2019, centenares de miles de personas volvieron a tomar las calles, a pesar de que la policía había prohibido totalmente la protesta y de que sus convocantes la habían suspendido. Esta última manifestación fue mayoritariamente pacífica, pero al final se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, algunos de los cuales lanzaron ladrillos y cócteles.

Tres de las personas condenadas hoy –el propietario de periódico Jimmy Lai y los ex legisladores Au Nok-Hin y Leung Kwok-hung– se enfrentan también a enjuiciamiento en aplicación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong, promulgada el 30 de junio de 2020 y utilizada sistemáticamente desde entonces para reprimir los derechos humanos.

Las otras personas condenadas son los ex legisladores y ex legisladoras y activistas Martin Lee, Lee Cheuk-yan, Leung Yiu-chung, Margaret Ng, Cyd Ho Sau-lan y Albert Ho Chun-yan.

Jimmy Lai y Lee Cheuk-yan, más el también activista Yeung Sum, podrían ser condenados esta tarde por la protesta del 31 de agosto.

Los cargos contra ellos están basados en la Ordenanza de Orden Público de Hong Kong, cuyas disposiciones y aplicación no se ajustan al derecho y las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho de reunión pacífica. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado reiteradamente su temor de que la aplicación del concepto de “reunión ilegal” a los manifestantes de Hong Kong viole sus derechos humanos.

Según los artículos 14 y 15 de la Ordenanza de Orden Público, para organizar una protesta es preciso conseguir una “notificación de conformidad” de la policía, que tiene la facultad de prohibir concentraciones públicas o imponer requisitos o condiciones para celebrarlas si “considera razonablemente que es necesario en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, el orden público o la protección de los derechos y libertades de terceros”.

El derecho internacional de los derechos humanos dispone que cualquiera que desee celebrar una manifestación debe poder hacerlo sin necesidad del permiso ni la autorización de las autoridades.

Amnistía Internacional lleva mucho tiempo pidiendo que se reformen las disposiciones pertinentes de la Ordenanza de Orden Público para ajustarlas a las obligaciones contraídas por Hong Kong en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.