Amnistía Internacional estima que, durante los 30 años de conflicto civil de Sri Lanka, desaparecieron más de 60.000 personas. Investigaciones consecutivas de la ONU han hallado denuncias creíbles de violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario por las dos partes, sobre todo durante la fase final del conflicto

La nueva resolución de la ONU sobre Sri Lanka es un importante paso adelante y devuelve a las víctimas de 30 años de conflicto civil del país la esperanza de obtener una justicia mucho tiempo esperada”, ha declarado Amnistía Internacional tras su adopción hoy por el Consejo de Derechos Humanos.

La resolución no sólo aumenta el control y el escrutinio internacionales de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, sino que además encarga a la oficina de derechos humanos de la ONU que recopile, consolide y conserve pruebas para enjuiciamientos futuros y formule recomendaciones a la comunidad internacional sobre las medidas que puede adoptar para que se haga justicia y se rindan cuentas.

“Esta es una medida significativa del Consejo de Derechos Humanos que indica un cambio en el enfoque de la comunidad internacional. Los años de respaldo y apoyo a Sri Lanka para que haga justicia en el ámbito nacional no han logrado nada. Esta resolución debe transmitir con claridad a los perpetradores de crímenes tanto del pasado como actuales el mensaje de que no pueden seguir actuando con impunidad”, afirmó Hilary Power, representante de Amnistía Internacional ante la ONU en Ginebra.

“Al mismo tiempo que es un primer paso importante, el impacto real de aumentar el control y los informes dependerá de que otros Estados miembros de la ONU usen la resolución como base para acciones concretas, incluidas investigaciones y enjuiciamientos en aplicación de la jurisdicción universal y una posible derivación a la Corte Penal Internacional”.

La resolución se adoptó en vista de lo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos calificó de “barreras infranqueables para que las víctimas accedan a la justicia” en el ámbito nacional y la “incapacidad y falta de voluntad” del gobierno para enjuiciar y castigar a los perpetradores de crímenes de derechos internacional.

La resolución llega tras los abrumadores informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amnistía Internacional y otras entidades, que condenaban la continua negativa de Sri Lanka a abordar crímenes históricos y expresaban alarma ante el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

Mientras se negociaba la resolución en Ginebra, Sri Lanka continuaba negando totalmente y rechazando las conclusiones y la legitimidad del informe de la ONU. Mientras tanto, en el país, las autoridades seguían demostrando la vigencia de los motivos de preocupación con la aprobación de nuevas normas contra las minorías.

“Instamos a Sri Lanka a que colabore de forma constructiva con la OACNUDH para implementar las recomendaciones del informe y permitir el acceso completo y sin trabas al país. De no hacerlo, el Consejo de Derechos Humanos podría tomar medidas más contundentes, como el establecimiento de un mecanismo independiente para la rendición de cuentas”, concluyó Hilary Power.

Información complementaria

La resolución de hoy fue adoptada en una votación a petición de China y Pakistán, y estaba encabezada por Alemania, Canadá, Malawi, Macedonia del Norte, Montenegro y Reino Unido.

En febrero de 2020, el gobierno de Sri Lanka se retiró de la histórica resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que había copatrocinado el gobierno anterior para promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el país.

Amnistía Internacional estima que, durante los 30 años de conflicto civil de Sri Lanka, desaparecieron más de 60.000 personas. Investigaciones consecutivas de la ONU han hallado denuncias creíbles de violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario por las dos partes, sobre todo durante la fase final del conflicto. Pueden encontrar más información aquí.

La resolución responde a un informe de la OACNUDH publicado en enero, en el que se advertía de que la persistente inacción a la hora de abordar crímenes históricos estaba dando paso a claras señales de alerta temprana del deterioro de la situación de los derechos humanos y un riesgo significativamente mayor de violaciones futuras, y formulaba recomendaciones concretas de “medidas preventivas” para el Consejo de Derechos Humanos, incluidos un mayor control e información, y la recopilación y conservación de pruebas, que encomienda esta resolución.

Con anterioridad al periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional había publicado una evaluación de la situación en Sri Lanka en la que se establecían claras expectativas de que el Consejo adoptase medidas concretas. Amnistía Internacional también dio a conocer un informe en febrero titulado Old ghosts in new garb: Sri Lanka’s return to fear, que detalla las renovadas medidas de represión de la disidencia por parte de las autoridades y la obstrucción de los esfuerzos para que se haga justicia por crímenes de la época del conflicto; en marzo, la organización dio a conocer una declaración sobre la preocupante tendencia al aumento de la marginación y los ataques a la comunidad musulmana de Sri Lanka.