Amnistía Internacional pide al gobierno de China que permita el acceso pleno y sin restricciones a Sinkiang de personal experto de la ONU, investigadores y periodistas independientes para investigar lo que está ocurriendo en la región

Las familias exiliadas de niños y niñas uigures internados en “orfanatos” estatales en la región china de Sinkiang describieron el suplicio que supone la separación en una nueva investigación publicada hoy por Amnistía Internacional.

La organización ha hablado con padres y madres que han perdido todo contacto con sus hijos e hijas —en algunos casos, de sólo 5 años— y no pueden regresar a China debido a la amenaza de ser enviados a un campo de internamiento para su “reeducación”.

“La implacable campaña de detenciones masivas de China en Sinkiang ha impuesto a las familias separadas una situación imposible: no se permite que los niños y niñas salgan del país, pero sus progenitores se enfrentan a persecución y detención arbitraria si intentan regresar a su lugar de origen para cuidarlos”, ha afirmado Alkan Akad, investigador sobre China de Amnistía Internacional.

“Los desgarradores testimonios de los padres y madres con los que hablamos son sólo la punta del iceberg de la magnitud del sufrimiento de las familias uigures separadas de sus hijos e hijas. El gobierno chino debe poner fin a sus despiadadas políticas en Sinkiang y garantizar que las familias pueden reunirse tan pronto como sea posible sin temor a ser enviadas a un campo de represión.”

Amnistía Internacional entrevistó a seis familias uigures exiliadas que residen actualmente en Australia, Canadá, Italia, Países Bajos y Turquía. Las familias, que salieron de China antes de la intensificación de la represión contra uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en 2017, no podían imaginar que se impediría a sus hijos e hijas reunirse con ellas.

Se calcula que, desde 2017, al menos un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente en Sinkiang, en los llamados centros de “transformación a través de la educación” o de “formación profesional”, donde se las somete a diversas formas de tortura y malos tratos, como el adoctrinamiento político y la asimilación cultural forzada.

“Es frecuente que las personas uigures que viven en el extranjero tengan dudas sobre si hablar públicamente sobre los abusos contra los derechos humanos que sufren ellas y sus familias, por temor a las repercusiones para sus familiares que están en China. A pesar de tales desafíos, estos padres y madres han decidido compartir públicamente sus historias con la esperanza de que esto les ayude a reunirse pronto con sus hijos e hijas, con la esperanza de que esto les ayude a reunirse pronto con sus hijos e hijas”, ha afirmado Alkan Akad.

Cuatro adolescentes emprenden un peligroso viaje en su intento de llegar a Italia

Mihriban Kader y su esposo Ablikim Memtinin huyeron de Sinkiang a Italia en 2016 tras sufrir hostigamiento por parte de la policía y presiones para que entregaran sus pasaportes.

Dejaron temporalmente a sus cuatro descendientes al cuidado de su abuelo y la abuela, pero poco después la abuela fue internada en un campo, mientras que el abuelo fue interrogado por la policía.

“El resto de nuestros familiares no se atrevieron a hacerse cargo del cuidado de mis hijos e hijas después de lo ocurrido a mi padre y mi madre”, explicó Mihriban a Amnistía Internacional. “Tenían miedo de que también los enviaran a campos”

Los tres de menor edad fueron enviados a un “campo de huérfanos”, instalaciones creadas en todo Sinkiang para alojar —adoctrinar— a niños y niñas cuyos padres y madres han sido internados en campos de adoctrinamiento, prisiones y otros centros de detención. La hija mayor fue ingresada en un internado con vigilancia y supervisión.

Mihriban y Ablikim no pudieron contactar con ellos desde Italia pero, en noviembre de 2019, recibieron permiso del gobierno italiano para llevar a sus hijos e hijas a vivir con ellos en ese país.

Los cuatro adolescentes s —de entre 12 y 16 años— cruzaron China solos hasta llegar al consulado italiano en Shanghái, pero fueron detenidos por la policía y enviados de vuelta al orfanato y el internado.

“Ahora mis hijos e hijas están en manos del gobierno chino, y no estoy segura de que pueda volver a verlos en toda mi vida”, dijo Mihriban. “Lo más doloroso es que, para mis hijos, es como si su padre y su madre no existieran ya; como si hubiéramos fallecido y fueran huérfanos.”

Otro caso es el de Omer y Meryem Faruh, que huyeron a Turquía a finales de 2016 tras exigirles la policía que entregaran sus pasaportes. Dejaron a las dos hijas pequeñas, de 5 y 6 años, con el abuelo y la abuela, porque aún no tenían documentos de viaje propios. Omer y Meryem descubrieron más tarde que sus familiares habían sido internados en campos, y no han recibido información alguna sobre sus hijos desde entonces.

“No oímos sus voces desde hace al menos 1.594 días”, dijo Omer a Amnistía Internacional. “Mi esposa y yo no hacemos más que llorar por la noche, intentando ocultar nuestra pena a las niñas que ya están aquí con nosotros.”

El acceso de observadores de los derechos humanos es vital

Alkan Akad ha afirmado que: “La tragedia de la separación familiar en Sinkiang pone de manifiesto la inhumanidad de los intentos de China de controlar y adoctrinar a la población uigur y otros grupos étnicos musulmanes en nombre de la “lucha contra el terrorismo”.

“China debe poner fin a las medidas que restringen los derechos de todas las minorías musulmanas a entrar y salir libremente del país. Debe cerrar todos los “campos de reeducación” de carácter político, y poner en libertad a las personas detenidas de forma inmediata, incondicional y sin perjuicio”.

Amnistía Internacional pide al gobierno de China que permita el acceso pleno y sin restricciones a Sinkiang de personal experto de la ONU, investigadores y periodistas independientes para investigar lo que está ocurriendo en la región.

Mientras tanto, la organización insta a otros gobiernos a hacer cuanto esté a su alcance para garantizar que las poblaciones uigur, kazaja y otras minorías étnicas chinas que residen en sus respectivos países reciben ayuda para tratar de localizar, contactar y reunirse con sus hijos e hijas.