“La pasividad de los gobiernos a la hora de proteger de manera adecuada a las mujeres contra la violencia de género y de combatir la impunidad ha perpetuado esa forma de abuso. Para empezar, las autoridades deben condenar públicamente todas las formas de violencia de género y desmantelar las estructuras que facilitan esos abusos, tales como la tutela masculina,” asegura Heba Morayef

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha resaltado cómo, a pesar de las limitadas reformas acometidas, las mujeres de la región de Oriente Medio y Norte de África siguen soportando una arraigada discriminación y sufriendo actos de violencia a diario, mientras, lamentablemente, los gobiernos se abstienen de tomar medidas para acabar con las detenciones arbitrarias, los secuestros, los asesinatos, los llamados homicidios “en nombre del honor” y otras formas de violencia de género.

Últimamente, tras el estallido de la pandemia de COVID-19 algunos países han informado de un incremento en el número de casos de violencia de género intrafamiliar y de llamadas a líneas de asistencia telefónica, debido a los prolongados encierros domiciliarios que han llevado consigo los confinamientos y los toques de queda.

“En la región de Oriente Medio y Norte de África, las mujeres y las niñas siguen viendo sus vidas destrozadas por la realidad diaria de la violencia, tanto en el hogar como en la calle. La violencia de género era ya motivo de preocupación constante en toda la región, pero el marcado aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos de la COVID-19 ha tenido consecuencias desastrosas”, afirma Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“A lo largo de los últimos años, aunque las personas que defienden los derechos de las mujeres en la región han ganado importantes batallas que se han traducido en tímidos avances en los derechos de las mujeres —sobre todo, reformas legislativas, con la derogación de leyes discriminatorias—, ese progreso se ha visto ensombrecido por la actuación de los gobiernos, que contribuyen a la violencia de género o, como mínimo, la toleran, lo cual sigue teniendo un efecto devastador sobre la vida de las mujeres”.

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los ya graves peligros a los que se enfrentaban las mujeres de la región, con lo que en algunos países —como Argelia, Irak, Jordania, Marruecos y Túnez— las organizaciones de derechos de las mujeres, las líneas de asistencia telefónica y los refugios para sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar han constatado un aumento en el número de llamadas de socorro o de casos de violencia de género registrados.

En Argelia, el Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Infancia registró, al menos, 39 casos de asesinato o de “agresión y palizas deliberadas” con resultado de muerte durante el confinamiento de la COVID-19, aunque los grupos de derechos de las mujeres aseguran que la cifra real es, probablemente, superior.

La violencia de género sigue siendo endémica

Durante los últimos años, algunos países de Oriente Medio y Norte de África han experimentado tímidos avances legislativos e institucionales en relación con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Arabia Saudí se ha reformado, con mucho retraso, el discriminatorio sistema de tutela masculina y se ha revocado la prohibición de conducir para las mujeres, mientras que en Túnez se ha establecido un mecanismo de denuncia para sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar, y en Jordania se ha abierto un refugio para las mujeres amenazadas de los conocidos como “delitos en nombre del honor”.

En el Magreb, se han aprobado disposiciones jurídicas para combatir la violencia contra las mujeres, incluida una emblemática ley aprobada en 2017 en Túnez para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia de género.

Sin embargo, estos avances se han visto ensombrecidos por la violencia y la discriminación que sufren constantemente las mujeres —sobre todo en cuestiones de matrimonio, herencia y custodia de hijos e hijas—, y han sido menoscabados, además, por la deficiente aplicación de las reformas y por la continua negación de participación activa a las mujeres.

Se han seguido registrando los conocidos como “homicidios en nombre del honor” en Irak, Irán, Jordania, Kuwait y las comunidades palestinas de Israel y Palestina, donde las autoridades se han abstenido de procesar a los perpetradores y de abordar las discriminatorias leyes y normas de género subyacentes, que permiten que esa violencia prolifere. En varios países, las defensoras de los derechos humanos han sido amenazadas —de violación, entre otras cosas—, intimidadas, limitadas en sus desplazamientos o, incluso, agredidas y asesinadas por agentes estatales y no estatales, que han intentado silenciarlas así.

En Libia, las mujeres y las niñas han sufrido agresiones físicas, secuestros, asesinatos y violencia sexual, así como campañas de desprestigio y abusos online, a manos de milicias y grupos armados. Recientemente, en noviembre de 2020, la abogada libia Hanan al-Barassi murió abatida a tiros en Bengasi tras haber criticado la corrupción de ciertas personas vinculadas a grupos armados del este de Libia.

Asimismo, en Irak, hombres armados mataron a tiros a Reham Yacoub, activista conocida por haber organizado actos de protesta en Basora en agosto de 2020.

En Egipto, gracias a una campaña online contra el acoso y la violencia sexual realizada por una serie de jóvenes feministas, varios hombres acusados de violación fueron detenidos en agosto de 2020. Sin embargo, pese a haber aprobado las autoridades egipcias una disposición legal que permite a la fiscalía garantizar el anonimato a las sobrevivientes de violencia sexual, se ha seguido deteniendo y procesando a sobrevivientes y testigos que han declarado en causas judiciales similares o que han denunciado la violencia sexual.

En 2020, al menos nueve influencers de las redes sociales fueron procesadas, acusadas de “violar principios familiares” debido a unos vídeos publicados en TikTok. Además, los medios de comunicación progubernamentales han llevado a cabo una agresiva campaña de desprestigio contra las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y quienes las apoyan.

En Irán, la policía “de la moral” ha seguido imponiendo el cumplimiento de discriminatorias y degradantes leyes de uso obligatorio del velo, y sometiendo a diario a las mujeres y las niñas a acoso y agresiones.

Los derechos de las sobrevivientes, vulnerados

Las mujeres que dan el paso de denunciar abusos se encuentran con grandes obstáculos a la hora de acceder a la justicia. En Libia, pueden ser detenidas por “adulterio” y, entre la población refugiada y migrante, las mujeres no se atreven a acercarse a la policía, por temor a ser detenidas y deportadas. En Jordania, algunas mujeres han manifestado su temor a ser recluidas en albergues si denuncian actos de violencia en su contra. Pese a las reformas, en Arabia Saudí el sistema de tutela masculina continúa permitiendo a los varones tutores perpetuar la violencia contra las mujeres, que no están protegidas frente a la violencia sexual y física. Por ejemplo, las mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar siguen necesitando el permiso del varón tutor para salir de los albergues.

Aunque algunos países han revocado disposiciones jurídicas que permitían a los violadores evitar ser procesados si se casaban con sus víctimas, ese tipo de leyes se mantienen en varios países de la región de Oriente Medio y Norte de África.

“La pasividad de los gobiernos a la hora de proteger de manera adecuada a las mujeres contra la violencia de género y de combatir la impunidad ha perpetuado esa forma de abuso. Para empezar, las autoridades deben condenar públicamente todas las formas de violencia de género y desmantelar las estructuras que facilitan esos abusos, tales como la tutela masculina,” asegura Heba Morayef.  

“Además, deben garantizar la protección de los derechos de las sobrevivientes, que éstas puedan acceder de manera segura a la justicia y que los perpetradores rindan cuentas. Es preciso que las sobrevivientes puedan acceder a albergues, asistencia psicosocial y servicios jurídicos y de otros tipos adecuados”.