“Las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad”, dijo Guevara Rosas

En respuesta a reportes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que da cuenta de que al menos 79 personas privadas de libertad perdieron la vida en hechos de violencia registrados en los Centros de Privación de la Libertad de Guayas No. 4 (31 personas fallecidas), Guayas No. 1 (6 personas fallecidas), Cotopaxi No. 1 (8 personas fallecidas) y Azuay No. 1 (34 personas fallecidas), en el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La violencia registrada el día de ayer, cuyas causas y actores deben determinarse judicialmente, se produce en un contexto de ausencia de políticas públicas que aborden los problemas estructurales de los centros penitenciarios del Ecuador, incluyendo el hacinamiento, el abandono y la ausencia de respeto y garantía de los derechos humanos de la población carcelaria”.

De acuerdo con el director del SNAI, Edmundo Moncayo, alrededor de 800 servidores policiales intervinieron en el control de la violencia en los centros de privación de la libertad. 

“Las autoridades ecuatorianas no pueden eludir su responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas, lo cual solo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de la libertad”, dijo Guevara Rosas. “Las autoridades deben rendir cuentas de lo ocurrido en los centros penitenciarios y la Fiscalía General del Estado debe investigar los hechos de manera independiente y exhaustiva, con la debida diligencia, a fin de determinar las responsabilidades penales individuales, si las hubiere, y civiles, según corresponda”.