Laith Abu Zeyad fue una de las personas detenidas arbitrariamente y torturadas por las fuerzas de seguridad palestinas en junio de 2018, durante la represión de una manifestación organizada por activistas palestinos en Ramala

Amnistía Internacional ha presentado hoy una nueva petición para que se anule la cruel prohibición de viajar impuesta por las autoridades israelíes a un miembro de su personal, Laith Abu Zeyad, responsable de campañas y palestino residente en la Cisjordania ocupada.

El 1 de febrero de 2021, Amnistía tuvo conocimiento de que el Tribunal de Distrito de Jerusalén había desestimado la petición presentada por la organización en noviembre de 2020 y aceptado la información secreta de la Oficina de Coordinación de las Actividades en los Territorios (COGAT), una unidad del Ministerio de Defensa israelí.

Laith Abu Zeyad está sometido desde octubre de 2019 a una prohibición de viajar al extranjero impuesta por las autoridades israelíes por “razones de seguridad” no especificadas.

“Israel impide desde hace ya más de un año el acceso de Laith Abu Zeyad a nuestra oficina en el Jerusalén Oriental ocupado y le prohíbe viajar a otros países por motivos laborales o personales. La prohibición le impidió estar con su madre en el hospital antes del fallecimiento de ésta. Esto no es ni más ni menos que un ataque selectivo que revela la escalofriante extensión de las medidas de Israel para silenciar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones críticas con el trato que dispensa a la población palestina que vive en la Cisjordania ocupada”, ha afirmado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Cuando las autoridades israelíes sostienen que Laith Abu Zeyad representa una amenaza para la seguridad, se trata de afirmaciones que carecen de todo fundamento y se basan en información secreta en poder de la Agencia de Seguridad de Israel a las que ni él ni su abogado tuvieron acceso. Esta situación kafkiana que viola descaradamente las normas sobre juicios con garantías ha sido aceptada sin objeciones por los tribunales israelíes. Esta opresión no puede continuar, y debe ser condenada por la comunidad internacional en los términos más categóricos.”

“Los persistentes intentos de Israel de castigar a Laith Abu Zeyad por su trabajo de derechos humanos constituyen una flagrante violación de sus derechos. Las autoridades israelíes están decididas a obstruir su labor, pero se equivocan si creen que este asunto pasará sin más. Seguiremos cuestionando esta absurda prohibición contra nuestro colega y amigo y poniendo de relieve las violaciones de derechos humanos que se cometen en los Territorios Palestinos Ocupados.

Información complementaria

En septiembre de 2019, Laith Abu Zeyad solicitó un permiso humanitario en el puesto de control militar de Al Zaytuna (Hazatem), cercano a Jerusalén, para acompañar a su madre a recibir tratamiento médico en la ciudad. Su solicitud fue denegada el mismo día por “razones de seguridad”, sin mayor explicación.

En diciembre de 2019 se prohibió a Laith Abu Zeyad visitar a su madre, que padecía cáncer, en un hospital cercano de Jerusalén, por lo que no tuvo la oportunidad de verla antes de su muerte.

En mayo de 2020 se celebró ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén la vista de la petición de Amnistía para que se levantara la ilegal prohibición de viajar, pero el juez aceptó la alegación infundada de la Agencia de Seguridad de Israel de que Laith Abu Zeyad constituye un riesgo para la seguridad, con lo que de hecho refrendó la prohibición. Se negó a Laith Abu Zeyad un permiso especial para asistir a su vista pero estuvo representado por su abogado, Tamir Blank. La información en su contra que las autoridades presentaron al tribunal se mantuvo en secreto y no pudo ser impugnada. Su representación letrada y personal observador de Amnistía Internacional y de misiones diplomáticas fueron obligados a ausentarse de la sala mientras las autoridades presentaban al juez la información secreta.

Laith Abu Zeyad fue una de las personas detenidas arbitrariamente y torturadas por las fuerzas de seguridad palestinas en junio de 2018, durante la represión de una manifestación organizada por activistas palestinos en Ramala.