El sistema judicial de Libia sigue siendo disfuncional e inefectivo, y tanto los miembros de la judicatura como los de las fiscalías corren el riesgo de ser asesinados y secuestrados por hacer su trabajo

“Una década después del derrocamiento de Muamar al Gadafi, aún no se ha hecho justicia a las víctimas de crímenes de guerra y violaciones graves de derechos humanos como homicidios ilegítimos, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado y secuestros cometidos por milicias y grupos armados”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las autoridades libias promueven y legitiman a líderes de milicias que son responsables de atroces abusos en lugar de garantizar la rendición de cuentas y la reparación por las violaciones de derechos cometidas tanto después de la caída de Gadafi como durante su régimen.

Las protestas que empezaron en febrero de 2011 fueron respondidas con violencia y se convirtieron rápidamente en un conflicto armado en toda regla que, tras una campaña aérea de la OTAN, desembocó en la muerte de Gadafi. Desde entonces, Libia está sumida en el desgobierno y la impunidad por crímenes de guerra cometidos por milicias y grupos armados rivales. Los sucesivos gobiernos libios han prometido defender el Estado de derecho y respetar los derechos humanos, pero uno tras otro han sido incapaces de poner freno a los perpetradores.

“Durante una década, se han sacrificado la rendición de cuentas y la justicia en Libia en aras de la paz y la estabilidad. No se ha logado ninguna de las dos. En cambio, los responsables de violaciones de derechos gozan de impunidad e incluso se han integrado en instituciones del Estado y son tratados con deferencia”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“A menos que los responsables de las violaciones comparezcan ante la justicia en lugar de ser recompensados con puestos de poder, no cesarán la violencia, el caos y los abusos sistemáticos contra los derechos humanos y el sufrimiento sin fin de la población civil que caracterizan la Libia pos-Gadafi”.

Desde 2014, Libia está fragmentada entre dos entidades rivales que compiten por la legitimidad, el gobierno y el control territorial. Las conversaciones auspiciadas por la ONU desembocaron en el anuncio de un nuevo gobierno de unidad el 6 de febrero, que tiene la tarea de convocar elecciones nacionales en el país este año.

“Pedimos a las partes en el conflicto de Libia y al gobierno de unidad entrante que garanticen que no se nombra a presuntos autores de crímenes de derecho internacional para ocupar puestos en los que pueden seguir cometiendo abusos y perpetuar la impunidad. Las personas acusadas de crímenes de guerra deben ser suspendidas de puestos de autoridad en espera del resultado de unas investigaciones independientes y efectivas”, dijo Diana Eltahawy.

Ascendido líder de milicia responsable de homicidios ilegítimos y tortura

Desde la caída de Gadafi, los sucesivos gobiernos han integrado a las milicias en el Ministerio de Defensa o en el de Interior o como entidades separadas dependientes de la presidencia, y las han incluido en la nómina oficial.

En enero, el Consejo Presidencial del Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli nombró a Abdel Ghani al Kikli, líder de la milicia Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim conocido también como Gheniwa, director de una nueva entidad denominada Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, que responde directamente a la presidencia.

Gheniwa es uno de los líderes de milicias más poderosos de Trípoli desde 2011, en uno de sus barrios más populosos, Abu Salim.

En su nuevo cargo, Gheniwa y su agencia tendrán poderes amplios —e imprecisos— que incluyen responsabilidades de aplicación de la ley, como la detención de personas en casos de “seguridad nacional”. No obstante, Amnistía Internacional ha documentado crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por fuerzas bajo su mando en los últimos 10 años.

En 2013 y 2014, el equipo de investigación de Amnistía Internacional halló que personas detenidas por las fuerzas de seguridad controladas por Gheniwa habían sido sometidas a secuestro, tortura y otros malos tratos, y en algunos casos habían muerto bajo custodia. La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) llegó a preocupantes conclusiones similares sobre muertes bajo custodia a causa de torturas; por su parte, el Grupo de Expertos sobre Libia también informó de ataques contra civiles de estas fuerzas.

El Gobierno de Acuerdo Nacional ya había dado legitimidad y salarios a la milicia de Gheniwa en 2016, al integrarla en su Ministerio del Interior, facilitando aún más los homicidios ilegítimos, secuestros y torturas, incluida la violencia sexual contra detenidas.

Según el derecho internacional, un mando militar puede ser responsable de los crímenes que cometan sus subordinados si tiene o debería haber tenido conocimiento de ellos y no los previene o los castiga.

Impunidad generalizada

Gheniwa y sus fuerzas de Abu Salim no son los únicos a quienes se recompensa a pesar de su nefasto historial en materia de derechos humanos. Haitham al Tajouri, que dirigía la milicia denominada Brigada de Revolucionarios de Trípoli, implicada en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura, fue nombrado adjunto de Gheniwa en enero de 2021.

En Trípoli, las Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada), bajo el mando de Abdel Raouf Kara, fueron integradas en el Ministerio del Interior en 2018 y, en septiembre de 2020, el Gobierno de Acuerdo Nacional las trasladó bajo la responsabilidad del Consejo Presidencial. Amnistía Internacional y otras organizaciones, incluida la ONU, han documentado la participación de Rada en secuestros, desapariciones forzadas, torturas, homicidios ilegítimos, trabajo forzoso, ataques contra el derecho a la libertad de expresión y ataques a mujeres y a la comunidad LGBTQ+.

En septiembre de 2020, el Gobierno de Acuerdo Nacional ascendió también a Emad al Trabulsi, que dirigía la milicia “Seguridad Pública”, a director adjunto de inteligencia a pesar de la implicación de esta milicia en crímenes contra personas migrantes y refugiadas, incluidas desapariciones forzadas.

Los sucesivos gobiernos tampoco han hecho comparecer ante la justicia a miembros de las milicias con sede en Misrata responsables de crímenes de guerra, incluidos ataques contra civiles como el que se llevó a cabo en 2011 contra la localidad de Tawergha, que provocó el desplazamiento forzado de alrededor de 40.000 personas. Estas milicias con sede en Misrata también han sometido a sus habitantes a detenciones arbitrarias generalizadas, homicidios ilegítimos, tortura —a veces con resultado de muerte— y desaparición forzada.

Las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), grupo armado que controla la mayoría del este y el centro de Libia, no sólo no ha detenido a Mahmoud al Werfalli, líder de una milicia buscado por la Corte Penal Internacional por el asesinato de 33 personas, sino que lo ha ascendido a teniente de la Brigada Saiqa. Varias personas más contra las cuales la Corte Penal Internacional ha dictado orden de arresto como presuntos autores de crímenes de lesa humanidad o sometidas a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por su papel en la trata de personas, siguen en libertad o incluso han combatido junto con el Gobierno de Acuerdo Nacional o las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Las LAAF también han seguido dando refugio a líderes de la Novena Brigada, conocida como “fuerzas de Al Kaniat”, a pesar de su implicación en asesinatos masivos y en el enterramiento de cadáveres en fosas comunes, torturas y secuestros en la ciudad de Tarhuna.

Además, también hay terceros países que continúan dificultando la rendición de cuentas. Por ejemplo, Egipto siguió dando refugio al jefe de seguridad de la era Gadafi, Al Tuhamy Khaled, hasta su muerte en febrero de 2021. Turquía, Rusia, EAU y Egipto están implicados en la violación del embargo de armas de la ONU a Libia.

En junio de 2020, con el respaldo del Gobierno de Acuerdo Nacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecía una misión de investigación sobre los abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes en el conflicto en Libia.

“La rendición de cuentas debe ser un elemento central del proceso político en Libia. Todas las partes en el conflicto deben eliminar de sus filas a todas las personas razonablemente sospechosas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos y cooperar plenamente con la Misión de Investigación de la ONU. La comunidad internacional debe también garantizar que la Misión cuenta con suficientes recursos, apoyo administrativo y tiempo para completar su labor”, concluyó Diana Eltahawy.

La impunidad está profundamente arraigada desde hace 10 años. Una ley de 2012 dio la inmunidad procesal general a los miembros de milicias por actos cometidos con el fin de “proteger la Revolución del 17 de febrero”. El sistema judicial de Libia sigue siendo disfuncional e inefectivo, y tanto los miembros de la judicatura como los de las fiscalías corren el riesgo de ser asesinados y secuestrados por hacer su trabajo.

La rendición de cuentas también continúa sin concretarse para los delitos cometidos bajo el régimen de Gadafi, como la masacre de reclusos de la prisión de Abu Salim de 1996. Los esfuerzos para pedir cuentas a autoridades de la era Gadafi se vieron empañados por graves infracciones de las garantías procesales, torturas y otros malos tratos, y desapariciones forzadas.