El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad

El 10 de febrero, los presos de conciencia y miembros del personal de Azul Positivo, ONG médica y humanitaria que trabaja en Zulia (oeste de Venezuela), fueron puestos en libertad condicional. Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz siguen acusados ​​de delitos económicos y “asociación para delinquir”, y deben presentarse ante el tribunal cada 30 días. Amnistía Internacional considera que su procesamiento está basado únicamente en el trabajo humanitario que realiza Azul Positivo, la ONG para el que trabajan. Son presos de conciencia y su puesta en libertad debe ser incondicional.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo 

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

AV. Norte 10, Caracas 1012,

Distrito Capital

Venezuela

Tel: +58212-8063111

Gorjeo: @NicolasMaduro

Señor Nicolás Maduro:

Recibió con gran consternación las noticias sobre la continua interposición de acciones judiciales contra los miembros de la sociedad civil y trabajadores humanitarios de Azul Positivo.

Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra

Raydan, y Luis Ferrebuz son presos de conciencia y su puesta en libertad debe ser incondicional, y no estar sujeta a cargos penales y restricciones de su libertad.

El trabajo de Azul Positivo como organización humanitaria es admirable y muy necesario en Venezuela. Su labor debe garantizarse, protegerse y celebrarse, no criminalizarse.

Le pido que garantice el final inmediato e incondicional del procesamiento de todo el personal de Azul Positivo, y acabe con el hostigamiento, el procesamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas de Venezuela.

 Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Azul Positivo es una organización no gubernamental humanitaria que, desde 2004, trabaja para promover la inclusión, el conocimiento y el tratamiento de los pacientes VIH positivo, así como cuestiones transversales tales como las enfermedades de transmisión sexual, la diversidad y la violencia sexual. Desde 2006 ha desarrollado proyectos comunitarios en diversos pueblos y ciudades del estado de Zulia (oeste de Venezuela). Mediante su trabajo ha contribuido a la labor de entidades estatales de salud pública, como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el Programa Regional VIH/SIDA y el Ministerio para la Salud. También ha sido aliada de agencias de las Naciones Unidas tales como ONUSIDA, el ACNUR y UNFPA, implementando proyectos sobre salud sexual y reproductiva en la frontera con Colombia.

El 12 de enero de 2021, hacia las once y media de la mañana, una comisión de al menos 15 miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acudió a la sede de la organización de la sociedad civil Azul Positivo, ubicada en el centro comercial de Aventura, en la ciudad de Maracaibo, para llevar a cabo un presunto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de ayuda humanitaria que la organización lleva a cabo en diversas comunidades del estado de Zulia.

Durante más de seis horas, los directores de la organización y varios miembros del equipo permanecieron retenidos en las oficinas y fueron interrogados sobre su trabajo humanitario. Pasado ese tiempo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan, todos ellos civiles, fueron llevados a la jefatura de la DGCIM, sin que en ningún momento tuvieran acceso a asistencia letrada. Más tarde, ese mismo día, otro trabajador de Azul Positivo, Luis Ferrebuz, fue detenido en su casa por soldados de la DGCIM. Miguel Guerra fue puesto en libertad posteriormente.

El 14 de enero, los cinco detenidos fueron conducidos ante un tribunal civil ordinario y acusados formalmente de cargos falsos, específicamente de adquisición ilegítima de bienes y servicios, blanqueo de dinero y asociación para delinquir. Este ataque contra Azul Positivo llega en un momento de intensa estigmatización y hostigamiento del gobierno contra otras organizaciones de la sociedad civil, con especial hincapié en la financiación internacional que reciben. Azul Positivo tiene una trayectoria de más de 15 años de trabajo humanitario respetado, fiable y eficaz, y ha adquirido prestigio entre las organizaciones de ayuda internacional y las entidades y personas activistas locales.

El 10 de febrero, los cinco presos fueron puestos en libertad condicional, sujetos a restricciones indebidas a su libertad, entre ellas los cargos penales a los que se enfrentan y la obligación de presentarse ante el tribunal cada 30 días. Su libertad condicional se ha producido tras las reacciones de indignación internacional generalizada por este caso, entre las que destaca el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

El gobierno de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una política de represión y ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que ha obligado a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero. Hasta diciembre de 2020, más de 5,4 millones de personas habían huido del país.

Todos estos sucesos no son hechos aislados. Desde principios de enero, la sociedad civil de Venezuela ha informado de una nueva oleada de represión contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, centrada principalmente en criminalizar la cooperación internacional. Esta nueva serie de ataques de represión también ha afectado a medios de comunicación independientes.

El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 25 de marzo de 2021

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Personal de Azul Positivo (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/3547/2021/es/