Según organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos los agentes de policía han sido acusados de desestimar las denuncias por violencia de género, por considerarlas problemas familiares y no delitos. Otro de los factores que se señalan como causa de los bajos niveles de denuncia es el estigma que rodea a la violencia sexual

Durante los confinamientos decretados en los países de la región de África Austral por la pandemia de COVID-19, algunos hogares de la región se han convertido en focos de crueldad, violaciones y violencia para aquellas mujeres y niñas que se han visto atrapadas con familiares maltratadores sin poder denunciarlo ni escapar para ponerse a salvo, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

Los nocivos estereotipos de género arraigados en las normas sociales y culturales, que determinan que la mujer debe someterse siempre al varón o que un hombre que golpea a su mujer lo hace porque la quiere, han dado lugar a un incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue. Como explicaba una activista en Mozambique, “se enseña a las niñas que los maridos tan solo pegan a sus esposas si las quieren”.

El informe de Amnistía Internacional, “Treated like furniture: Gender-based violence and COVID-19 response in Southern Africa” (Tratadas como muebles. Violencia de género y la respuesta a la COVID-19 en África Austral), revela también que las mujeres y niñas que se atreven a denunciar la violencia se arriesgan a sufrir el rechazo social que genera no ajustarse a los roles asignados a cada género. Además, cuando alzan la voz, las autoridades no se toman en serio sus denuncias.

“La pandemia de COVID-19 ha contribuido a intensificar la violencia de género contra las mujeres y las niñas en la región de África Austral. Asimismo, ha magnificado los problemas estructurales existentes, como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia, los elevados índices de desempleo, y las deficiencias sistemáticas de la justicia penal”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Las medidas de confinamiento han impedido que las mujeres pudiesen escapar de sus parejas maltratadoras, o abandonar sus hogares en busca de protección. En toda África Austral, las mujeres que han sufrido violencia de género han tenido dificultades para denunciar los abusos, ya que tanto las propias mujeres como las organizaciones que trabajan para ofrecerles protección y apoyo no se consideraban un “servicio esencial”, y por lo tanto han tenido que hacer frente a estrictas restricciones a su libertad de circulación, lo cual ha hecho que desistiesen de denunciar”.

El informe ha documentado la violencia de género en cinco países, entre los que destacan Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, cuyas medidas para para controlar la propagación de la COVID-19 no han tenido en cuenta los servicios de apoyo a mujeres y niñas sometidas a actos de violencia y abusos.

Violación, palizas y homicidios durante el confinamiento

La violencia contra las mujeres en los países de la región se disparó tras solo unas semanas de confinamiento. Durante la primera semana de confinamiento, el Servicio de Policía de Sudáfrica informó de que había recibido 2.300 llamadas de ayuda por violencia de género. A mediados de junio de 2020, 21 mujeres, niños y niñas habían muerto a manos de sus parejas.

Un caso emblemático es el brutal asesinato de Tshegofatso Pule, de 28 años, que desapareció el 4 de junio y fue encontrada cuatro días después, apuñalada y colgada de un árbol en Johannesburgo, cuando estaba embarazada de ocho meses.

En Mozambique, las organizaciones de la sociedad civil han recibido un número inusualmente elevado de casos de violencia de género en el ámbito familiar tras el inicio del estado de emergencia, en marzo de 2020. En uno de los casos, un hombre mató a su mujer y después se quitó la vida el día 6 de junio en el distrito de Matola, en la provincia de Maputo. 

También resulta sobrecogedor el caso de robo, violación y asesinato de una trabajadora del Hospital Central de Maputo al volver a su casa, tarde por la noche debido a la escasez de transporte público a causa de las restricciones por el estado de emergencia, el 31 de mayo de 2020.

En Zimbabue, una organización que ofrece protección a las supervivientes de violencia de género en el ámbito familiar documentó 764 casos de este tipo de violencia durante los once primeros días de confinamiento nacional. El 13 de junio de 2020, la cifra ya alcanzaba los 2.768 casos.

María* (nombre ficticio), de Zimbabue, fue expulsada violentamente de su casa por su marido, que se había mudado con su amante durante el confinamiento.

En Madagascar, el incremento de la pobreza generado por el confinamiento ha sido uno de los principales factores del aumento de la violencia de género durante el periodo de confinamiento. Las mujeres y las niñas se han empobrecido y la dependencia económica de sus parejas maltratadoras ha aumentado, de manera que están más expuestas a sufrir abusos.

Según las estadísticas oficiales de la policía, Zambia es el único país que ha registrado una ligera disminución de la violencia de género durante el confinamiento, en comparación con el mismo periodo de 2019. Los casos de violencia de género en este país se redujeron en un 10% durante el primer trimestre de 2020, lo cual puede deberse a que las mujeres no tenían manera de pedir ayuda, y no tanto a la disminución de los casos. Sin embargo, la ONG Young Women's Christian Association (Asociación de Jóvenes Cristianas) registró un repunte de los casos de violencia sexual durante el primer trimestre de 2020.

Obstáculos para la justicia

El informe identifica varios obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas y sobrevivientes de violencia de género en África Austral, como por ejemplo la falta de confianza en el sistema de justicia penal, y el trauma secundario que sufren a manos de las autoridades, incluyendo la policía, y en los servicios de salud cuando van a denunciar su caso.

Estos obstáculos se han puesto aún más de relieve durante la pandemia de COVID-19. En Sudáfrica, por ejemplo, la opinión pública ha mostrado su indignación por el incumplimiento institucional en la administración de justicia para las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de violencia de género, a pesar de que la ley de violencia doméstica de 1998 establece explícitamente que las víctimas pueden emprender acciones penales contra los agresores.

Natasha* (nombre ficticio), sobreviviente de violación, cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado porque “la policía no se toma suficientemente en serio a las víctimas de violencia de género cuando van a denunciar su caso”.

El Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales de Sudáfrica, Ronald Lamola, ha reconocido en la radio, en junio de 2020, las carencias de un sistema que suele fallar a las víctimas de violencia de género.

En Mozambique, cuando se presenta una denuncia por violencia de género, la policía está obligada a abrir una investigación. Sin embargo, al igual que en Sudáfrica, la mayoría de las víctimas son reticentes a dar ese paso debido a la presión social para aguantar la violencia de género en el ámbito familiar, o bien por su dependencia económica del agresor, y la falta de confianza en el sistema de justicia penal.

Según organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos los agentes de policía han sido acusados de desestimar las denuncias por violencia de género, por considerarlas problemas familiares y no delitos. Otro de los factores que se señalan como causa de los bajos niveles de denuncia es el estigma que rodea a la violencia sexual.

“A muchas personas en África Austral les resulta sorprendente que el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19 fuesen sus propios hogares. Es sencillamente injustificable. Los y las dirigentes de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) deben garantizar que la prevención y protección de las mujeres frente a la violencia de género en el ámbito familiar es un componente esencial de las respuestas nacionales de sus países, tanto a la pandemia como a otras emergencias”, ha declarado Deprose Muchena.

“Los Estados deben garantizar que las mujeres y las niñas siguen teniendo acceso a protección policial y a la justicia, así como a albergues y otros servicios de apoyo que les permitan escapar de la lacra de la violencia de género”.