Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante

Las autoridades iraníes deben detener de inmediato cualquier plan de ejecutar a ocho hombres —cuatro baluchis y cuatro árabes ahwazíes— ante el alarmante aumento de las ejecuciones de presos pertenecientes a minorías étnicas en los últimos dos meses; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La comunidad internacional, que incluye a la UE y los órganos de derechos humanos de la ONU, debe intervenir urgentemente para salvar sus vidas.

“La reciente escalada de ejecuciones de baluchis y árabes ahwazíes suscita profunda preocupación, ya que las autoridades podrían estar usando la pena de muerte para sembrar el miedo entre las minorías étnicas desfavorecidas, y en la población en general. El uso desproporcionado de la pena de muerte contra las minorías étnicas es un reflejo de la arraigada discriminación y represión que sufren en Irán desde hace décadas”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Amnistía Internacional pide la acción concertada de la comunidad internacional para impedir que las autoridades iraníes lleven a cabo ejecuciones tras juicios manifiestamente injustos y empañados por ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura.”

Los cuatro presos baluchis condenados a muerte en la prisión de Zahedán (provincia de Sistán y Baluchistán) y en la cárcel de Dastgerd (provincia de Isfahán) —Hamed Rigi, Mehran Naru’i y otros dos cuyos nombres se ocultan por razones de seguridad— han sufrido múltiples violaciones de derechos humanos, que incluyen desaparición forzada y tortura para obtener “confesiones” utilizadas después para condenarlos en juicios injustos.

Tres árabes ahwazíes condenados a muerte —Ali Khasraji, Hossein Silawi y Jassem Heidari— se han cosido los labios y llevan en huelga de hambre desde el 23 de enero 2021 en la prisión de Sheiban, en Ahvaz (provincia de Juzestán), para protestar por sus condiciones de reclusión, la prohibición de visitas familiares y la amenaza constante de la ejecución. El cuarto preso árabe ahwazí, Naser Khafajian, lleva sometido a desaparición forzada y, por tanto, en peligro de tortura y ejecución secreta desde abril de 2020.

Índices alarmantes de ejecuciones de miembros de minorías étnicas

Según datos obtenidos del Centro Abdorrahman Boroumand, las autoridades iraníes han ejecutado a al menos 49 personas desde el 1 de diciembre de 2020, de las que más un tercio eran baluchis. Desde el 19 de diciembre de 2020, al menos 19 baluchis y un árabe ahwazí han sido ejecutados.

Uno de ellos era el preso baluchi Javid Dehghan, ejecutado el 30 de enero de 2021 a pesar de las graves violaciones del debido proceso cometidas en su caso por la Guardia Revolucionaria, las autoridades fiscales, el Tribunal Revolucionario y el Tribunal Supremo.

El preso árabe ahwazí Ali Motairi estaba en huelga de hambre cuando fue ejecutado el 28 de enero de 2021. Había sido igualmente condenado a muerte a pesar de graves violaciones del debido proceso, incluidas denuncias de tortura y “confesiones” forzadas. La familia de Ali Motairi no fue avisada ni pudo ejercer su derecho a visitarlo por última vez, establecido en el derecho iraní.

Presos baluchis en peligro de ejecución

Hamed Rigi, recluido en la prisión de Zahedán, fue condenado a muerte por su implicación en un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad antidrogas en 2018, en la provincia de Sistán y Baluchistán, en el que varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron muertos. Sus hermanos Behnam y Shoaib Rigi, acusados junto a él, fueron ejecutados el 19 de diciembre de 2020, por lo que se teme que a Hamed también lo ejecuten en breve.

Mehran Naru’i, en espera de ejecución en la prisión de Dastgerd, fue condenado a muerte por delitos relacionados con drogas hace unos cuatro años y no tuvo acceso a representación letrada durante la prisión preventiva ni en el juicio. Anvar Naru’i, otro preso baluchi condenado a muerte en la misma causa, fue ejecutado el 28 de enero de 2021, por lo que se temía que la ejecución de Mehran fuera inminente.

Otros dos presos baluchis —cuyos nombres se reserva Amnistía Internacional por razones de seguridad— también corren peligro de ejecución en la prisión de Zahedán al haber sido declarados culpables de “insurrección armada” (baghi) tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Revolucionario de Zahedán. Detenidos en noviembre de 2015, pasaron meses recluidos en régimen de aislamiento y, según afirman, en ese tiempo fueron torturados por agentes del Ministerio de Inteligencia. Se les negó el acceso a representación letrada y sólo unos días antes de su juicio fueron obligados a elegir abogado de una lista aprobada por el presidente de la magistratura.

Las “confesiones” forzadas de los cuatro presos baluchis fueron ilegalmente admitidas como pruebas por los jueces que presidieron las actuaciones penales, a pesar de que los hombres se habían retractado de ellas ante el tribunal alegando que se habían obtenido mediante tortura.

Presos árabes ahwazíes en peligro de ejecución

Según una declaración del portavoz de la magistratura emitida el 14 de enero de 2021, Hossein Silawi, Ali Khasraji y Naser Khafajian fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz en relación con el asalto armado a una comisaría de policía de Ahvaz perpetrado el 14 de mayo de 2017, en el que dos agentes de la ley habían perdido la vida.

Permanecieron varios meses recluidos en régimen de aislamiento en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Ahvaz, sin acceso a familiares ni abogados. Según fuentes informadas, allí fueron sometidos a tortura y otros malos tratos que les causaron rotura de costillas y manos. Agentes de inteligencia y seguridad los coaccionaron reiteradamente con tortura para que hicieran declaraciones autoincriminatorias, emitidas por medios de difusión al poco tiempo de sus arrestos, en mayo de 2017, y posteriormente utilizadas por el tribunal para declararlos culpables. Los hombres no tenían permitido nombrar representación letrada de su elección. En abril de 2020 fueron víctimas de desaparición forzada tras su traslado a un lugar desconocido. Hossein Silawi y Ali Khasraji fueron devueltos a la prisión de Sheiban en torno a noviembre de 2020. Naser Khafajian continúa en desaparición forzada y las preguntas sobre su suerte y paradero planteadas por su familia a las autoridades siguen sin contestación.

Jassem Heidari fue declarado culpable de “insurrección armada” (baghi) por el Tribunal Revolucionario de Ahvaz y condenado a muerte por su presunta colaboración con grupos enfrentados a la República Islámica. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en noviembre de 2020. Según fuentes informadas, tras su detención en diciembre de 2017 estuvo meses recluido en régimen de aislamiento, sin acceso a familiares ni abogados y sometido a tortura y otros malos tratos.

Es terrible que el Tribunal Supremo de Irán haya ratificado repetidamente sentencias y condenas a muerte dictadas tras juicios manifiestamente injustos. De esta manera ha dejado a las víctimas del defectuoso sistema de justicia penal iraní desamparadas en la práctica y ha garantizado impunidad absoluta a los perpetradores de violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.