"La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Se requiere una Clave Única de Registro de Población (CURP) para registrarse en el portal que el gobierno mexicano habilitó el 2 de febrero para la vacunación de las personas mayores de 60 años, lo cual excluye a una gran parte de la población que no cuenta con este documento, y por lo tanto pone en riesgo la salud pública, advirtió hoy la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, una coalición de más de 30 organizaciones y albergues en México y Centroamérica, liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional.

 “La vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad del que adolece el Estado mexicano y que se ha suplido de manera discrecional con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte y, en este caso, la CURP. Hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento”, dijo Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, en representación de la Alianza.

Las organizaciones denuncian que el gobierno mexicano no ha publicado ningún plan que permita a las personas que no tienen una CURP acceder a las vacunas. De igual manera, a lo largo de la pandemia reportan que el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración y ante la ausencia de vigilancia sanitaria ha fallado en garantizar a poblaciones en movilidad el acceso efectivo a la salud y a medidas de detención del contagio. 

En países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Costa Rica se han observado fallas similares para incluir a las personas migrantes, deportadas y otros sectores de la población en los planes de vacunación al requerir documentos con los que no cuentan todas las personas que ahí se encuentran.

“El acceso a la vacuna para todas las personas, incluidas las que se encuentran en movilidad en los diferentes países de la región centroamericana, independientemente de su condición migratoria, es crucial. Debe ser provista sin discriminación. No es una prerrogativa, se trata de garantizar el principio de igualdad de condiciones”, dijo Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

“Hacemos un enérgico llamado a los gobiernos de México y Centroamérica, en particular a las autoridades de salud, para que coordinen la gestión de las rutas de acceso a la vacunación poniendo en el centro a todas las personas, sin distinción y con enfoques diferenciados de género, necesidades de protección internacional y de movilidad para no dejar a nadie atrás. Estas autoridades deben generar políticas de salud y planes de vacunación que en la práctica sean incluyentes para evitar poner en riesgo la salud pública nacional y regional. La salud es un derecho humano que no se le puede negar a nadie por ninguna razón, incluyendo su nacionalidad o estatus migratorio”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org