El lanzamiento de botes de gas lacrimógeno directamente contra personas puede causar heridas graves o la muerte, y es contrario a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Las autoridades tunecinas deben llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la muerte de un joven y las heridas graves sufridas por otro, después de que, según indican los informes, ambos fueran golpeados por botes de gas lacrimógeno en Sbeitla, oeste de Túnez, durante las protestas que han atenazado gran parte del país desde el 15 de enero. Las autoridades también deben dar a las fuerzas de seguridad instrucciones de que no usen el gas lacrimógeno indiscriminadamente. 

Los familiares de Haykal Rachdi y Aymen Mahmoudi, ambos de 21 años, dijeron a Amnistía Internacional que los dos jóvenes, que resultaron heridos en circunstancias similares la noche del 18 de enero, tenían heridas en la cabeza, y habían dicho a sus familias que habían sido golpeados en la cabeza por botes de gas lacrimógeno lanzados a corta distancia por policías antidisturbios. Haykal Rachdi murió a consecuencia de sus heridas el 25 de enero. Aymen Mahmoudi tuvo que someterse a cirugía facial para reparar las fracturas óseas sufridas. 

“La trágica muerte de Haykal Rachdi, un joven que buscaba un futuro mejor, debe investigarse de forma inmediata, imparcial y efectiva. La investigación debe incluir entrevistas con testigos y un examen médico forense independiente, y los responsables de su homicidio deben comparecer ante la justicia”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. 

“Las fuerzas de seguridad deben responder a unas manifestaciones que son una expresión auténtica de dificultades sociales con moderación y respetando el derecho a la libertad de reunión; sólo deben usar la fuerza cuando sea absolutamente necesario, y ese uso debe ser proporcionado. La impunidad policial es desde hace mucho un motivo de preocupación en Túnez; para romper el círculo de violencia, las autoridades judiciales deben investigar todos los incidentes de uso ilegítimo de la fuerza, incluido el gas lacrimógeno, y deben garantizar que la policía rinde cuentas de sus actos.” 

Amnistía Internacional habló con cuatro residentes de Sbeitla que describieron cómo, en los últimos dos días, se había lanzado imprudentemente gas lacrimógeno en medio de barrios residenciales densamente poblados. Algunos botes de gas lacrimógeno cayeron dentro de casas habitadas, y provocaron asfixia a ancianos y niños que vivían en ellas. Las fuerzas de seguridad también dispararon gas lacrimógeno contra personas que participaban en el cortejo fúnebre pacífico de Haykal Rachdi.  

El 15 de julio, tras el décimo aniversario de la revolución en el país, en varias ciudades de Túnez empezaron a celebrarse esporádicamente protestas contra la marginación, la violencia policial, la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Algunas de las protestas se convirtieron en enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo, en los que se incendiaron edificios públicos y se perpetraron saqueos. Las grabaciones en vídeo y las declaraciones de testigos presenciales muestran que la policía respondió en ocasiones con fuerza excesiva: practicó detenciones generalizadas y golpeó a gente para disolver protestas pacíficas. El Ministerio del Interior ha anunciado la detención de 630 personas hasta el momento, la mayoría de ellas niños de entre 14 y 15 años. 

Testimonios de las familias 

Ferdaous Rachdi, hermana de Haykal Rachdi, contó a Amnistía Internacional que, la noche del 18 de enero, estaba con otros familiares en la casa de sus abuelos en el barrio de Hay Sourour, en Sbeitla, cuando su hermano resultó herido. Según ha declarado, aquella tarde hubo protestas que se convirtieron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios, que lanzó gas lacrimógeno en el interior del barrio densamente poblado.  

Poco antes de las ocho de la tarde, Ferdaous Rachdi se asomó a la ventana y vio a su hermano, Haykal Rachdi, caminando hacia la casa de sus abuelos con la ayuda de otro joven. Cuando salió vio que su hermano tenía la cara cubierta de sangre y una herida en la cabeza. Haykal Rachdi le dijo que le había golpeado un bote de gas lacrimógeno lanzado por un policía cuando se dirigía a reunirse con su familia.  

Según la declaración de Ferdaous Rachdi, su hermano recibió tratamiento de emergencia en un hospital local de Sbeitla, y más tarde fue trasladado a otro hospital mejor equipado para tratar estas heridas. Perdió la consciencia mientras lo trasladaban y murió el 25 de enero. 

Mohammed Mahmoudi, padre de Aymen Mahmoudi, contó a Amnistía Internacional que, esa misma tarde, el 18 de enero, había pedido a su hijo que recogiera unos analgésicos en una farmacia local de Hay Sourour. Aymen Mahmoudi regresó hacia las nueve de la noche cubierto de sangre. Contó a su padre que le había golpeado un bote de gas lacrimógeno lanzado a corta distancia mientras iba hacia la farmacia por un camino alternativo, ya que su camino habitual estaba obstaculizado por la protesta.  

Aymen Mahmoudi fue ingresado en tres hospitales diferentes para recibir tratamiento, y finalmente fue sometido a cirugía para reparar una fractura ósea en la cara. Las fotos de Aymen Mahmoudi enviadas por su familia muestran el lado derecho de su rostro cubierto de sangre, y una herida bajo el ojo derecho. En el hospital de Kasserine le realizaron un escáner facial el 19 de enero, que Amnistía Internacional ha examinado y que muestra cuatro fracturas en el rostro. Su padre ha dicho que los cirujanos tuvieron que posponer las cirugías para tratar las otras tres fracturas a causa de la gravedad de las heridas sufridas por Aymen. 

Uso excesivo de gas lacrimógeno 

Los residentes de Hay Sourour, en Sbeitla, contaron a Amnistía Internacional que durante los dos últimos días han estado expuestos al uso excesivo de gas lacrimógeno, después de que la noticia de la muerte de Haykal Rachdi recorriera la ciudad y estallaran nuevas protestas contra la violencia policial. 

Zouaoui Omri, activista político, dijo que había participado en el funeral de Haykal Rachdi el 26 de enero. Cuando el cortejo fúnebre se encontró con las fuerzas de seguridad estacionadas delante de un supermercado, oyó un ruido muy fuerte. Contó: 

“Me di cuenta de que la policía había disparado gas lacrimógeno. Oí los disparos de al menos 15 o 20 botes de gas realizados sucesivamente, y vi el humo en el aire cerca de la cabeza del cortejo fúnebre. La gente entró en pánico y echó a correr. En el cortejo había cientos de personas, muchas de ellas niños o ancianos, y las fuerzas de seguridad lanzaron sin más el gas lacrimógeno en medio de la multitud.” 

Amnistía Internacional examinó el vídeo grabado por Zouaoui Omri, en el que se ve al cortejo fúnebre avanzando pacíficamente. El vídeo concluye con el sonido de los disparos y la gente huyendo aterrada. 

Faouzia Mahmoudi, madre de Aymen Mahmoudi, habló con Amnistía Internacional mientras la policía lanzaba gas lacrimógeno en su barrio tras el funeral de Haykal Rachdi: 

“No podemos respirar. No podemos quedarnos en nuestras casas, y tampoco podemos salir. El humo y el olor del gas lacrimógeno lo invaden todo. Hemos cerrado todas las puertas y ventanas, e incluso hemos puesto telas y trapos para cubrir los huecos en las ventanas, pero el gas sigue infiltrándose en la casa.” 

El uso de gas lacrimógeno que afecte a una zona amplia sólo puede realizarse en situaciones en las que el nivel de violencia haga imposible contener la amenaza tomando directamente como objetivo a quienes participan en actos violentos. El gas lacrimógeno sólo puede utilizarse cuando la gente tenga la oportunidad de dispersarse, y no cuando esté en un espacio cerrado o cuando las vías públicas u otras salidas estén bloqueadas. Debe advertirse a las personas de que se van a utilizar estos medios, y debe permitírseles dispersarse. El lanzamiento de botes de gas lacrimógeno directamente contra personas puede causar heridas graves o la muerte, y es contrario a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.