“Pedimos a las autoridades marroquíes que dejen de hacer un uso indebido de la legislación penal y de las normas administrativas sobre recepción de fondos extranjeros para atacar a periodistas o asociaciones de derechos humanos independientes, y que garanticen que las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar en un entorno seguro y propicio”, declaró Amna Guellali

“Las autoridades marroquíes deben poner en libertad inmediata e incondicional al defensor de los derechos humanos Maati Monjib y retirar todos los cargos formulados contra él, incluidos los de un juicio anterior en curso desde 2015 en relación con su trabajo sobre la libertad de expresión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Tras años de vigilancia digital ilegítima y de acoso judicial, Monjib fue detenido el 29 de diciembre y su siguiente sesión de investigación ante un juez de instrucción está prevista para el 27 de enero.

En cartas de noviembre de 2020 y enero de 2021 dirigidas a Amnistía Internacional y publicadas en virtud del derecho de réplica, el gobierno marroquí negó que Monjib estuviera en el punto de mira por su trabajo de derechos humanos, aunque facilitó involuntariamente detalles que parecían corroborarlo al mencionar que había recibido fondos del extranjero para organizar talleres destinados a la promoción del derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional cree que los cargos formulados contra él tienen relación con actividades protegidas por el derecho a la libertad de asociación que no justifican el enjuiciamiento ni la detención.

“Maati Monjib es la víctima más reciente de la campaña del gobierno para silenciar a quienes lo critican y, como preso de conciencia, debe ser puesto en libertad inmediata e incondicional. Desde que concedió a los medios una entrevista de gran repercusión en la que criticó a la agencia de inteligencia interior de Marruecos por reprimir a oponentes políticos, Monjib sufrió, primero, el acoso policial, y ahora, un juicio mediático”, afirmó Amna Guellali, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

"Esto no es más que el capítulo más reciente del incesante afán de las autoridades marroquíes de limitar el derecho a la libertad de expresión de Monjib y someterlo mediante la intimidación. Pedimos a las autoridades marroquíes que cesen de forma inmediata y permanente el hostigamiento y la intimidación de este valiente defensor de los derechos humanos retirando todos los cargos formulados contra él y abriendo una investigación enérgica, independiente y transparente sobre la vigilancia digital ilegítima a la que estuvo sometido durante años”.

Monjib, académico a menudo crítico hacia la vulneración de los derechos humanos por las autoridades marroquíes, ya había afrontado cargos falsos y el enjuiciamiento hace cinco años, en 2015. El 7 de octubre de 2020 y previa notificación del Unidad de Tratamiento de Información Económica, la fiscalía del Juzgado de Primera Instancia de Rabat abrió una nueva investigación contra él por presunta malversación y blanqueo de dinero. Antes de su detención, la policía judicial de Rabat y Casablanca lo había citado en múltiples ocasiones para investigaciones en relación con estos cargos.

Los abogados de Monjib no tuvieron acceso a las pruebas presentadas contra él en esta nueva causa hasta el día del juicio, cuando pudieron leer parte del contenido del sumario. Hasta la fecha se les ha negado una copia de la documentación, lo que vulnera el derecho a un juicio conforme a las normas internacionales.

En las dos cartas enviadas a Amnistía Internacional, el gobierno marroquí negó toda relación entre el nuevo enjuiciamiento y las opiniones críticas de Monjib e insistieron en que tanto el juicio de 2015 como el enjuiciamiento iniciado en octubre de 2020 eran por “delitos” no relacionados con las actividades de Monjib como defensor de los derechos humanos. No obstante, en su carta, las propias autoridades marroquíes relacionaron el juicio de 2015 con la nueva causa iniciada en 2020 al hacer referencia a transferencias de dinero del extranjero recibidas por Monjib en 2015 y 2016 para financiar su centro de investigación, el Centro Ibn Rochd. La carta proseguía enumerando informes de donantes de Free Press Unlimited y la embajada neerlandesa, indicando que, una vez más, la investigación se centraba en la recepción de fondos extranjeros para un trabajo legítimo de derechos humanos.

En 2015, las autoridades marroquíes habían formulado cargos falsos contra Monjib y otras seis personas por recibir fondos exteriores de la organización no gubernamental Free Press Unlimited para realizar sesiones de formación de StoryMaker, una aplicación segura de narración de historias que permite que periodistas ciudadanos publiquen contenido de forma anónima si lo desean. En esa causa, Monjib está juzgado por “menoscabar la seguridad interna del Estado”, un cargo impreciso y excesivamente general, y “fraude”, por no declarar fondos extranjeros en virtud de la ley de asociaciones de Marruecos, algo que Monjib niega y que, en todo caso no justifica un enjuiciamiento penal según la legislación marroquí, sino que sólo conlleva la suspensión o disolución de la asociación. El tercer cargo, “ejercer una actividad no especificada en los estatutos” de la asociación, no está reconocido en el derecho internacional como delito.

El derecho internacional de los derechos humanos considera arbitraria la privación de libertad cuando se deriva del ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el concepto de “arbitrariedad” debe interpretarse de manera amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de asociación abarca la capacidad de las ONG para realizar actividades de recaudación de fondos y buscar, recibir y utilizar recursos de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales. Las restricciones de la financiación exterior que impidan a las asociaciones realizar las actividades establecidas en sus estatutos constituyen una injerencia indebida según lo dispuesto en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Marruecos es Parte.

Ninguna de las ONG internacionales o entidades donantes que financiaron las actividades legítimas de Monjib expresaron preocupación por la mala gestión de sus recursos. En una declaración publicada el 15 de enero, la ONG neerlandesa Free Press Unlimited manifestó que Monjib era un socio muy respetado y que no debía estar en prisión.

“Pedimos a las autoridades marroquíes que dejen de hacer un uso indebido de la legislación penal y de las normas administrativas sobre recepción de fondos extranjeros para atacar a periodistas o asociaciones de derechos humanos independientes, y que garanticen que las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar en un entorno seguro y propicio”, declaró Amna Guellali.

En octubre de 2019, una investigación de Amnistía Internacional reveló que Monjib había sido objeto de vigilancia digital ilegítima con software espía de NSO Group desde al menos 2017. Estos ataques incluían mensajes SMS con enlaces maliciosos que, de ser abiertos, tratarían de instalar software espía en el teléfono de la víctima. Ante ello, Monjib y otras personas dedicadas al activismo que sufrieron ataques similares presentaron una denuncia ante el Comité Nacional para la Protección de la Información Personal, exigiendo una investigación sobre la vigilancia. No ha recibido aún respuesta. Antes de su detención, Monjib dijo a Amnistía Internacional que había estado bajo vigilancia permanente, que la policía vigilaba su casa y que cada vez que salía lo seguían agentes vestidos de civil.

Esta detención se produce mientras el historial del gobierno marroquí en materia de derechos humanos sigue deteriorándose, pues en los últimos dos años, las autoridades han enjuiciado a decenas de personas entre periodistas, youtubers, artistas y activistas que han expresado sus opiniones en Internet y otros lugares. El 29 de julio, las autoridades detuvieron a otro conocido periodista, Omar Radi, acusado de agresión sexual, violación, “menoscabar la seguridad externa del Estado” y “dañar la seguridad interna”, tras someterlo a ataques de vigilancia digital. Radi está detenido desde entonces, en espera de juicio.