“La escala sin precedentes de las constantes violaciones de derechos humanos y la total impunidad de las personas responsables en el país requieren que se adopten o se establezcan mecanismos internacionales para su investigación y procesamiento”, ha manifestado Marie Struthers

Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo las autoridades de Bielorrusia han utilizado el sistema judicial como instrumento para castigar a las víctimas de tortura en lugar de a quienes la perpetran, como parte de una represión generalizada y brutal de la disidencia tras las protestas posteriores a las elecciones. La organización ha descrito la búsqueda de justicia en el país como “imposible”, y ha instado a la comunidad internacional a tomar medidas activas para brindar justicia a las víctimas y exigir responsabilidades a los perpetradores.

A pesar de que las autoridades bielorrusas han admitido haber recibido más de 900 denuncias por abusos cometidos por la policía desde el principio de las protestas en agosto de 2020, no se ha iniciado ni una sola investigación penal contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley. En cambio, se han abierto cientos de investigaciones penales contra personas que se manifestaban de forma pacífica, muchas de ellas víctimas de tortura y malos tratos.

“Desde que empezaron las protestas posteriores a las elecciones en Bielorrusia, los grupos de derechos humanos han recopilado evidencias de la tortura de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, y han documentado la muerte de al menos cuatro de ellas. Hemos pedido reiteradamente investigaciones eficaces para llevar a las personas responsables ante la justicia, pero no se puede esperar mucho de un sistema que no sólo protege a la policía con el anonimato, sino que además fomenta la intimidación y la violencia contra víctimas y testigos”, ha afirmado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

“El rotundo fracaso del sistema judicial de Bielorrusia para garantizar la rendición de cuentas significa que hay que acudir a la justicia internacional. Los gobiernos, organizaciones internacionales y regionales deben usar toda su influencia para presionar a las autoridades bielorrusas para que pongan fin a este ataque contra los derechos humanos. También pedimos a la comunidad internacional que adopte todas las medidas necesarias para hacer justicia en Bielorrusia.”

Detención, reclusión y enjuiciamiento de manifestantes pacíficos

En el nuevo documento, Belarus: “You are not Human Beings”, Amnistía Internacional presenta relatos estremecedores de personas que se manifestaban de forma pacífica y fueron detenidas en masa y sometidas a tortura, las desnudaron, las golpearon sin piedad, las sometieron a posturas en tensión y las privaron de alimentos, agua potable y atención médica durante días.

Durante las protestas y después de ellas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Bielorrusia utilizaron decenas de centros de detención, entre ellos el infame centro de Minsk, Akrestsina, para detener de forma arbitraria a manifestantes pacíficos en todo el país.

La noche del 13 al 14 de agosto de 2020, familiares de las personas detenidas en Akrestsina grabaron los sonidos de incesantes palizas que podían escucharse claramente desde la calle, así como numerosas voces que gritaban en agonía, algunas suplicando clemencia.

Tsimur (nombre ficticio), médico de Minsk de 25 años, detenido arbitrariamente el 10 de agosto de 2020 y enviado a Akrestsina, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

“A quien gritara o suplicara [a los funcionarios] que no le golpearan, le pegaban con más fuerza.”

Mikalai (nombre ficticio), que pasó cinco días bajo custodia policial en la ciudad de Orsha, explicó que le hicieron caminar junto con otras personas detenidas por un “pasillo” formado por unos 50 policías que los golpearon con porras. A Mikalai le asestaron repetidos golpes en la cabeza, y las piernas se le volvieron azules a causa de los golpes.

Sigue sin conocerse el número exacto de manifestantes detenidos arbitrariamente que han pasado por Akrestsina y otros centros de detención de Bielorrusia, pero según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a principios de diciembre de 2020 pasaban de las 27.000 personas. Las detenciones arbitrarías han continuado desde entonces.

Impunidad, nuevas represalias e intimidación

A pesar de que las autoridades bielorrusas han admitido haber recibido más de 900 denuncias por abusos cometidos por la policía durante las protestas, no se ha iniciado ninguna investigación penal en relación con ellas. Además de sufrir graves represalias, las personas denunciantes se han encontrado con trabas burocráticas, tácticas dilatorias y obstrucciones evidentes por parte de un sistema diseñado para desanimarlas e intimidarlas y para invalidar y desatender sus denuncias y sus testimonios.

Una superviviente de Akrestsina explicó a Amnistía Internacional que, tras lograr que su demanda se registrara y que un perito médico forense oficial examinara sus heridas, escuchó del investigador que no iniciaría una investigación formal sin una “orden de arriba”.

En lugar de garantizar el procesamiento de las personas sospechosas de cometer violaciones de derechos humanos, el 28 de octubre de 2020, la fiscalía general de Bielorrusia informó de que había 657 procedimientos penales abiertos contra manifestantes y más de 200 personas ya habían sido acusadas de disturbios multitudinarios y violencia contra los agentes de policía. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado decenas de casos abiertos contra manifestantes pacíficos por cargos falsos y de motivación política.

Llamada a la justicia internacional

Bielorrusia está obligada por el derecho internacional a proteger los derechos humanos de todas las personas en su territorio, lo cual incluye garantizar la prohibición absoluta de la tortura e investigar y castigar a las personas responsables de practicarla.

“La escala sin precedentes de las constantes violaciones de derechos humanos y la total impunidad de las personas responsables en el país requieren que se adopten o se establezcan mecanismos internacionales para su investigación y procesamiento”, ha manifestado Marie Struthers.

“La comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados.”