Viernes, 22 de enero, 2021

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares subsana una enorme carencia del derecho internacional, y su entrada en vigor debe ir acompañada de un cambio de rumbo por parte de los Estados que todavía apoyan de una forma u otra el uso de armas nucleares”, ha añadido Verity Coyle


El día de hoy es un hito histórico en la campaña por librar al mundo de las armas nucleares, ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión de la entrada en vigor del Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. El Tratado declara ilegal en virtud del derecho internacional desarrollar, probar, poseer, albergar, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares, y ha sido adoptado por dos tercios de los Estados miembros de la ONU.

Ninguna de las potencias nucleares del mundo lo ha firmado, y Amnistía Internacional insta a todas ellas y a otros Estados a sumarse al movimiento por la eliminación de las armas más inhumanas y destructivas jamás creadas.

“Hasta ahora, las armas nucleares eran las únicas armas de destrucción masiva no sujetas a un tratado de prohibición mundial, a pesar de los daños catastróficos que causan. El cambio trascendental efectuado hoy en el derecho internacional, gracias a decenios de trabajo de campaña de la sociedad civil, nos acerca un poco más a la erradicación definitiva de la amenaza nuclear”, ha afirmado Verity Coyle, asesora general de Amnistía Internacional sobre transferencias de material militar, de seguridad y policial.

“Sin embargo, es muy preocupante que ninguno de los Estados que poseen armas nucleares se haya sumado a este tratado. La disuasión nuclear es una estrategia basada en la amenaza de matar a millones de personas y provocar una catástrofe humanitaria y ambiental, y no tiene cabida en el mundo actual.

Un momento histórico

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue adoptado por dos tercios de los Estados miembros de la ONU en 2017 y entra en vigor hoy.

Prohíbe a los Estados una amplia variedad de actos, entre ellos desarrollar, probar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, utilizar o amenazar con utilizar armas nucleares o permitir desplegar armas nucleares en su territorio.

Este tipo de actividades son habituales; según la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), Bélgica, Alemania, Países Bajos, Italia y Turquía albergan entre todas alrededor de 150 armas nucleares estadounidenses. Ninguno de estos Estados se ha sumado al Tratado.

Aunque el Tratado de No Proliferación de 1968 prohíbe a las potencias no nucleares fabricar armas nucleares, no impone una prohibición general del uso o posesión de armas nucleares a todas las Partes en él.

Al mismo tiempo, las potencias nucleares no se atienen a los compromisos adquiridos con arreglo al Tratado de No Proliferación; según ICAN, en 2019 nueve países gastaron 72.900 millones de dólares estadounidenses en armas nucleares.

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares subsana una enorme carencia del derecho internacional, y su entrada en vigor debe ir acompañada de un cambio de rumbo por parte de los Estados que todavía apoyan de una forma u otra el uso de armas nucleares”, ha añadido Verity Coyle.

“Poner fin a la amenaza de las armas nucleares es una responsabilidad que todos los gobiernos deben asumir de acuerdo con su obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.”