El sistema actual, en el que las empresas farmacéuticas usan financiación gubernamental para la investigación, conservan derechos exclusivos y mantienen su tecnología en secreto para aumentar los beneficios, podría costar muchas vidas

Los países ricos han acaparado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población.

Un grupo de organizaciones de campaña ha advertido hoy de que casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra la COVID-19 el año que viene si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes.

En cambio, las naciones más ricas han comprado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021 si se aprueba el uso de las vacunas que están actualmente en la fase de ensayo clínico. Canadá encabeza la lista con material suficiente para vacunar cinco veces a cada canadiense. Los datos actualizados muestran que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas más prometedoras hasta la fecha.

Las organizaciones —entre ellas, Amnistía Internacional, Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam—, que forman partproe de una alianza que reclama una “vacuna del pueblo”, utilizaron datos recopilados por la empresa de información y análisis científicos Airfinity para analizar los acuerdos alcanzados entre países y las ocho primeras vacunas candidatas y hallaron que 67 países de ingresos bajos y medianos bajos podrían quedarse atrás mientras los países ricos avanzan hacia la salida de esta pandemia. De estos 67, cinco –Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Ucrania– han notificado en total casi 1,5 millones de casos.

Anna Marriott, responsable de políticas de salud de Oxfam, declaró: “Nadie debería quedarse sin una vacuna que salva vidas por el país en el que vive o por la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo. Pero, a menos que algo cambie radicalmente, miles de millones de personas en todo el mundo no recibirán una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19 en los próximos años”.

Por su parte, Heidi Chow, de Global Justice Now, afirmó: “Todas las grandes empresas farmacéuticas e instituciones de investigación que están trabajando en una vacuna deben compartir la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a su vacuna para que se puedan producir suficientes dosis seguras y efectivas. Los gobiernos deben asimismo garantizar que la industria farmacéutica antepone la vida de las personas a los beneficios”.

La vacuna Pfizer /BioNTech ya ha sido aprobada en Reino Unido y esta semana comienzan las vacunaciones. Es probable que, en unos días, reciba la aprobación de otros países, incluido Estados Unidos. Se prevé que otras dos posibles vacunas, la de Moderna y la de Oxford en asociación con AstraZeneca, estén en espera de la autorización reglamentaria o la soliciten. La vacuna rusa Sputnik ha obtenido resultados positivos y otras cuatro candidatas están en la fase 3 de ensayos clínicos.

Hasta ahora, todas las dosis de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech han sido adquiridas por países ricos. En cambio, Oxford/AstraZeneca se ha comprometido a proporcionar el 65% de sus dosis a poblaciones de países en desarrollo. No obstante, a pesar de las medidas adoptadas para ampliar el suministro, el año que viene sólo podrán llegar al 18% de la población mundial como máximo. Además, Oxford/AstraZeneca ha suscrito la mayoría de sus acuerdos con algunos de los grandes países en desarrollo, como China e India, mientras que la mayoría de estos países no han firmado ningún acuerdo y tienen que compartir entre ellos las vacunas del fondo común del COVAX.

Esto demuestra que una sola empresa no puede esperar abastecer a todo el mundo y que sólo el intercambio abierto de tecnología entre fabricantes de vacunas puede hacerlo posible.

La Alianza Vacuna del Pueblo pide a todas las empresas farmacéuticas que trabajan en vacunas contra la COVID-19 que compartan su tecnología y la propiedad intelectual abiertamente a través del Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para que puedan fabricarse miles de millones de dosis más y haya vacunas seguras y efectivas para todas las personas que las necesiten.

La Alianza pide también a los gobiernos que hagan todo lo que esté en su mano para garantizar que las vacunas contra la COVID-19 son un bien público mundial gratuito para la población, distribuido equitativamente y basado en necesidades. Un primer paso sería apoyar la propuesta que han hecho esta semana Sudáfrica e India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio en relación con la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, ensayos y tratamientos contra la COVID-19 hasta que toda la población esté protegida.

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, dijo: “El acaparamiento de vacunas socava activamente los esfuerzos mundiales para garantizar que todas las personas, en todas partes, puedan estar protegidas contra la COVID-19. Los países ricos tienen obligaciones claras en materia de derechos humanos: no sólo deben abstenerse de acciones que puedan perjudicar el acceso a las vacunas en otros países, sino que han de cooperar y prestar asistencia a los países que la necesiten.

“Al comprar la inmensa mayoría del suministro de vacunas del mundo, los países ricos incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos. En cambio, trabajando con otros para compartir los conocimientos y ampliar el suministro, podrían contribuir a poner fin a la crisis mundial de la COVID-19”.

Las vacunas desarrolladas por AstraZeneca/Oxford, Moderna y Pfizer/BioNTech han recibido más de 5 000 millones de dólares de financiación pública, lo que, según la Alianza, hace a estas empresas responsables de actuar en beneficio del interés público mundial.

La doctora Mohga Kamal Yanni, de la Alianza Vacuna del Pueblo, ha declarado: “Los países ricos tienen dosis suficientes para vacunar a todo el mundo casi tres veces, mientras que los pobres ni siquiera tienen para llegar a los profesionales sanitarios y personas de riesgo.

“El sistema actual, en el que las empresas farmacéuticas usan financiación gubernamental para la investigación, conservan derechos exclusivos y mantienen su tecnología en secreto para aumentar los beneficios, podría costar muchas vidas”.

Lois Chingandu, directora de Frontline AIDS, manifestó: “Esta pandemia es un problema global que exige una solución global. La economía mundial seguirá sufriendo mientras el mundo no tenga acceso a una vacuna.

“Tenemos que dejar de lado los beneficios de la industria farmacéutica durante esta pandemia sin precedentes para salvar tanto a la humanidad como la economía”.

Aumenta el impulso para una vacuna universal, que ya ha sido respaldada por sobrevivientes a la COVID, especialistas en salud, activistas, dirigentes y exdirigentes mundiales, dirigentes religiosos y economistas, como Cyril Ramaphosa, Imran Khan, Ellen Johnson Sirleaf, Gordon Brown, Helen Clark, Mary Robinson, Joseph Stiglitz, John Nkengasong y Thomas Piketty.

El mes pasado, en Estados Unidos, más de cien dirigentes de alto nivel de organizaciones de salud pública, religiosas, de justicia racial y sindicales se unieron a exmiembros del Congreso, economistas y artistas para firmar una carta pública en la que pedían al presidente electo Biden que aproveche este extraordinario momento y su poder como presidente de Estados Unidos para apoyar una vacuna universal.

FIN

La Alianza Vacuna del Pueblo es una coalición de organizaciones y activistas globales y nacionales unidos con el objetivo común de hacer campaña a favor de una “vacuna del pueblo”. La petición de una vacuna universal está respaldada por dirigentes y exdirigentes mundiales, especialistas en salud, dirigentes religiosos y economistas. Si desean más información, visiten: https://peoplesvaccine.org