Respetar y promover los derechos humanos de las personas trans es una obligación nacional e internacional de todo gobierno. Mientras la pandemia hace estragos en todo el mundo, los gobiernos deben reconocer su responsabilidad de impedir que quienes ya están en los márgenes de la sociedad caigan al abismo

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Nadia Rahman es investigadora y asesora de política del equipo global de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional

“Puede que la COVID-19 sea un nuevo asesino, pero el odio nos mata desde hace decenios”.

Esto es lo que Joey Mataele, activista trans de Tonga, dijo a Amnistía cuando le preguntamos por el impacto de la pandemia en las personas trans de las islas del Pacífico.

Joey, que ayudó a fundar la única organización de Tonga para personas trans, no binarias y que no se ajustan a las convenciones de género, tiene razón. Según las conclusiones más recientes del proyecto Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM), entre 2008 y 2020 han aumentado cada año los asesinatos de personas trans y de género diverso. En el año transcurrido hasta el 30 de septiembre de 2020, fueron asesinadas en todo el mundo 350 personas trans y de género diverso.

Las estadísticas del proyecto TMM para este periodo ponen de relieve asimismo las formas interseccionales de discriminación que afectan a muchas personas trans: el 79% de las personas trans asesinadas en Estados Unidos eran racializadas y el 62% de las personas trans asesinadas de profesión conocida eran trabajadores/as sexuales.

A pesar de que estas cifras son terribles en sí mismas, no captan toda la magnitud de los abusos que se perpetran a diario contra muchas personas trans.

La violencia y los abusos contra las personas trans han aumentado durante la pandemia. En algunos casos, esto es consecuencia directa de las medidas de confinamiento que obligan a las personas trans a aislarse y convivir con familiares hostiles. Otras se han visto forzadas a ponerse en peligro para ganarse la vida; esto ocurre sobre todo con las personas trans trabajadores/as sexuales, que se han arriesgado a exponerse al virus o que atienden a clientes en lugares poco seguros para seguir trabajando durante el confinamiento.

La pandemia también ha revelado cómo los años de discriminación han empujado a muchas personas trans a la marginación, haciéndolas vulnerables a los estragos económicos de la COVID-19. Con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, Amnistía habló con personas trans de todo el mundo sobre sus experiencias durante la pandemia. Sus testimonios dejan claro que los sistemas económicos, de empleo y de salud establecidos de todo el mundo marginan a menudo a las personas trans de maneras únicas.

Medios de vida limitados

En muchas partes del mundo, las personas trans están excluidas de la educación o del empleo formales, lo que las confina a un abanico limitado de oportunidades laborales; gran parte del trabajo disponible es informal o está en sectores que se han visto muy afectados por la pandemia.

Por ejemplo, en India, Bangladesh y Pakistán, las mujeres trans, conocidas culturalmente como khwaja siras o hijras, están excluidas de muchas oportunidades de educación y de empleo, y a menudo se ganan la vida desempeñando funciones ceremoniales en bodas y nacimientos, como trabajadoras sexuales o mendigando.

Cuando se impusieron medidas de confinamiento en estos países, este tipo de trabajos se paralizaron por completo. Activistas trans de las regiones paquistaníes de Punyab y Sind dijeron a Amnistía que conocían a mujeres trans que, tras la imposición del confinamiento, dejaron de poder pagar el alquiler y se habrían quedado en la calle de no ser por apoyo de otras mujeres y activistas trans.

Brenda, activista trans filipina que trabaja en varios países del sudeste asiático, dijo que los principales medios de vida de las mujeres trans de la región son el trabajo sexual, la participación en concursos de belleza y las actuaciones en diversos locales de ocio. La distancia social y las medidas de confinamiento afectaron a todos estos sectores y las mujeres trans se quedaron sin ingresos de la noche a la mañana.

Del mismo modo, en las Islas del Pacífico, como Samoa, Tonga y Fiyi, la mayoría de las mujeres trans —conocidas culturalmente como leiti, faʻafafine, vakasalewalewa, fakafefine y palopa en las diferentes islas— trabajan en el sector hostelero. Joey dijo que las mujeres trans perdieron su empleo masivamente cuando dejaron de llegar visitantes a las islas debido a la pandemia.

Es evidente que los obstáculos que afrontan históricamente las personas trans para trabajar han dejado a muchas de ellas en situaciones precarias. La pandemia está siendo devastadora económicamente para millones de personas, pero ha afectado en especial a quienes están excluidas del mercado laboral debido a la discriminación y el odio. No debería hacer falta una pandemia para llamar la atención sobre esto, pero ahora los gobiernos deben actuar para garantizar que las personas trans tienen igualdad de acceso al empleo y a la seguridad social.

Los peligros de los controles de identidad

Hay otras formas en que la pandemia ha tenido un impacto único en las personas trans.

En algunos países, las medidas de confinamiento han incluido la obligatoriedad de mostrar un documento de identidad cuando alguien sale de su domicilio para llevar a cabo tareas esenciales. Las personas trans y las no binarias que viven en países donde no pueden cambiar legalmente el género nos dijeron que esto tuvo como consecuencia una avalancha de hostigamiento y hostilidad.

Al principio de la pandemia, algunos países de Sudamérica, como Perú, Colombia y Panamá, designaron días concretos para que hombres y mujeres salieran de su domicilio para hacer tareas esenciales, lo que dejó a las personas trans expuestas a abusos, extorsión y acoso. Un vídeo especialmente impactante que se difundió en Internet mostraba a unos policías en Lima obligando a tres mujeres trans a ponerse en cuclillas y decir “Quiero ser un hombre”.

En algunos países, también se niega a las personas la documentación que necesitan para acceder a las prestaciones de la seguridad social.

Trinetra Haldar Gummaraju, estudiante de medicina y activista trans, contó a Amnistía India:

“Las personas transgénero no tienen acceso a la tarjeta Aadhar, a tarjetas de racionamiento, a la tarjeta PAN y a un montón de documentos de identidad que te darían acceso a servicios básicos.

Atención médica

El acceso a la atención médica está siendo también un problema importante para muchas personas trans durante la pandemia.

Personas trans de diferentes regiones dijeron a Amnistía que la pandemia ha exacerbado el estigma y la discriminación que sufren históricamente en el acceso a la atención médica.

Un problema grave es la inexistencia de atención médica específica para personas trans, lo que hace que éstas tengan que recurrir a foros de Internet o a las experiencias de otras personas trans para tomar decisiones importantes sobre medicación y tratamiento. Este sistema de apoyo entre iguales es valioso, pero conlleva riesgos. Rumi Dalle, mujer trans de Líbano, nos contó que la gente tiende a creer que no tiene más opción que tomar medicamentos sin prescripción y ponerse inyecciones de hormonas del mercado negro sin supervisión médica. Escuché historias similares sobre la inexistencia de apoyo y supervisión médicas a personas trans de Filipinas, Tanzania, Pakistán, India, Sri Lanka y Kosovo.

En países de Europa y en Estados Unidos, donde existe cierta atención médica específica para personas trans, el tratamiento de afirmación de género y las operaciones se pospusieron al modificarse las prioridades de los servicios de salud para responder a la pandemia, lo que ha tenido como consecuencia toda una serie de problemas de salud física y mental. Las restricciones de los viajes también han afectado a quienes tienen que viajar a otros países para recibir un tratamiento de afirmación de género o atención médica. Esto es lo que suele ocurrir cuando no se puede obtener el reconocimiento legal de la identidad de género en el propio país y no existe apoyo médico para ello.

Falta de apoyo

Cuando preguntamos a las personas trans si habían recibido apoyo del gobierno durante la pandemia, muchas reaccionaron con incredulidad. Una mujer trans filipina habló del asesinato de Jennifer Laude, cuyo asesino fue indultado tras haber cumplido sólo la mitad de la condena.

“El presidente Duterte indultó al asesino de una mujer trans. Ese es el peor bofetón que podemos recibir como mujeres trans […] si hacen que matar a personas trans sea tan fácil, ¿qué cabe esperar del gobierno [durante la pandemia]? Ningún apoyo en absoluto”.

Ante la inexistencia de ayudas oficiales y de planes de incentivos específicos, muchas personas trans han tenido que recurrir a la ayuda de otros miembros de la comunidad trans o de la comunidad LGBTI en general. Hay algunos ejemplos alentadores de activistas y comunidades trans que se han unido en esfuerzos locales para ayudar a quienes más lo necesitan. En Latinoamérica, la organización RedLacTrans creó una red de solidaridad que unió a 18 países de la región y proporcionó fondos limitados para cubrir necesidades básicas, como alimentos, para quienes más lo necesitaban. En Pakistán, activistas trans se unieron para difundir conocimientos básicos de higiene y desinfección, y repartió desinfectantes, inmunoestimulantes y mascarillas.

Pero los y las activistas no deberían tener que cubrir los huecos que deja el Estado con su inacción. Los gobiernos tienen que examinar atentamente los daños que la pandemia ha causado a las personas trans y tomar medidas inmediatas para proteger sus derechos.

Esto significa cuestionar y derribar las barreras institucionalizadas y sistémicas que encuentran las personas trans para acceder y conservar un empleo formal y las prestaciones que conlleva; proporcionar atención médica, seguridad alimentaria y alojamiento adecuados y oportunos, y proteger a las personas trans de la violencia y el hostigamiento.

Respetar y promover los derechos humanos de las personas trans es una obligación nacional e internacional de todo gobierno. Mientras la pandemia hace estragos en todo el mundo, los gobiernos deben reconocer su responsabilidad de impedir que quienes ya están en los márgenes de la sociedad caigan al abismo.