La organización pide a los miembros del Parlamento de Túnez que consideren prioritaria la reforma de toda legislación que penalice o coarte de otra forma el legítimo derecho a la libertad de expresión, incluidas las disposiciones del Código Penal y el Código de Telecomunicaciones, y que traten la difamación simplemente como acto ilícito civil

Las autoridades tunecinas deben abstenerse inmediatamente de utilizar leyes desfasadas, represivas y excesivamente amplias para procesar a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión en Internet; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional en el lanzamiento de su campaña y el detallado documento que la acompaña.

Amnistía Internacional concluye que, de 2018 a 2020, al menos 40 personas —entre blogueros/as, administradores/as de páginas de Facebook con gran número de seguidores/as, activistas de la política y defensores/as de derechos humanos— han sido procesadas sólo por publicar en Internet comentarios críticos con la policía o con autoridades locales o estatales. 

"Es verdaderamente alarmante que, diez años después de la revolución, se esté actuando contra activistas y blogueros/as mediante procesamientos en virtud de unas leyes que se remontan a los tiempos de la represión en Túnez, sólo por publicar sus opiniones en Facebook. En lugar de intentar acallar las críticas, las autoridades tunecinas deberían defender el derecho de toda persona a expresarse con libertad y seguridad, sin temor a sufrir represalias”, ha declarado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Estos procesamientos hacen peligrar los avances en materia de derechos humanos logrados hasta ahora en Túnez, donde el derecho a la libertad de expresión es un valor de la revolución conquistado con gran esfuerzo. Pedimos a las autoridades legislativas que consideren prioritaria la reforma de todas las disposiciones jurídicas excesivamente amplias y en gran medida desfasadas que permiten la represión, para evitar nuevos retrocesos y cumplir plenamente la obligación de Túnez de respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión.”

Aunque en la mayoría de estos casos no se dictó finalmente pena de prisión, la citación para interrogatorio, la acusación formal y el propio juicio por cargos que conllevan prisión equivalen a hostigar e intimidar a quien expresa opiniones críticas sobre una autoridad pública, y sin duda tendrán un efecto disuasorio. 

Aunque Túnez se considera el único caso de éxito de la Primavera Árabe y ha recibido aplausos por fomentar un entorno seguro para expresiones de todo tipo, ahora su Ministerio del Interior amenaza abiertamente con procesar a quien critique legítimamente la conducta policial, y el número de personas procesadas por publicaciones en Facebook donde se destapan casos de presunta corrupción, se critica a las autoridades o se "insulta" a cargos públicos no ha parado de crecer.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Túnez que protejan la libertad de expresión en el país retirando todos los cargos contra las personas investigadas o procesadas por ejercer pacíficamente la libertad de expresión, ordenando paralizar todos los enjuiciamientos por delitos de expresión y dando instrucciones a las autoridades del Estado para que no sigan iniciando tales acciones ni amenazando con iniciarlas.

La organización pide a los miembros del Parlamento de Túnez que consideren prioritaria la reforma de toda legislación que penalice o coarte de otra forma el legítimo derecho a la libertad de expresión, incluidas las disposiciones del Código Penal y el Código de Telecomunicaciones, y que traten la difamación simplemente como acto ilícito civil.

Creciente intolerancia de la crítica

En los últimos dos años, las autoridades tunecinas se han mostrado cada vez más intolerantes con quienes critican a las autoridades o las instituciones públicas y han emprendido un número creciente de acciones penales contra blogueros/as y usuarios/as de Facebook por expresar opiniones que consideran “insultantes” o “irrespetuosas”.

El Ministerio del Interior, los sindicatos policiales y las autoridades locales han amenazado cada vez más con el procesamiento en estos dos años, a veces como respuesta a críticas sobre la conducta policial o a campañas para reclamar rendición de cuentas.

El 18 de octubre de 2019, el Ministerio del Interior emitió una declaración en la que anunciaba “acciones judiciales contra quienes de manera intencionada ofendan, cuestionen o atribuyan falsas acusaciones a sus departamentos” y añadía que las “declaraciones repetidas recientemente por personas de diversa clase y filiación en algunos sitios web y en los medios de comunicación se consideran peligrosas y pueden poner en peligro la institución de seguridad”.

Sólo en octubre de 2020 se citó a al menos cinco activistas para investigación por criticar a las fuerzas de seguridad en Internet con motivo de una campaña contra un proyecto de ley dirigido a reforzar la impunidad. 

Según ha averiguado Amnistía Internacional, las disposiciones aplicadas con mayor frecuencia para enjuiciar a personas por expresarse en Internet pertenecen al Código Penal, el Código de Telecomunicaciones y el Decreto Ley 115 sobre la Libertad de Prensa.

Por ejemplo, el 7 de octubre de 2020, Myriam Bribri, activista contra la impunidad, recibió una citación de la policía judicial de Sfax después de publicar una opinión crítica sobre la policía en Facebook. Al día siguiente se presentó para ser interrogada sobre una denuncia del secretario general del sindicato de las fuerzas de seguridad en Sfax, donde se la acusaba de “insultos a la policía”.

El derecho internacional de los derechos humanos no reconoce el “insulto” como delito y lo considera protegido por la libertad de expresión.

Myriam Bribri fue detenida y puesta bajo custodia antes de su traslado a la sede judicial ese mismo día, acusada en aplicación del artículo 86 del Código de Telecomunicaciones, que establece penas de hasta dos años de cárcel por el uso de redes de telecomunicaciones para “causar daño intencionadamente a otras personas o alterar su paz”. Myriam Bribri dijo que había tenido que esperar al menos dos horas en la sede hasta que se informó a su equipo defensor de que su juicio comenzaba esa misma tarde. El juez aceptó la solicitud de aplazamiento de la vista y libertad provisional para Myriam presentada por el equipo defensor. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 14 de diciembre de 2020.

En otro caso, el 6 de octubre de 2020, Imed Ben Khoud, activista de la sociedad civil de Kairouan, compartió en Facebook una viñeta de un dibujante anónimo que representaba a los agentes de policía como “perros” y la sede del Ministerio del Interior tunecino como “perrera”. El 12 de octubre fue detenido por la Guardia Nacional e interrogado en relación con los mismos delitos en virtud del Código de Telecomunicaciones. Quedó en libertad sin cargos ese mismo día, pero la investigación continúa abierta.

Autoridades locales han usado asimismo disposiciones del Código Penal para procesar a quienes las critican, como es el caso del bloguero Anis Mabrouki. El 13 de abril, el bloguero Anis Mabrouki publicó un vídeo en su página de Facebook en el que se veía a numerosas personas congregadas ante la sede cerrada de la alcaldía de Teburba (localidad situada a 30 kilómetros de la capital, Túnez) para exigir la ayuda económica prometida por el gobierno en el contexto del confinamiento de la COVID-19. Criticaba que las autoridades no atendieran a las personas en situación de necesidad y acusaba al alcalde de no gestionar debidamente el reparto de ayuda humanitaria. Al día siguiente recibió una citación de las autoridades, después de que el alcalde presentara cargos en su contra. El 15 de abril, Anis Mabrouki fue acusado de “causar ruidos y disturbios públicos” y de "acusar a autoridades de delitos relacionados con su cargo sin pruebas de su culpabilidad" en aplicación de los artículos 316 y 128 del Código Penal. Anis fue detenido y permaneció dos semanas en prisión preventiva, hasta que el 30 de abril fue absuelto por el tribunal de primera instancia de la ciudad de Manouba.

En su campaña, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Túnez que dejen de procesar a personas por ejercer su legítimo derecho a expresarse de manera pacífica, y que reformen toda legislación que represente una amenaza para la libertad de expresión en Túnez.