Marruecos obstaculiza el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos con medidas como hostigar a sus miembros, bloquear los procesos legales de inscripción en el registro y, en ocasiones, golpear a activistas y periodistas detenidos o en la calle

19 hombres llevan 10 años en prisión: la justicia procesal, a examen

La máxima instancia judicial de Marruecos está examinando la causa abierta contra 19 hombres saharauis que están encarcelados desde 2010, cuando se produjeron violentos enfrentamientos con la policía, han manifestado Human Rights Watch y Amnistía Internacional hoy. Se espera que dicte sentencia el 25 de noviembre. Los condenados cumplen penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, que les fueron impuestas en juicios empañados por denuncias de tortura.

El Tribunal de Casación sometió a examen un fallo dictado por el tribunal inferior el 4 de noviembre, cuatro días antes del décimo aniversario del incidente que dio lugar la causa, a saber, el desmantelamiento por las fuerzas de seguridad marroquíes de un campamento de protesta en Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos. Los acusados fueron declarados culpables en primera instancia por un tribunal militar en 2013, y un tribunal civil de apelación confirmó la sentencia en 2017. Se los responsabilizó de la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos que tuvieron lugar tras el desmantelamiento del campamento. En ambos casos la sentencia se basó en gran medida en confesiones que los acusados habían impugnado. 

“El Tribunal de Casación es la última oportunidad de encarrilar debidamente el juicio de Gdeim Izik”, ha afirmado Eric Goldstein, director en funciones de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África. “Todas las personas afectadas –los causados, los policías muertos y sus familias– merecen que se haga realmente justicia en un juicio que sea justo y que se vea que es justo.”

El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron a desmantelar el campamento de Gdeim Izik, formado por alrededor de 6.500 tiendas que la población saharaui había levantado un mes antes para protestar por las condiciones sociales y económicas que soportaba en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos. En los enfrentamientos violentos que se produjeron a continuación en el campamento y en la cercana localidad de El Aaiún murieron 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, unos atropellados por vehículos y otros asesinados con puñales y espadas artesanales. Según la sentencia dictada por escrito en el juicio de 2017, al menos a uno le cortaron la garganta.

Las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon y maltrataron reiteradamente a las personas detenidas inmediatamente después de los enfrentamientos. Posteriormente, 25 saharauis fueron acusados de formar una banda delictiva” y de participar o ser cómplices en actos de violencia contra las fuerzas de seguridad “con resultado de muerte con intención”, entre otros delitos.

Uno de ellos quedó en libertad en 2011, y en 2013 un tribunal militar dejó también libres a otros dos e impuso largas penas de prisión a los 22 restantes, uno de los cuales, que había huido a España, fue condenado in absentia a cadena perpetua. El tribunal los declaró culpables basándose casi por completo en sus confesiones ante la policía o en declaraciones que implicaban a otros acusados, sin investigar debidamente sus denuncias de que los habían torturado para obligarlos a firmarlas. Denunciaron torturas como brutales palizas, en algunos casos mientras estaban suspendidos por las muñecas y las rodillas, agresión sexual, incluida violación con un objeto, y extracción de uñas de manos y pies.

La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos por el derecho internacional y por la Constitución de Marruecos. También el Código Penal del país penaliza la tortura, y el Código de Procedimiento Penal dispone que las confesiones obtenidas por medio de “violencia” o “coacción” son inadmisibles en los tribunales. Sin embargo, en el sistema judicial marroquí se han dado muchos casos de uso confesiones como prueba principal para dictar sentencia, sin investigar las denuncias de haber sido obtenidas por medio de tortura u otras formas de coacción ilegal.

En 2016, el Tribunal de Casación anuló la sentencia del tribunal militar contra los acusados de Gdeim Izik por considerar que estaba basada en pruebas no concluyentes. La causa se remitió entonces a un tribunal civil para que se celebrar un nuevo juicio. Marruecos aprobó en 2014 una ley que ponía fin a los juicios de civiles ante tribunales militares, pero no era aplicable con carácter retroactivo al juicio de Gdeim Izik de 2013.

En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Salé, ciudad próxima a Rabat, la capital marroquí, declaró a los 22 hombres culpables, tras examinar nuevas pruebas presentadas por el fiscal y por las familias de los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados, que se personaron en la causa en tanto que víctimas de los delitos (parties civiles). Sin embargo, la defensa impugnó totalmente tanto las nuevas pruebas como la inclusión de las familias en la causa en el último momento y se retiró del juicio como protesta por su “flagrante injusticia”, como dijeron los abogados defensores a Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones utilizó también las declaraciones que los acusados habían hecho ante la policía en 2010, a pesar de que aseguraban haberlas hecho bajo tortura. El tribunal ordenó practicar exámenes médico-forenses a los acusados que accedieran a ello siete años después de sus interrogatorios. Tras concluir los médicos encargados de los exámenes que, dado el tiempo transcurrido, era imposible asegurar si había habido o no tortura, el tribunal admitió las confesiones, junto con las pruebas recién presentadas.

El Comité de la ONU contra la Tortura determinó en 2016, en relación con una comunicación que le había dirigido uno de los acusados, Naâma Asfari, que Marruecos no había investigado las denuncias de tortura y que su tribunal militar se había basado en una declaración obtenida por medio de tortura.

“Los tribunales deberían haber investigado las denuncias de tortura de los acusados con prontitud, no siete años después”, ha señalado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “El hecho de no haberlas investigado antes y la decisión de admitir como prueba confesiones empañadas por tortura cuestionan estos procedimientos.”

Dos de los acusados fueron condenados a penas de la misma duración que el tiempo que llevaban ya detenidos y fueron puestos en libertad. Los otros 20, incluido el juzgado in absentia por haber huido a España, fueron condenados a entre 20 años de prisión y cadena perpetua

Tras dictar el tribunal civil su sentencia, los 19 presos, que hasta entonces habían estado recluidos en la misma cárcel en Salé, fueron trasladados a distintas prisiones de Marruecos. Desde entonces, algunos se han declarado reiteradas veces en huelga de hambre para protestar por presuntos abusos como negación de atención médica y de las visitas familiares y abuso de la reclusión en régimen de aislamiento. También han exigido su traslado a prisiones más próximas a los lugares donde viven sus familias en el Sáhara Occidental. Las prisiones que los acogen en la actualidad están a entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, la ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias.

Las autoridades han impedido a Claude Mangin, la esposa de Asfari, que es ciudadana francesa y vive en Francia, visitarlo en varias ocasiones. En noviembre de 2019, le comunicaron por medio de un documento oficial que tenía prohibido entrar en Marruecos por ser una “amenaza para el orden público”. Durante sus visitas, Mangin ha establecido contactos con activistas en favor de la autodeterminación saharaui y ha expresado claramente su apoyo pacífico a ellos.

El Tribunal de Casación no examina los hechos de la causa, sino sólo las cuestiones de procedimiento, los abusos de autoridad y la aplicación indebida de la ley. En su sentencia, que se espera para el 25 de noviembre, puede anular la del tribunal inferior, como hizo en 2016, y ordenar un nuevo juicio. Si no lo hace, el sentencia del Tribunal de Apelaciones de Salé de 2017 se considerará firme, con lo que los acusados no tendrán más opción que solicitar un indulto real para quedar en libertad antes de haber cumplido sus condenas.

La mayor parte del Sáhara Occidental, territorio no autónomo según las Naciones Unidas, está bajo el control de facto de Marruecos desde que se lo arrebató a España, su anterior administrador colonial, en 1975. El gobierno lo considera territorio marroquí y rechaza las demandas de celebración de una votación sobre la autodeterminación, que incluiría la opción de la independencia. Esta opción estaba incluida en el referéndum que Marruecos y el Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, acordaron celebrar en un acuerdo de alto el fuego auspiciado por la ONU en 1991. La comunidad internacional no reconoce la anexión de facto marroquí.

Las autoridades de Marruecos impiden sistemáticamente las concentraciones convocadas en el Sáhara Occidental en favor de la autodeterminación saharaui. Marruecos obstaculiza el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos con medidas como hostigar a sus miembros, bloquear los procesos legales de inscripción en el registro y, en ocasiones, golpear a activistas y periodistas detenidos o en la calle.