Las órdenes de ejecución que se han dictado son la de un hombre el 19 de noviembre, una mujer el 8 de diciembre, y otro hombre el 10 de diciembre. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla una violación de la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante

Dos hombres y una mujer declarados culpables en virtud de legislación federal estadounidense se enfrentan a la ejecución en noviembre y diciembre de 2020. Tras una pausa de 17 años, la administración Trump reanudó las ejecuciones federales el 14 de julio de 2020, y dio muerte a siete hombres a lo largo de diez semanas. Los casos de estos hombres reflejaban la preocupación por la arbitrariedad, el sesgo racial y la imparcialidad que desde hace mucho afectan al sistema de pena de muerte de Estados Unidos, así como el desprecio por las restricciones que el derecho internacional impone al uso de la pena de muerte. Instamos al fiscal general de Estados Unidos a retirar todas las órdenes de ejecución pendientes y abandonar cualquier plan de llevar a cabo nuevas ejecuciones.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal general / Attorney General
William Barr

U. S. A. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001

Línea para comentarios del DOJ: 202-353-1555.

Correo-e: askdoj@usdoj.gov

Señor Fiscal General Barr:

Me dirijo a usted para pedirle que cancele las ejecuciones de las tres personas declaradas culpables en virtud de la legislación federal estadounidense, unas ejecuciones programadas en estos momentos para el 19 de noviembre y para el 8 y 10 de diciembre de 2020.

Tras llevar a cabo siete ejecuciones en poco más de dos meses, su administración ha ejecutado ya en 2020 a más personas que el resto del país junto, y ha triplicado la cifra total de ejecuciones federales registrada desde 1977, cuando Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales tras la era de Furman v. Georgia.

Este implacable afán de llevar a cabo ejecuciones no sólo ha puesto de manifiesto los defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho tiempo afectan al sistema de pena capital de Estados Unidos, sino que además ha mostrado el cruel desprecio por parte de la administración respecto a las salvaguardias y restricciones establecidas por el derecho y las normas internacionales para garantizar la protección de los derechos de quienes se enfrentan a la pena de muerte. El sesgo racial y la deficiente asistencia letrada son algunos de los factores comunes que han contribuido a decisiones judiciales poco fiables sobre la vida y la muerte, incluso para personas con discapacidad mental e intelectual grave. Le pido que intervenga y dirija la urgente revisión del fallido sistema de pena capital de Estados Unidos.

A fecha de hoy, 22 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia han abolido la pena de muerte, y otros 11 no han llevado a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años.

Le animo a hacer cuanto esté en su mano para detener las ejecuciones programadas y poner fin a este ciclo de violencia.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 14 de julio de 2020, las autoridades estadounidenses reanudaron las ejecuciones de personas declaradas culpables en virtud de legislación federal tras una pausa de 17 años. La muerte de Daniel Lewis Lee se certificó más de 16 horas después del momento programado inicialmente para su ejecución. Después de que la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, corte federal, eliminara el último impedimento para la ejecución, las autoridades federales procedieron a administrar de inmediato la inyección letal al condenado sin notificárselo adecuadamente a su abogado y con varias mociones legales sobre su caso aún pendientes. La muerte de Wesley Ira Purkey se certificó el 16 de julio, también 16 horas después del momento programado para su ejecución. Los abogados de Purkey presentaron una moción ante el tribunal federal de primera instancia del Distrito de Columbia para pedir una suspensión de la ejecución alegando que su cliente sufría alzheimer y le habían diagnosticado trastorno de estrés post-traumático complejo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave y psicosis, lo que lo hacía no apto para ser ejecutado. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental (psicosocial) o intelectual. La suspensión dictada por el tribunal federal de primera instancia, que alegaba que Wesley Ira Purkey había presentado pruebas sustanciales de su carácter no apto para ser ejecutado, fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos por cinco votos contra cuatro en la madrugada del 16 de junio, sin explicar los motivos de esa decisión. Dustin Honken fue ejecutado el 17 de julio. Sus abogados subrayaron que su juicio y su vista de determinación de la pena se habían visto afectados por la conducta indebida e inefectiva de sus abogados iniciales, que no habían informado al jurado de la discapacidad mental de su cliente y de su difícil historia.

La ejecución de Lezmond Mitchell, indígena navajo, se llevó a cabo el 26 de agosto a pesar de la petición de suspensión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alegó que se había violado el derecho del acusado a un juicio justo, y que la ejecución violaría asimismo el derecho a la identidad cultural de la nación navajo y socavaría el derecho a la libre determinación, ya que los navajos se oponen activamente a la aplicación de la pena de muerte a sus miembros. Los abogados de Mitchell destacaron también la preocupación por la posibilidad de que tanto la selección de los miembros del jurado como la decisión del jurado sobre el caso se hubieran visto afectadas por la discriminación racial. La ejecución de Keith Dwayne Nelson se llevó a cabo el 28 de agosto. Los abogados de Nelson subrayaron que lo inefectivo de la asistencia letrada que había recibido durante el juicio había dado lugar a errores cruciales, y el jurado no tuvo conocimiento de factores atenuantes en el caso, incluidos los reiterados abusos sexuales y físicos que el acusado sufrió durante su traumática infancia.

William Emmett LeCroyfue ejecutado el 22 de septiembre. Sus abogados habían alegado que lo ineficaz de la asistencia letrada recibida durante el juicio había dado lugar a que no se presentaran adecuadamente ante el jurado pruebas y testimonios atenuantes sobre los abusos sexuales que LeCroy había sufrido durante su infancia y sobre su largo historial de discapacidad mental, pero los tribunales rechazaron las apelaciones. Christopher Vialvafue ejecutado el 24 de septiembre por un delito que se había cometido cuando acababa de cumplir 19 años, pese a que las investigaciones científicas han demostrado que el desarrollo del cerebro y la maduración psicológica y emocional de una persona continúan durante la veintena. Sus abogados habían expresado preocupación por lo inadecuado de la asistencia letrada que había recibido, que no había investigado las pruebas y testimonios sobre su traumática infancia y sus discapacidades mental e intelectual. Christopher Vialva fue el primer negro ejecutado por el gobierno federal desde su reanudación de las ejecuciones.

Las siete ejecuciones tuvieron lugar en el Centro Penitenciario Federal de Terre Haute, Indiana. El afán de llevar a cabo estas ejecuciones, que incluye la apresurada reprogramación y el llevar a cabo órdenes de ejecución expiradas y mientras había mociones pendientes, muestra un total desprecio por parte de las autoridades federales de las salvaguardias internacionales que deben respetarse en todos los casos de pena de muerte, y es una prueba más de los defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho afectan al uso de la pena de muerte en Estados Unidos. En su opinión discrepante en Barr v. Purkey, a la que se unió la jueza, ya fallecida, Ruth BaderGinsburg, el juez Stephen Breyer, de la Corte Suprema de Estados Unidos, concluyó: “El gobierno ha reanudado las ejecuciones después de una pausa de 17 años. Y los primeros casos revelan las mismas deficiencias básicas que han estado presentes desde hace mucho tiempo en muchos casos estatales. El hecho de que estos problemas hayan surgido con tanta rapidez sugiere que son producto, no de una jurisdicción particular o del trabajo de un tribunal, fiscal o abogado defensor específicos, sino de la pena en sí. Un sistema moderno de justicia penal debe ser razonablemente exacto, justo, humano y oportuno. Nuestra experiencia reciente con la reanudación de las ejecuciones por parte del gobierno federal se suma a las pruebas cada vez más abundantes de que la pena de muerte no puede conciliarse con esos valores. Sigo convencido de la importancia de reconsiderar la constitucionalidad de la pena capital en sí.”

Las órdenes de ejecución que se han dictado son la de un hombre el 19 de noviembre, una mujer el 8 de diciembre, y otro hombre el 10 de diciembre. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, por considerarla una violación de la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 10 de diciembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Personas en peligro de ser ejecutadas por la jurisdicción federal estadounidense (masculino y femenino)

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/3082/2020/es/