Martes, 03 de noviembre, 2020
En una declaración conjunta, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ILGA-Europa, Freemuse, Front Line Defenders y Campaña contra la Homofobia piden a la Fiscalía General que retire los cargos y garantice que estas mujeres pueden llevar a cabo su labor de defensa de los derechos humanos sin sufrir acoso ni represalias a manos de las autoridades
Amnistía Internacional se suma a destacadas organizaciones de derechos humanos para pedir a las autoridades polacas que retiren los cargos —que comportan hasta dos años de prisión— contra tres mujeres por publicar carteles donde aparecía la Virgen María con un halo de colores de la bandera arcoíris del movimiento LGBTI, con antelación al comienzo de su juicio este miércoles.
En todo el mundo, más de 140.000 personas se han sumado a una campaña internacional para pedir a la Fiscalía General que retire los cargos contra las tres defensoras de derechos humanos —Elżbieta, Anna y Joanna— procesadas por “ofender creencias religiosas”.
"Dada la falta absoluta de pruebas de delito, está claro que se juzga a estas tres mujeres por su activismo pacífico”, ha manifestado Catrinel Motoc, directora de campañas de Amnistía Internacional sobre Europa.
“Crear, tener o distribuir carteles como los que retratan a la Virgen María con los colores del arcoíris está protegido por el derecho a la libertad de expresión y no debería ser delito. Deben retirarse los cargos contra Elżbieta, Anna y Joanna, y las autoridades polacas deben reformar la legislación sobre el derecho a la libertad de expresión para ponerla en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.”
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con press@amnesty.org, stefan.simanowitz@amnesty.org, +44 2030365599.
La primera vista de la causa tendrá lugar el 4 de noviembre de 2020 en la localidad de Plock.
En una declaración conjunta, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ILGA-Europa, Freemuse, Front Line Defenders y Campaña contra la Homofobia piden a la Fiscalía General que retire los cargos y garantice que estas mujeres pueden llevar a cabo su labor de defensa de los derechos humanos sin sufrir acoso ni represalias a manos de las autoridades.