El informe de Amnistía Internacional examina y analiza el desempeño de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de África: la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana), el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (Comité Africano del Niño) y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte Africana)

Por segundo año consecutivo, Amnistía Internacional ha documentado que varios gobiernos africanos menoscaban seriamente la labor de los órganos regionales de derechos humanos al incumplir las decisiones que estos adoptan, hacer caso omiso de sus llamamientos urgentes, desatender la obligación de informar a dichos órganos sobre la situación de los derechos humanos en sus países y negarles los recursos que necesitan en forma acuciante para funcionar. Los gobiernos también relegaron los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores al no ratificar instrumentos vinculados con su protección.

En la segunda edición de The State of African Regional Human Rights Bodies and Mechanisms 2019-2020, que se presentó con ocasión del Día Africano de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional manifestó que los mecanismos que se establecieron para proteger los derechos humanos en el continente atraviesan enormes dificultades y enfrentan amenazas que ponen en riesgo su continuidad, al menos en el caso de uno de ellos.

“Ante la magnitud de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en todo el continente, los órganos regionales de derechos humanos son fundamentales para asegurar justicia y rendición de cuentas”, expresó Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional.

“Es importante que se proteja y se brinde pleno apoyo a estos mecanismos. Representan canales alternativos indispensables para que las personas intenten obtener justicia y recursos efectivos cuando los sistemas nacionales no son imparciales o no resultan adecuados”. 

El informe de Amnistía Internacional examina y analiza el desempeño de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de África: la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana), el Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (Comité Africano del Niño) y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte Africana).

La Corte Africana de Derechos Humanos atraviesa una crisis existencial 

El informe advierte que, tras la decisión de tres gobiernos —Benín, Costa de Marfil y Tanzania— de suprimir el derecho de las personas y las ONG a presentar casos directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, peligra la continuidad de ese tribunal. Ruanda suprimió este derecho en 2016. Con esa decisión, ya son cuatro los países que restringen el acceso a esta vía fundamental para obtener justicia.

Amnistía Internacional concluyó que Benín, Costa de Marfil y Tanzania suprimieron este derecho como reacción ante decisiones que consideraban desfavorables, en un contexto de cada vez más intolerancia con los defensores y las defensoras de los derechos humanos y de deterioro generalizado de la situación de los derechos humanos en esos países.

Tanzania eliminó el derecho en noviembre de 2019, al sostener de manera engañosa que la corte había considerado cuestiones que deberían haberse abordado en los tribunales internos. Benín y Costa de Marfil retiraron la declaración de competencia de la corte en marzo y abril de 2020, respectivamente. Benín rechazó la orden de la corte que suspendió la confiscación de los bienes de un demandante en una controversia con un banco, al considerar que la decisión atentaba contra los intereses económicos y la estabilidad política del país. Con respecto a Costa de Marfil, el descontento se debió a la decisión de la corte de suspender una orden internacional de arresto contra el ex primer ministro Guillaume Soro y de otorgar la libertad bajo fianza a 19 miembros de la oposición política que estaban detenidos. El gobierno sostuvo que la corte vulneró su soberanía.

“La decisión de estos países de actuar en represalia ante decisiones de la corte con las que no estuvieron de acuerdo resulta sumamente preocupante. Los Estados africanos deben abstenerse de hacer valer su peso político contra instituciones cuya misión es asegurar que todos y todas puedan obtener justicia, con independencia del signo político de sus gobiernos”, apuntó Netsanet Belay. 

Hasta el momento, la Corte Africana de Derechos Humanos ha dictado el mayor número de pronunciamientos contra Tanzania, por amplia diferencia. La mayor cantidad de casos en trámite también son contra ese país, casi todos vinculados con el derecho a un juicio justo.

Burkina Faso es el único país que ha cumplido en forma plena con las sentencias de la Corte Africana. Tanzania lo ha hecho parcialmente, mientras que Costa de Marfil ha presentado un informe de implementación a la corte. Benín, Kenia, Libia y Ruanda han recibido sentencias desfavorables que no han cumplido en absoluto, y algunos de esos países han manifestado, sin ningún reparo, que no tienen pensado acatar las órdenes ni las sentencias de la corte.

Ínfimo grado de cumplimiento y cooperación

Amnistía Internacional calificó de lamentable el grado general de observancia de las obligaciones de presentación de informes ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos por parte de algunos países africanos. Al 30 de junio de 2020, apenas seis países habían presentado informes periódicos, conforme lo exige la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Seis países —Comoras, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán del Sur— nunca presentaron ningún informe.

Los gobiernos respondieron apenas a 4 de los 14 llamamientos urgentes sobre presuntas violaciones de derechos humanos que emitió la Comisión Africana. La mayoría de esos llamamientos (el 57%) fueron intervenciones en nombre de defensores y defensoras de los derechos humanos. No obstante, no resulta claro si las cuatro respuestas abordaron aspectos sustantivos de estas alegaciones o si tan solo acusaron recibo de las comunicaciones de la comisión.

En el informe de Amnistía Internacional se señala que numerosos gobiernos africanos han impuesto diversas medidas para responder a la pandemia de COVID-19. Por lo general, para implementarlas se recurrió al uso excesivo de la fuerza, aprehensiones y detenciones arbitrarias, restricciones del espacio de la sociedad civil y negación indiscriminada del derecho a solicitar asilo.

“Las perturbaciones asociadas con los efectos de la COVID-19 han agudizado las dificultades que atraviesan los tres órganos de derechos humanos de África, que ya desde antes no recibían los fondos y recursos que necesitan. Pese a esto, los órganos demostraron haber logrado ciertos avances e innovaciones en algunas áreas de su trabajo, en marcado contraste con el estancamiento y los retrocesos observados en otros ámbitos”, expresó Netsanet Belay.

Personas con discapacidad y personas mayores

Un dato alarmante que comprobó Amnistía Internacional es que ni un solo Estado miembro de la Unión Africana ha ratificado el Protocolo sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en África, a dos años de la adopción de ese instrumento. Asimismo, a casi cinco años de la adopción del Protocolo relativo a las Personas de Edad en enero de 2016, solamente lo han ratificado dos países: Benín y Lesoto.

“La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos cumplirá 40 años en 2021. Resulta desalentador que tantos gobiernos todavía no hayan pasado de la retórica a la implementación de acciones concretas que respalden a los órganos e instrumentos regionales de derechos humanos. Ya es hora de que los Estados miembros de la Unión Africana lleven a la práctica los compromisos que asumieron en materia de derechos humanos y, entre otras medidas, agilicen la ratificación, la incorporación en la legislación nacional y la implementación de todos los instrumentos regionales de derechos humanos”, señaló Netsanet Belay.