Entre el mes de marzo y la actualidad, Amnistía Internacional ha examinado declaraciones oficiales de estos países, emitidas a través de cuentas del gobierno en las redes sociales, y comentarios procedentes de fuentes gubernamentales destinados a ser difundidos por la prensa nacional controlada

“Los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico —y concretamente Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (EAU) Kuwait y Omán— vienen usando la pandemia de COVID-19 como pretexto para seguir aplicando constantes preexistentes de represión del derecho a la libertad de expresión en 2020”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una detallada declaración.

En estos Estados, se están usando leyes deficientes para criminalizar las “noticias falsas” con el fin de citar, detener, investigar y enjuiciar a personas que publican en las redes sociales contenidos sobre la pandemia o sobre la respuesta del gobierno a esta.

Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:

“Los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico no han justificado por qué son necesarias y proporcionadas estas medidas para la protección de la salud pública. Se está sometiendo a personas a acoso e intimidación sólo por hablar de la pandemia en Internet, lo que vulnera claramente su derecho a la libertad de expresión”.

“Una vez más, los Estados del Consejo eligen usar los medios de que disponen para silenciar cualquier debate público, en este caso sobre la pandemia; es evidente que les preocupa más evitar el escrutinio público que proteger la salud pública. El acceso a la información es, de hecho, esencial para mantener a la ciudadanía actualizada sobre cómo protegerse del virus.

“Por tanto, pedimos a los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico no sólo que pongan fin a estas prácticas injustificadas y se aseguren de que las personas pueden expresarse sin temor a represalias, sino también que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar que difunden información fiable, accesible, basada en evidencias científicas y fidedigna, algo crucial para combatir la información falsa y engañosa”.

Entre el mes de marzo y la actualidad, Amnistía Internacional ha examinado declaraciones oficiales de estos países, emitidas a través de cuentas del gobierno en las redes sociales, y comentarios procedentes de fuentes gubernamentales destinados a ser difundidos por la prensa nacional controlada.

Información complementaria

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad de expresión, principalmente en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bahréin y Kuwait se han adherido al Pacto. Arabia Saudí, Omán y EAU están entre el aproximadamente 7% de Estados miembros de la ONU que no son partes en el Pacto.

Todos los Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico tiene leyes sobre “seguridad pública” excesivamente amplias que se usan con frecuencia para castigar expresiones protegidas. En los últimos años, los países del Golfo han añadido nuevas leyes represivas bajo el título de leyes antiterroristas o de seguridad informática, pero muchas disposiciones de sus históricos Códigos Penales son también incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y siguen empleándose para reprimir a quienes expresan críticas en Internet.

Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, como “noticias falsas” o “desinformación”, son incompatibles con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. El derecho internacional no permite las prohibiciones generales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos.