“Las autoridades no deben tomar ninguna medida que vulnere los derechos humanos de la población refugiada. Los autores de la violencia, que son personas pertenecientes a bandas delictivas, deben rendir cuentas de sus delitos violentos en juicios justos”, ha añadido Saad Hammadi

Las autoridades bangladeshíes deben garantizar la protección de la población refugiada rohinyá tras los enfrentamientos violentos entre bandas delictivas armadas que se vienen produciendo en los campos de acogida de Cox’s Bazaar, donde desde el 4 de octubre han muerto al menos ocho personas y centenares más han resultado heridas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Al menos 2.000 personas refugiadas rohinyás se han visto obligadas a abandonar sus lugares de albergue y dirigirse a otros campos de acogida desde que estalló la violencia entre dos facciones rivales que intentan controlar el comercio ilícito de drogas de contrabando en el interior de los campos. El 7 de octubre, al menos una decena de lugares de alberque quedaron totalmente destruidos por el fuego en el campo de Kutupalong.

“La situación dentro de los campos es sumamente precaria y, si las autoridades no toman las medidas necesarias para detener la violencia y proteger a las personas refugiadas, se corre un grave riesgo de que el derramamiento de sangre aumente”, ha afirmado Saad Hammadi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para el sur de Asia.

“Las principales víctimas son las personas refugiadas rohinyás atrapadas en medio de la violencia. Las autoridades bangladeshíes deben reforzar la seguridad en los campos durante tanto tiempo como sea necesario para garantizar su seguridad y abrir de inmediato una investigación sobre la violencia para poner a los responsables a disposición de la justicia.”

Personas refugiadas rohinyás han contado a Amnistía Internacional que los enfrentamientos tienen su origen en la disputa por el control de los campos entre un grupo que ha creado en ellos un cártel de la droga y otra facción armada llamada Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán. Según informes, la violencia estalló tras frustrarse la negociación de una alianza entre ambos grupos. Los medios de comunicación informan de que los dos utilizan armas de fabricación local y barras de hierro.

Las autoridades bangladeshíes enviaron más personal de seguridad a los campos el 6 de octubre, pero los enfrentamientos continúan. El mes pasado, AKM Mozammel Huq, ministro del gobierno bangladeshí, dijo que se iban a instalar torres de vigilancia y cámaras de televisión de circuito cerrado para aumentar la vigilancia dentro de los campos.

Según personas refugiadas rohinyás que han hablado con Amnistía Internacional, la violencia estalló en parte como consecuencia de una lucha por el control del comercio de tabletas de metanfetamina, droga de consumo recreativo que se fabrica en Myanmar y se introduce de contrabando en Bangladesh. Teniendo en cuenta los medios violentos que utiliza el gobierno bangladeshí para impedir el comercio de drogas ilegales, entre ellos presuntas ejecuciones extrajudiciales, la población refugiada teme que la intensificación de los enfrentamientos ponga aún más en peligro a las personas que viven en los campos.

De acuerdo con la organización de derechos humanos de Bangladesh Odhikar, entre agosto de 2017 y julio de 2020, las autoridades bangladeshíes mataron a más de 100 personas rohinyás, supuestamente en el contexto de las medidas aplicadas en Cox’s Bazar contra el comercio de drogas ilegales.

“Las autoridades no deben tomar ninguna medida que vulnere los derechos humanos de la población refugiada. Los autores de la violencia, que son personas pertenecientes a bandas delictivas, deben rendir cuentas de sus delitos violentos en juicios justos”, ha añadido Saad Hammadi.

La población refugiada rohinyá teme también que el gobierno de Bangladesh utilice la situación actual de violencia como pretexto para reubicarla en Bhashan Char, remota isla del golfo de Bengala que no cumple todavía los criterios de habitabilidad segura de las Naciones Unidas. Según ha explicado a Amnistía Internacional y a otros grupos de derechos humanos, no quiere ser reubicada allí debido a la situación de inseguridad y aislamiento.

“Reubicar a la población refugiada en Bhashan Char no pondrá fin a la inseguridad ni dará una solución duradera a la crisis de refugiados. Lo que tienen que hacer las autoridades es dialogar con la población refugiada rohinyá, tomar nota de sus motivos de preocupación y garantizar su participación en las decisiones que la afectan”, ha indicado Saad Hammadi.

Información complementaria

Más de 740.000 rohinyás huyeron de sus hogares en Myanmar tras los atroces crímenes cometidos por el ejército del país contra esta minoría como represalia por una serie de ataques llevados a cabo por combatientes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán contra 30 puestos de seguridad myanmaros el 25 de agosto de 2017. Personas refugiadas rohinyás que han hablado con Amnistía Internacional afirman que temen por su seguridad debido a la presencia en los campos del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán y de otras bandas delictivas que continúan activas en ellos, ampliando su red mediante el comercio ilícito de armas y drogas de contrabando.

Amnistía Internacional publicó en septiembre un informe, Let Us Speak For Our Rights, en el que pidió al gobierno de Bangladesh y a la comunidad local e internacional que trabajaran en colaboración para elaborar un documento normativo accesible públicamente, transparente y respetuoso con los derechos humanos a fin de garantizar la representación de la población refugiada rohinyá en las decisiones que la afectan.