“Pedimos a quienes integran el Parlamento de Túnez que defiendan los derechos humanos rechazando este deplorable proyecto de ley. Deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúan de conformidad con las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y responden de su uso arbitrario o excesivo”, ha dicho Amna Guellali

El Parlamento tunecino debe rechazar un proyecto de ley que reforzaría la impunidad de las fuerzas de seguridad y las eximiría de toda responsabilidad penal por el uso de medios letales para proteger sus edificios; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a un debate parlamentario sobre el proyecto de ley que tendrá lugar el 6 de octubre de 2020.

Con arreglo al artículo 7 del proyecto de Ley núm. 25/2015, las fuerzas de seguridad no tendrían responsabilidad penal por recurrir a medios letales para repeler ataques contra edificios de los servicios de seguridad si la fuerza empleada se considerara proporcional al peligro. El anteproyecto de ley fue presentado por el gobierno ante el Parlamento en abril de 2015 y nuevamente presentado en 2017 a instancias de la policía, y ha sido duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil tunecinas e internacionales.

“A pesar de contener cambios positivos que eliminan las alarmantes violaciones de los derechos a la libertad de expresión y a la información incluidas en borradores anteriores, el proyecto de ley mantiene disposiciones que impedirían la rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos”, ha declarado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Una y otra vez, organizaciones de la sociedad civil tunecinas e internacionales se han enfrentado a este proyecto de ley, advirtiendo de los efectos perniciosos que tendría sobre el Estado de derecho. De ser aprobada, esta ley reforzaría la cultura de impunidad imperante y transmitiría a las fuerzas de seguridad el alarmante mensaje de que tienen luz verde para usar la fuerza cuando lo consideren oportuno sin preocuparse de tener que rendir cuentas.”

Este proyecto de ley implica que las fuerzas de seguridad estarían legalmente autorizadas a responder con medios letales a los ataques contra edificios de los servicios de seguridad, aunque no existiera peligro para su vida o la de otras personas ni riesgo de sufrir graves lesiones.

De acuerdo con las normas internacionales, la policía sólo debe hacer uso de armas de fuego en defensa propia o de otras personas ante el peligro inminente de muerte o lesiones graves. Usar armas de fuego exclusivamente para proteger bienes está prohibido.

Las fuerzas de seguridad tunecinas disfrutan desde hace tiempo de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos que han cometido, como el  uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos en Tatatouine el pasado junio y las intervenciones de las fuerzas de seguridad que desembocaron en las muertes de Omar Laabidi y Aymen Othmani en 2018. La tortura y otros malos tratos infligidos a personas detenidas en operaciones antiterroristas, así como las prácticas arbitrarias durante los arrestos, han quedado en gran medida impunes. 

“Pedimos a quienes integran el Parlamento de Túnez que defiendan los derechos humanos rechazando este deplorable proyecto de ley. Deben garantizar que las fuerzas de seguridad actúan de conformidad con las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y responden de su uso arbitrario o excesivo”, ha dicho Amna Guellali.