Los activistas bangladeshíes en favor de los derechos afirman que es el gobierno de Bangladesh el que empaña la imagen del país al arrestar a unas personas que han cumplido sus condenas en el extranjero o han sufrido experiencias traumáticas tras ser explotadas por tratantes

Las autoridades de Bangladesh detuvieron a otros 32 trabajadores y trabajadoras migrantes que volvían al país tras ser expulsados de Siria, lo cual eleva al menos a 370 el número de personas sometidas a este tipo de detención arbitraria desde el 4 de julio de 2020. Los 32 trabajadores y trabajadoras, que habían sido detenidos en Siria cuando intentaban llegar a Italia y a otros países europeos, regresaron a Bangladesh el 13 de septiembre de 2020 tras la conmutación de sus penas de prisión por el gobierno sirio. Una vez allí, las autoridades bangladeshíes los detuvieron por “empañar la imagen del país” con su supuesta participación en actividades delictivas, aunque en ninguno de los casos se han aportado pruebas creíbles de estas actividades. Estas personas, cuyo arresto y detención viola las obligaciones contraídas por Bangladesh de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, deben quedar de inmediato en libertad salvo que sean acusadas sin demora de algún delito reconocible.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Ministro del Interior / Minister of Home Affairs
Mr. Asaduzzaman Khan, MP

Minister

Minister of Home Affairs

Bangladesh Secretariat

Dhaka-1000, Bangladesh

Fax: +88-02-9347290

Correo-e: minister@mha.gov.bd;

Con copia a lminister@probashi.gov.bd

Señor Ministro Khan:

Me preocupan mucho los reiterados arrestos de trabajadores y trabajadoras migrantes en Bangladesh. La detención arbitraria de 32 trabajadores y trabajadoras migrantes procedentes de Siria el 28 de septiembre de 2020 eleva el número de detenciones de este tipo de trabajadores y trabajadoras migrantes que regresaban de países como Kuwait, Bahréin, Qatar y Vietnam al menos a 370 desde julio de este año.

En todos los casos, la policía acusó a estas personas de “empañar la imagen del país” por su implicación en actividades delictivas en el extranjero. El tribunal de primera instancia de Dacca ha accedido a la petición policial de que permanezcan detenidas hasta que la policía pueda determinar el delito que han cometido, sin ni siquiera exigir ningún cargo o prueba concreto contra ellas.

El arresto y detención de estos trabajadores y trabajadoras sin que exista ninguna prueba creíble de que hayan cometido alguna actividad delictiva en territorio bangladeshí viola el compromiso de Bangladesh con el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe el arresto o la detención arbitrarias y protege el derecho a la libertad de toda persona.

Esto no sólo es una clara violación de sus derechos humanos, sino que no reconoce que los trabajadores y trabajadoras migrantes son vitales para la economía de Bangladesh, que en el ejercicio fiscal 2019-2020 recibió remesas por valor de 18.200 millones de dólares. El mal trato que reciben estas personas es una injusticia frente al duro trabajo que realizan, y empaña la imagen de su gobierno ante los ojos de la comunidad internacional.

Insto a su gobierno a que:

acuse de inmediato a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de algún delito común reconocible en aplicación de las leyes de Bangladesh garantizando el debido proceso necesario, o los ponga en libertad conforme a las obligaciones de este país con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Desde el 4 de julio de 2020, la policía de Bangladesh ha encarcelado al menos a 370 trabajadores y trabajadoras migrantes que han regresado al país. Las últimas víctimas de esta detención arbitraria son 32 trabajadores y trabajadoras bangladeshíes encarcelados el 28 de septiembre. Habían sido arrestados en Siria cuando trataban de llegar a Italia, Grecia y otros países europeos a través de intermediarios en la contratación. El gobierno sirio conmutó sus penas de prisión debido a la pandemia de COVID-19 y los envió a Líbano. Al llegar a Bangladesh, el 13 de septiembre, permanecieron en cuarentena durante dos semanas y después la policía los encarceló.

Amnistía Internacional ha conseguido copias de peticiones muy preocupantes de la policía a un tribunal de primera instancia de Dacca solicitando la detención de estos trabajadores y trabajadoras hasta que pudieran determinar qué delito han cometido. Según la policía, habían “empañado la imagen del país” con su presunta participación en actividades delictivas en el extranjero y podrían delinquir en Bangladesh en el futuro. Más preocupante aún resulta que el tribunal de Dacca haya accedido a tales peticiones sin existir una acusación concreta contra estas personas, violando con ello el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La detención de estos 32 trabajadores y trabajadoras sigue una preocupante tendencia que viene dándose desde el 4 de julio de 2020, fecha en que la policía pidió que 219 trabajadores y trabajadoras bangladeshíes que habían regresado al país —141 desde Kuwait, 39 desde Bahréin y 39 desde Qatar— quedaran detenidos por los mismos motivos. El 21 de julio, la policía pidió la detención de otros 36 trabajadores y trabajadoras migrantes que regresaban de Qatar, alegando que podrían verse implicados en atracos, conflictos familiares o actividades terroristas si quedaban en libertad. El 1 de septiembre, la policía encarceló a otros 81trabajadores y trabajadoras migrantes que regresaban de Vietnam y a otros dos que volvían de Qatar, por motivos y cargos similares.

Todos los trabajadores y trabajadoras fueron encarcelados en aplicación del artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, que permite a la policía arrestar a una persona cuando existan “sospechas razonables” de que pueda estar implicada en un acto delictivo fuera de Bangladesh.

Shahin, de 28 años, había estado trabajando cuatro años como sastre en Líbano. Su padre, LitonBorhania, de 50 años, dijo a Amnistía Internacional que en febrero de 2015 había pagado a intermediarios en la contratación casi 6.000 dólares estadounidenses (500.000 takas de Bangladesh) para que facilitaran su viaje a Líbano. Desde entonces, Shahin, el mayor de cinco hermanos y hermanas, ha estado ayudando en la economía familiar y los estudios de sus hermanos y hermanas menores.

Muchos bangladeshíes que esperan conseguir un trabajo bien pagado en el extranjero, especialmente en los países del Golfo, se convierten en víctimas de la trata de personas. Los tratantes los engañan prometiéndoles trabajos fijos y bien pagados, y luego quienes los emplean los explotan en trabajos peor pagados y más duros, o con la amenaza de acabar en prisión por estar ilegalmente en el país [Véase: COVID-19 makesGulfcountries’ abuse of migrantworkersimpossible to ignore, 30 de abril de 2020).

Los activistas bangladeshíes en favor de los derechos afirman que es el gobierno de Bangladesh el que empaña la imagen del país al arrestar a unas personas que han cumplido sus condenas en el extranjero o han sufrido experiencias traumáticas tras ser explotadas por tratantes.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 25 de noviembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa13/3010/2020/es/