Corresponde ahora al Consejo de Derechos Humanos constituir un órgano de investigación fuerte e independiente, al mismo tiempo que responde a los reiterados llamamientos de la alta comisionada de seguir manteniendo bajo observación la crisis de derechos humanos de Filipinas

“La administración del presidente filipino Rodrigo Duterte sigue instigando una oleada de ejecuciones extrajudiciales y alimenta un clima de impunidad casi total para quienes las perpetran”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe sobre la situación de dramático deterioro de los derechos humanos en el país.

La publicación del informe, titulado “My Job is to Kill”: Ongoing human rights violations and impunity in the Philippines, coincide con el momento en que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) estudia su respuesta a un reciente informe sobre la crisis de derechos humanos del país.

El informe toma su título de un discurso pronunciado en marzo de 2020 por el presidente Duterte en el que dijo a las autoridades locales: “Mi trabajo es asustar a la gente, intimidar a la gente y matar a la gente”.

Amnistía Internacional, junto con una coalición de organizaciones de derechos humanos, insta al CDH a que establezca un órgano independiente para que lleve a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en Filipinas desde 2016.

“En cuatro años de presidencia, Rodrigo Duterte ha convertido Filipinas en un baño de sangre donde la policía y miembros no identificados de grupos parapoliciales tienen libertad para matar cuanto quieran”, afirmó Rachel Chhoa-Howard, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.

“Esto no es una consecuencia accidental de su administración, sino su característica central. La policía y otros hombres armados no identificados saben que pueden matar sin consecuencias. Toman al pie de la letra las periódicas incitaciones del presidente a matar y sus promesas de proteger a quienes matan, y así deberían hacerlo los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos”.

“El panel anunciado por el gobierno no tiene credibilidad y no puede hacer justicia. El Consejo de Derechos Humanos no debe ceder ahora, sino actuar para prevenir más muertes y transmitir a los perpetradores y al propio gobierno un mensaje claro: el mundo está mirando y no permitiremos que impere la impunidad.”

El nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que se sigue matando con impunidad a presuntos autores de delitos de drogas y otras personas sospechosas de cometer delitos, en un contexto de años de incitación a la violencia por parte del presidente Duterte y otros miembros de su administración. Además, los atentados —a menudo mortales— contra activistas y personas que defienden los derechos humanos a quienes se acusa de tener relación con el movimiento comunista han aumentado considerablemente y son cada vez más audaces. Mientras tanto, la cifra de ataques contra medios de comunicación es la peor en décadas.

Continúa la constante de ejecuciones extrajudiciales

Los nuevos casos de ejecución extrajudicial relacionados con las drogas que ha examinado Amnistía Internacional siguen siendo compatibles con las constantes que la organización lleva documentando en los cuatro años de la denominada “guerra contra las drogas”.

La mayoría de las víctimas continúan procediendo de comunidades pobres y marginadas, los homicidios son encubiertos con informes falsificados, y las afligidas familias expresan una y otra vez su indefensión ante los abrumadores obstáculos que se encuentran en su búsqueda de justicia.

En un caso que se examina en el informe, varias personas que presenciaron el homicidio de Kim Lester Ramos en octubre de 2019 contaron a Amnistía Internacional una secuencia de sucesos que difería de forma significativa del relato y las fotografías del informe policial.

Un sobreviviente, que dijo que era el blanco inicial y que también fue tiroteado, contó que Kim Lester Ramos fue abatido a quemarropa cuando buscaba ayuda para su amigo herido. Según testigos presenciales, Ramos iba desarmado y posteriormente le pusieron una pistola en la mano y cambiaron la postura del cuerpo para justificar la alegación de defensa propia de un policía.

La familia Ramos es una de las pocas que, en su búsqueda de justicia, ha recibido apoyo de las autoridades locales, incluido su alcalde. En diciembre de 2019, la familia presentó una denuncia por asesinato contra el policía implicado. Sin embargo, en el momento de publicar el informe, Amnistía Internacional desconoce si se han producido más avances en el caso.

Homicidios e incitación en el contexto de la pandemia

En el contexto de la pandemia de COVID-19, los homicidios están aumentando una vez más, mientras el presidente sigue incitando a la violencia contra personas sospechosas de haber cometido delitos, incluidas aquellas acusadas de consumir o vender drogas. Además, el presidente Duterte ha seguido prometiendo proteger a quienes matan y cometen otras violaciones de derechos humanos. Esta incitación se ha intensificado en los últimos meses a pesar del creciente escrutinio internacional por la ONU.

El análisis de los datos del gobierno realizado por Human Rights Watch revela que los homicidios en operaciones policiales contra la droga han aumentado un 50% durante la pandemia. Según estos datos, la policía mató a 155 personas entre abril y julio de 2020, frente a 103 entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

En agosto de 2020, el presidente aprovechó un discurso para ordenar a la Oficina de Aduanas “matar a traficantes de drogas” y dijo que protegería a sus agentes de la cárcel, al mismo tiempo que declaraba que había aprobado la solicitud de la agencia de comprar armas de fuego. También se burló de las organizaciones de derechos humanos: “Esta gente de los derechos humanos es muy tímida. ¿A qué se dedican? ¿A contar los muertos? Bastardos, deberían cambiar de trabajo, no en derechos humanos. Trabajen en las morgues si eso es lo único que hacen”.

Una fuente periodística que documentaba homicidios en el Gran Manila informó recientemente a Amnistía Internacional de que una reorganización de mandos de la policía había desembocado en un “marcado aumento de casos” de homicidios en la ciudad desde el nombramiento de un nuevo jefe de policía a principios de septiembre de 2020.

Aparte de los homicidios a manos de la policía, en los últimos meses han continuado las ejecuciones a cargo de asaltantes a bordo de motocicletas. El padre Robert Reyes, sacerdote de Ciudad Quezón, dice que, en dos semanas de julio, presidió tres misas de funeral en una sola comunidad por víctimas de homicidios ilegítimos a manos de hombres armados no identificados. Estos homicidios a manos de personas armadas no identificadas han sido relacionados una y otra vez con la policía.

El enfoque gravemente deficiente de la “guerra contra las drogas” sigue dificultando los esfuerzos para garantizar la protección de las personas frente a los problemas relacionados con las drogas. Amnistía Internacional continúa pidiendo a las autoridades que se alejen de enfoques punitivos basados en la criminalización y redirijan su atención a los servicios de salud y otros servicios sociales. Las políticas sobre drogas deben girar en torno a la ampliación de los servicios de salud y otros servicios sociales —como la prevención, la información, la reducción del daño, el tratamiento voluntario y la prestación de servicios de rehabilitación no discriminatorios— para abordar problemas relacionados con las drogas, incluso en prisiones y otras situaciones de privación de libertad.

Aumento de ataques y homicidios ligados a la práctica de “etiquetar como rojos”

Amnistía Internacional ha documentado asimismo que la declaración de “guerra sin cuartel” del presidente Duterte contra “rebeldes comunistas” tras la ruptura de las conversaciones de paz en 2018 ha provocado una serie de detenciones arbitrarias y la reclusión de personas consideradas críticas hacia el gobierno, así como el homicidio de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Las autoridades llevan años ‘etiquetando como roja’ a cualquier persona cuyo activismo por los derechos humanos o trabajo en la comunidad desaprueban para señalarla y desacreditarla”, dijo Rachel Chhoa-Howard. “Hoy, esa etiqueta se ha convertido en una verdadera amenaza de muerte”.

En un reciente y atroz ejemplo, el 17 de agosto de 2020, la activista y defensora de los derechos humanos de Negros Zara Alvarez, a quien Amnistía Internacional había entrevistado en diciembre de 2019, fue abatida a tiros por una persona no identificada en la ciudad de Bacolod. Alvarez había recibido amenazas de muerte antes de su asesinato. Una semana antes, el 10 de agosto, fue asesinado el activista y defensor de la paz Randall Echanis junto con un vecino, en su domicilio de Ciudad Quezón. El informe de la autopsia determinó que había sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Tanto Alvarez como Echanis habían sido “etiquetados como rojos” e incluidos en una lista arbitraria de “terroristas” elaborada por el Departamento de Justicia y presentada ante un tribunal filipino. Aunque sus nombres fueron eliminados, la lista incluía originalmente a un gran número de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos conocidos, incluida la entonces relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Al igual que las familias de las víctimas de homicidios relacionados con las drogas, familiares y amistades de las víctimas expresaban ira y sentimientos de impotencia en lo relativo a la obtención de justicia. Los grupos de derechos humanos temen que la nueva y excesiva ley antiterrorista sólo aumentará los riesgos que afrontan activistas y personas que defienden los derechos humanos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó al menos 248 casos de defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas y sindicalistas asesinados en relación con su trabajo entre 2015 y 2019 en Filipinas.

Un funcionario de Negros dijo a Amnistía Internacional, que aunque la impunidad no era ninguna novedad, la situación en la isla era “la peor de la historia” y añadió: “Etiquetar a alguien como rojo es el paso preliminar al homicidio”.

Ataques contra periodistas

Junto con el hostigamiento ampliamente difundido a la periodista Maria Ressa y su sitio web de noticias Rappler y los esfuerzos del gobierno de forzar el cierre de la emisora ABS-CBN, el informe de Amnistía Internacional describe la cultura más general de miedo y violencia que sufren los y las periodistas de todo el país.

Nonoy Espina, presidente nacional del Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, dijo a Amnistía Internacional que desde “la dictadura de Marcos, los medios de comunicación y la libertad de prensa y de expresión no han sido tan atacados” como en la actualidad.

Estos ataques también son mortales. La noche del 5 de mayo de 2020, el periodista radiofónico Cornelio “Rex Cornelio” Pepino fue asesinado en la ciudad de Dumaguete, provincia de Negros Oriental, convirtiéndose en el decimosexto periodista asesinado durante el gobierno de Duterte.

Según los medios de comunicación, Pepino volvía a casa del trabajo en motocicleta con su esposa cuando dos hombres no identificados que iban también a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces y lo mataron. La emisora de radio en la que trabajaba Pepino dijo que era un comentarista radiofónico “contundente” que expresaba en su programa diario sus posturas contra la minería ilegal, la corrupción, los sobornos y la mala gobernanza.

La administración Duterte no puede investigarse a sí misma

El informe de Amnistía Internacional expone que la cultura de la impunidad persiste en Filipinas pese a la presión internacional de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos durante los últimos cuatro años, que culminaron el año pasado en la resolución 41/2 del Consejo de Derechos Humanos, que encargó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) un informe sobre la situación de estos derechos en Filipinas. El informe se publicó en junio de 2020.

Los hallazgos de Amnistía Internacional respaldan las conclusiones de este informe, que afirma que el clima de impunidad continúa y es fomentado por la incitación a la violencia “de los niveles más altos del Gobierno”.

En un esfuerzo aparente por anticiparse a los llamamientos en el Consejo en favor de un mecanismo de investigación independiente, el secretario de Justicia de Filipinas aprovechó una reunión del Consejo en julio de 2020 para anunciar la creación de un panel interinstitucional del gobierno para examinar más de 5.600 casos de homicidios durante operaciones dirigidas por la policía.

Tras este anuncio, el gobierno no ha divulgado ningún detalle sobre este grupo.

“Lo único que sabemos de este panel es que incluirá a las mismas agencias responsables de los homicidios, los ataques y el hostigamiento que se supone que va a investigar. Este es un claro ejemplo de ser juez y parte, y muestra la total falta de independencia de este organismo”, dijo Rachel Chhoa-Howard.

“El momento y las circunstancias del anuncio, junto con la ausencia de detalles facilitados a la opinión pública, están claramente concebidos para proteger al gobierno del escrutinio. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos no deben llamarse a engaño y tomar esta iniciativa en serio.”

“Es evidente que la administración Duterte no tiene intención de hacer justicia a las miles de familias afectadas, todo esto al mismo tiempo que el presidente incita reiteradamente a la violencia y promete proteger a los perpetradores.”

“Corresponde ahora al Consejo de Derechos Humanos constituir un órgano de investigación fuerte e independiente, al mismo tiempo que responde a los reiterados llamamientos de la alta comisionada de seguir manteniendo bajo observación la crisis de derechos humanos de Filipinas.”