Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los miembros del Parlamento de Irán para que lleven a cabo reformas del Código Penal Islámico pendientes desde hace mucho tiempo, con miras a poner fin a todas las formas de castigo corporal e implantar un sistema de justicia penal centrado en la rehabilitación de las personas presas para que puedan reintegrarse en la comunidad y llevar una vida digna

La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para impedir que las autoridades iraníes amputen los dedos a cuatro hombres condenados por robo sobre la base de “confesiones” forzadas y juicios manifiestamente injustos.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las penas impuestas a estos cuatro hombres —Hadi Rostami (de 33 años), Mehdi Sharfian (de 37), Mehdi Shahivand (de 42) y Kasra Karami (de 40)— han sido confirmadas por el Tribunal Supremo y se han remitido al Centro de Ejecución de Condenas. Podrían llevarse a cabo en cualquier momento.

Los cuatro hombres, que se hallan recluidos en la prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental, están condenados a que “se les corten completamente cuatro dedos de la mano derecha, de manera que sólo les queden la palma de la mano y el pulgar”, que es la pena estipulada para determinados tipos de robo en el artículo 278 del Código Penal Islámico de Irán.

“Ejecutar estas penas de crueldad inexplicable no es hacer justicia, sino un acto que pone de manifiesto la brutalidad del sistema de justicia de Irán. La amputación constituye tortura, que es un crimen de derecho internacional y un atentado atroz contra la dignidad humana”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Pedimos a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato y sin condiciones a tan terribles actos de crueldad. La comunidad internacional debe tomar con urgencia medidas para garantizar que se anulan estas condenas. Las fiscalías y las autoridades judiciales responsables de ordenar y ejecutar tales prácticas deben saber que, según el derecho internacional, pueden ser objeto de procesamiento penal por ello.”

Como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en virtud también del derecho internacional consuetudinario, Irán tiene la obligación legal de prohibir y castigar la tortura —incluidas la amputación, la flagelación y la ceguera forzada— en todas las circunstancias y sin excepción.

Tortura y juicios injustos

Kasra Karami fue condenado a la amputación de los dedos por el Tribunal Penal 1 de la provincia de Azerbaiyán Occidental el 12 de febrero de 2017. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, entre la que figuran documentos judiciales, la Sección 27 del Tribunal Supremo anuló inicialmente la condena, por considerar que la parte denunciante no había pedido la pena de amputación, y devolvió la causa al mismo tribunal de primera instancia para que la examinara más exhaustivamente. El Tribunal Penal 1 volvió a imponer la misma condena el 23 de septiembre de 2017, y en esta ocasión la Sección 27 del Tribunal Supremo la confirmó el 10 de diciembre de 2017. Se presentó de nuevo una solicitud de revisión judicial, pero el Tribunal Supremo la rechazó.

Kasra Karami ha dicho que, tras su detención, el 12 de octubre de 2015, le negaron el acceso a asistencia letrada y lo torturaron en un centro de detención de Urmía administrado por la Unidad de Investigación de la Policía de Irán (agahi) con el fin de que hiciera una “confesión” que se utilizó luego ilegalmente como prueba contra él en el juicio.

Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand fueron condenados a la amputación de los dedos el 19 de noviembre de 2019, tras declararlos el Tribunal Penal 1 de la provincia de Azerbaiyán Occidental culpables de entrar en las casas de cuatro personas y robarles oro y dinero en metálico que tenían sus cajas fuertes. Su juicio fue manifiestamente injusto y estuvo también basado en “confesiones” que hicieron bajo custodia, sin acceso a sus abogados, en un centro de detención de la agahi.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, al menos uno de ellos, Hadi Rostami, negó reiteradamente los cargos contra él y se retractó de su “confesión” en el juicio, afirmando que la había hecho bajo tortura. Tanto el Tribunal Penal 1 de la provincia de Azerbaiyán Occidental como la Sección 13 del Tribunal Supremo incumplieron con su obligación de no admitir la “confesión” como prueba y ordenar una investigación, aun cuando en la sentencia del Supremo, que Amnistía Internacional ha examinado, se menciona expresamente la denuncia de tortura de Hadi Rostami.

En una carta enviada al presidente de la Magistratura el 20 de septiembre de 2020 y que Amnistía Internacional ha visto, Hadi Rostami dijo que, durante la fase de instrucción, los interrogadores de la agahi le propinaron patadas y puñetazos y lo golpearon con varios objetos. Añadió que le ordenaron firmar un papel en blanco y que lo hizo porque había llegado a un punto de derrumbamiento físico y mental extremo. El fiscal especificó luego los cargos contra él en el papel en blanco, sin su conocimiento, para que pareciera que los había admitido.

Hadi Rostami indicó al final de su carta que él y su familia eran pobres y que, desde su detención hacía ya cuatro años, su esposa no tenía medios para mantener a su hijo, que padece una discapacidad grave permanente.

Los documentos judiciales examinados por Amnistía Internacional indican que Kasra Karami y Mehdi Shahivand también manifestaron en el juicio que ellos y sus familias eran pobres y que habían cometido el robo debido a la pobreza y a sus necesidades económicas extremas.

Un historial estremecedor

Las autoridades iraníes defienden sistemáticamente la amputación como la mejor forma de prevenir el robo y lamentan que no pueda llevarse a cabo en público y de manera generalizada sin suscitar la condena internacional.

Según la Fundación Abdorrahman Boroumand, organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos y que trabaja sobre Irán, del 1 de enero de 2000 al 24 de septiembre de 2020, las autoridades iraníes han impuesto penas de amputación al menos a 237 personas y han ejecutado tan crueles condenas en al menos 129 casos. Es probable que el número real de víctimas sea mayor, pues se cree que muchos casos pasan desapercibidos.

Hay decenas de personas presas actualmente en todo el país que temen que se ejecuten contra ellas penas de amputación.

Las víctimas de amputación son en su mayoría personas que vivían en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Al mutilarlas deliberadamente, las autoridades iraníes reducen en muchos casos sus posibilidades de encontrar trabajo y ganarse la vida, particularmente en una sociedad donde las personas con discapacidades físicas son objeto de discriminación generalizada.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a los miembros del Parlamento de Irán para que lleven a cabo reformas del Código Penal Islámico pendientes desde hace mucho tiempo, con miras a poner fin a todas las formas de castigo corporal e implantar un sistema de justicia penal centrado en la rehabilitación de las personas presas para que puedan reintegrarse en la comunidad y llevar una vida digna.