El Gobierno de Acuerdo Nacional, que controla gran parte del oeste de Libia, y el autoproclamado Ejército Nacional Libio, con dominio sobre la mayor parte del este del país, se disputan encarnizadamente el control político y territorial

Decenas de miles de personas refugiadas y migrantes en Libia están a merced de un círculo vicioso de crueldad, con posibilidades escasas o nulas de encontrar vías seguras y legales que les permitan salir de esa situación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy. Tras soportar padecimientos inconcebibles en Libia, las personas refugiadas y migrantes arriesgan la vida en el mar para intentar encontrar seguridad en Europa. Sin embargo, en vez de eso, se las devuelve a Libia, donde quedan expuestas a los mismos abusos de los que intentaron huir. Este informe se hace público un día después de que la Comisión Europea anunciara el nuevo Pacto sobre Migración, que establece entre sus elementos centrales una colaboración incluso más estrecha con países fuera de la UE para controlar los flujos migratorios.

El informe Entre la vida y la muerte: Personas refugiadas y migrantes atrapadas en la espiral de abusos de libia documenta relatos estremecedores de personas refugiadas y migrantes que han padecido o presenciado todo tipo de abusos en Libia, como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, violación y otros actos de violencia sexual, detención arbitraria, y trabajo forzoso y explotación por parte de actores estatales y no estatales, en un contexto de impunidad casi absoluta. En el informe también se describen acontecimientos más recientes, como el traslado de personas desembarcadas en Libia a lugares de detención no oficiales —por ejemplo, el infame centro que funciona en una antigua fábrica de tabaco de Trípoli— y la deportación sumaria de miles de personas refugiadas y migrantes desde las regiones orientales del país.

“Tras años de guerra que asolaron al país, Libia es ahora un contexto incluso más hostil para las personas refugiadas y migrantes que aspiran a una vida mejor. En vez de recibir protección, se topan con un extenso repertorio de abusos gravísimos contra los derechos humanos y ahora, además, se las culpabiliza injustamente por la propagación de la pandemia de COVID-19, con pretextos netamente racistas y xenófobos. Pese a este panorama y a encontrarnos en el año 2020, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros insisten en implementar políticas que dejan atrapados a decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas en un círculo vicioso de abusos. Al hacerlo, muestran un desprecio absoluto por la vida y la dignidad de las personas”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Debido a la inacción persistente de las autoridades libias ante los abusos reiterados contra personas refugiadas y migrantes, perpetradas incluso por funcionarios del Estado y milicias afines, la UE y sus Estados miembros deben reconsiderar por completo la cooperación que mantienen con las autoridades del país y supeditar la continuidad de la asistencia a que se tomen medidas inmediatas para detener los terribles abusos que se cometen contra las personas refugiadas y migrantes. Ello incluiría poner fin a las detenciones arbitrarias y cerrar los centros de detención para inmigrantes. Hasta que eso ocurra, ninguna de las personas a quienes se rescate o se intercepte en el Mediterráneo central debe ser devuelta a Libia. En cambio, debe permitirse que estas personas desembarquen en un lugar seguro”.

Desde 2016, varios Estados miembros de la UE, con Italia a la cabeza, han colaborado con las autoridades libias para que quienes intentan huir del país en embarcaciones sean interceptados en el mar y llevados de regreso a Libia. Como parte de esta colaboración, proporcionan lanchas motoras, capacitación y asistencia en la coordinación de operaciones marítimas. Se estima que, durante este período, 60.000 hombres, mujeres, niños y niñas han sido capturados en el mar y desembarcados en el país por la Guardia Costera Libia, con el apoyo de la UE. De estos casos, 8.435 corresponden al período transcurrido entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2020. Ansiosos por detener las llegadas a cualquier costo, los Estados de la UE han ofrecido su apoyo a Libia, sin exigir como condición previa el respeto de rigurosas garantías de derechos humanos, y pretenden, así, eludir las normas del derecho internacional que prohíben las devoluciones sumarias.

Personas llevadas de regreso a un contexto de abusos en Libia

Las personas refugiadas y migrantes interceptadas en el mar por la Guardia Costera Libia son llevadas nuevamente a ese país, donde pueden sufrir desaparición forzada, detención arbitraria e indefinida, tortura y extorsión.

Durante 2020, miles de personas migrantes y refugiadas que desembarcaron en Libia han quedado detenidas en centros oficiales del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, los cuales dependen del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional —respaldado por la ONU— que controla el territorio occidental de Libia. Sin embargo, varios miles de personas más sufrieron desaparición forzada durante 2020, al ser transferidas a lugares de detención no oficiales, como el antiguo emplazamiento de una fábrica de tabaco en Trípoli, controlado por una milicia al mando de Emad al Trabulsi y vinculada al Gobierno de Acuerdo Nacional. Se teme por la vida y la seguridad de estas personas.

Una vez en tierra firme, a las personas refugiadas y migrantes también las acecha no solo el riesgo constante de ser interceptadas y enviadas a centros de detención, sino además de ser secuestradas por milicias, grupos armados y traficantes. Algunas sufren torturas o violaciones sexuales hasta que sus familiares, previo pago de un rescate, consiguen que las liberen. Otras mueren bajo custodia como consecuencia de actos de violencia, tortura, hambre o desatención médica.

Decenas de personas refugiadas y migrantes manifestaron a Amnistía Internacional haber presenciado la muerte de seres queridos mientras se encontraban detenidas en centros oficiales del Departamento de Lucha contra la Migración o en otros lugares de cautiverio gestionados por traficantes.

El 27 de mayo de 2020, hombres armados abrieron fuego contra cerca de 200 personas refugiadas y migrantes retenidas por traficantes cerca de la localidad de Mazda. En este hecho, al menos 30 personas murieron y otras 11 resultaron heridas. Se desconoce que ocurrió a las demás, pero se teme que hayan muerto o puedan haber sido secuestradas.

Pese a las promesas de las autoridades libias de que investigarían los homicidios cometidos en Mazda y otros delitos contra personas refugiadas y migrantes, no se han adoptado medidas para que se rindan cuentas por lo ocurrido. Dos hombres contra quienes la fiscalía libia dictó órdenes de arresto, y que también figuran en la lista de sanciones de la ONU por su presunta participación en trata de personas, mantienen nexos oficiales con el Gobierno de Acuerdo Nacional. Ahmad al Dabbashi, conocido también como “Al Amou”, fue visto en abril de 2020 mientras combatía junto a las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional, mientras que Abdelrahman Milad, conocido también como “Al Bidja”, es actualmente comandante de la Guardia Costera Libia en la refinería de petróleo de Al Zawiya.

Atrapados en el fuego cruzado

Tanto milicias como grupos armados han cometido violaciones del derecho internacional humanitario contra personas refugiadas y migrantes, como privación ilegítima de la libertad, tortura y ataques presuntamente indiscriminados. Amnistía Internacional verificó vídeos en los que se ve a milicias y grupos armados que cometen abusos contra personas refugiadas y migrantes y las obligan a desfilar. También han obligado a algunas personas migrantes a participar en operaciones militares y, de este modo, han puesto en riesgo su vida y su seguridad.

Un refugiado relató a Amnistía Internacional que, en mayo de 2020, una milicia vinculada al Gobierno de Acuerdo Nacional lo sacó con otras personas refugiadas y migrantes del centro del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular donde estaban detenidos en Trípoli, y los obligó a trasladar municiones de un lugar a otro de esa ciudad durante horas. En ese momento, se libraban intensos combates en Trípoli.

Las mortíferas rutas marítimas como única salida

Ante la gravedad de las condiciones y los abusos, los programas de reasentamiento y evacuación que se han establecido resultan insuficientes para que puedan salir de Libia de manera legal y segura las personas que lo necesitan. Desde 2017 y hasta el 11 de septiembre de 2020, se habían beneficiado de esos programas apenas 5.709 personas refugiadas vulnerables. Esto es un reflejo del escaso número de compromisos de reasentamiento asumidos por países que reciben a refugiados, incluso Estados miembros de la UE. La situación se exacerbó con las restricciones a la posibilidad de viajar que se establecieron en relación con la pandemia de COVID-19, y en 2020 se evacuó de Libia apenas a 297 personas refugiadas, antes de que se cerraran las fronteras en marzo de 2020.

Una persona refugiada señaló a Amnistía Internacional en agosto: “En este preciso momento hay personas refugiadas dispuestas a cruzar el mar... [No hay] evacuaciones ni reasentamientos… Los refugiados en Libia corren peligro. [Estamos] entre la vida y la muerte”.

Esto significa que las personas refugiadas y migrantes, que están en situación desesperada, tienen pocas opciones viables para irse de Libia que no impliquen arriesgarse a cruzar el Mediterráneo en embarcaciones que no son aptas para la navegación. Y pese a todo, las travesías siguen entrañando riesgos inmensos, como la posibilidad de ser interceptados por la Guardia Costera Libia y grupos delictivos. Varios sobrevivientes de un episodio mortal que tuvo lugar a mediados de agosto indicaron a Amnistía Internacional que hombres armados, que se desplazaban en un barco llamado “Capitán Al Salam 181”, les robaron y dispararon contra su embarcación, que zozobró al incendiarse el motor. Cerca de 40 personas murieron tras quedar abandonadas en altamar.

Explotación, pésimas condiciones de vida y violencia

Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional concluyeron que quienes emplean a personas refugiadas y migrantes a menudo las explotan y, en el caso de milicias y grupos armados, las obligan a realizar trabajos forzados.

Muchas viven en condiciones absolutamente precarias, sin acceso a agua apta para el consumo ni instalaciones de aseo, y esto agrava su vulnerabilidad ante la COVID-19, al ser imposible cumplir con las medidas preventivas en cuanto a higiene y distanciamiento físico. A pesar de ello, las personas refugiadas y migrantes enfrentan obstáculos en el acceso a la atención de la salud y, en general, se las ha excluido en gran medida de los esfuerzos oficiales de prevención de la COVID-19.

También es habitual que las personas refugiadas y migrantes sufran robos. Las mujeres y las niñas están expuestas a un riesgo particularmente grave de violencia sexual. No suelen acudir a la policía o a fiscalías, por temor a quedar detenidas o a que los presuntos agresores tomen represalias.

Racismo y xenofobia

Además de lo anterior, las personas refugiadas y migrantes también están expuestas a situaciones de racismo y xenofobia generalizadas. Con frecuencia, funcionarios públicos, miembros de grupos armados y milicias y representantes de medios de comunicación se refieren a las personas negras con expresiones racistas. La pandemia de COVID-19 ha agudizado el clima de racismo, y tanto funcionarios como ciudadanos y ciudadanas particulares culpan públicamente a las personas refugiadas y migrantes por la propagación del virus y reclaman que se las expulse.

Las investigaciones de Amnistía Internacional han revelado que, en 2020, las autoridades de facto en el este de Libia expulsaron a más de 5.000 refugiados y migrantes sin el debido proceso ni la posibilidad de impugnar su deportación. El señalamiento de que las personas detenidas eran “portadoras de enfermedades peligrosas” era uno de los motivos aducidos para las deportaciones.

En un incidente de discriminación flagrante que documentó Amnistía Internacional, un grupo armado impidió que un autobús ingresara en la ciudad de Kufra, en el sudeste del país, hasta que no se bajaran tres personas de nacionalidad chadiana. Los hombres armados obligaron a estas personas a realizarse una prueba de detección de COVID-19 y las dejaron en el desierto, en las afueras de la ciudad. Se permitió que ingresaran los demás pasajeros, todos de nacionalidad libia, sin exigirles pruebas de COVID-19 ni otros controles. 

Información complementaria

La terrible situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia se da en un contexto de conflicto armado persistente, inseguridad y desgobierno. El Gobierno de Acuerdo Nacional, que controla gran parte del oeste de Libia, y el autoproclamado Ejército Nacional Libio, con dominio sobre la mayor parte del este del país, se disputan encarnizadamente el control político y territorial.