A fecha de hoy, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción

Tras una pausa de 17 años, el gobierno de Trump reanudó, el 14 de julio de 2020, las ejecuciones de personas declaradas culpables en virtud de la legislación federal estadounidense. Cinco hombres han sido ya ejecutados a lo largo de un periodo de siete semanas, y en la actualidad hay otras dos ejecuciones programadas para el 22 y el 24 de septiembre. A medida que continúan los progresos para poner fin al uso de la pena de muerte, instamos al fiscal general de Estados Unidos a revocar las órdenes de ejecución y a abandonar todo plan de llevar a cabo nuevas ejecuciones.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Fiscal general / Attorney General
William Barr

U. S. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001

Línea para comentarios del DOJ: 202-353-1555.

Correo-e: askdoj@usdoj.gov

Señor Fiscal General Barr:

Me dirijo a usted para pedirle que haga cuanto esté en su mano para cancelar las ejecuciones de dos hombres condenados en virtud de la legislación federal estadounidense, actualmente programadas para el 22 y 24 de septiembre, y que abandone cualquier plan de dictar nuevas órdenes de ejecución.

El implacable afán de llevar a cabo ejecuciones mostrado en los últimos meses por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no sólo ha puesto de manifiesto los defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho tiempo afectan al sistema de pena capital de Estados Unidos, sino que además ha mostrado el cruel desprecio por parte de su administración respecto a las salvaguardias y restricciones establecidas por el derecho y las normas internacionales para garantizar la protección de los derechos de quienes se enfrentan a la pena de muerte. El sesgo racial y la deficiente asistencia letrada son algunos de los factores comunes que han contribuido a decisiones judiciales poco fiables sobre la vida y la muerte, incluso para personas con discapacidad mental e intelectual grave. Le pido que intervenga y dirija la urgente revisión del fallido sistema de pena capital de Estados Unidos.

A fecha de hoy, 22 estados de Estados Unidos han abolido la pena de muerte, y otros 11 no han llevado a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años. Las cifras de 2019 confirmaron que los totales anuales de ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos siguen en mínimos históricos; a nivel global, el 86% de todas las ejecuciones confirmadas (excluida China) se registraron en cuatro países: Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto.

Le animo a hacer cuanto esté en su mano para detener las ejecuciones programadas y poner fin a este ciclo de violencia.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 14 de julio, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo la primera ejecución realizada desde 2003 de una persona condenada en virtud de la legislación federal. La muerte de Daniel Lewis Lee se certificó a las 08.07 de la mañana del 14 de julio, más de 16 horas después del momento programado inicialmente para su ejecución. Después de que la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, corte federal, eliminara el último impedimento para la ejecución a las 7.36 de la mañana, las autoridades federales procedieron a administrar de inmediato la inyección letal a Daniel Lewis Lee, sin notificárselo adecuadamente a su abogado y con varias mociones legales sobre el caso aún pendientes.

La muerte de Wesley Ira Purkey se certificó el 16 de julio a las 8.19 de la mañana, también 16 horas después del momento programado para su ejecución. El abogado de Purkey presentó una moción ante el tribunal federal de primera instancia del distrito de Columbia para pedir una suspensión de la ejecución alegando que su cliente sufría alzheimer y le habían diagnosticado trastorno de estrés post-traumático complejo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave y psicosis, lo que lo hacía no apto para ser ejecutado. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental (psicosocial) o intelectual. La mañana del día programado para su ejecución, el tribunal federal de primera instancia dictó una suspensión, alegando que Wesley Ira Purkey había presentado pruebas sustanciales de su carácter no apto para ser ejecutado, pero esa orden fue posteriormente anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos por cinco votos contra cuatro en la madrugada del 16 de junio, sin explicar los motivos de esa decisión.

DustinHonken fue ejecutado el 17 de julio. Los abogados de Honken subrayaron que su juicio y su vista de determinación de la pena se habían visto afectados por la conducta indebida e inefectiva de sus abogados iniciales, que no habían informado al jurado de la discapacidad intelectual de su cliente y de su difícil historia.

Lezmond Mitchell, navajo, fue ejecutado el 26 de agosto. La ejecución se llevó a cabo a pesar de la petición de suspensión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alegó que se había violado el derecho del acusado a un juicio justo, y que la ejecución violaría asimismo el derecho a la identidad cultural de la nación navajo y socavaría el derecho a la libre determinación, ya que los navajo se oponen activamente a la aplicación de la pena de muerte a sus miembros. Los abogados de Mitchell destacaron también la preocupación por la posibilidad de que tanto la selección de los miembros del jurado como la decisión del jurado sobre el caso se hubieran visto afectadas por la discriminación racial.

La ejecución de Keith Dwayne Nelson se llevó a cabo el 28 de agosto. Sus abogados subrayaron que lo inefectivo de la asistencia letrada que había recibido durante el juicio había dado lugar a errores cruciales, y el jurado no tuvo conocimiento de factores atenuantes en el caso, incluidos los reiterados abusos sexuales y físicos que el acusado sufrió durante su traumática infancia.

Las cinco ejecuciones tuvieron lugar en el Centro Penitenciario Federal de Terre Haute, Indiana. El afán de llevar a cabo estas ejecuciones, que incluye la apresurada reprogramación y el llevar a cabo órdenes de ejecución expiradas y mientras había mociones pendientes, muestra el total desprecio por parte de las autoridades federales estadounidenses de las salvaguardias internacionales que deben respetarse en todos los casos de pena de muerte, y es una prueba más de los defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho afectan al uso de la pena de muerte en Estados Unidos. En su opinión discrepante en Barr v. Purkey, a la que se unió la jueza Ginsburg, el juez Breyer, de la Corte Suprema de Estados Unidos, concluyó: “El gobierno ha reanudado las ejecuciones después de una pausa de 17 años. Y los primeros casos revelan las mismas deficiencias básicas que han estado presentes desde hace mucho tiempo en muchos casos estatales. El hecho de que estos problemas hayan surgido con tanta rapidez sugiere que son producto, no de una jurisdicción particular o del trabajo de un tribunal, fiscal o abogado defensor específicos, sino de la pena en sí. Un sistema moderno de justicia penal debe ser razonablemente exacto, justo, humano y oportuno. Nuestra experiencia reciente con la reanudación de las ejecuciones por parte del gobierno federal se suma a las pruebas cada vez más abundantes de que la pena de muerte no puede conciliarse con esos valores. Sigo convencido de la importancia de reconsiderar la constitucionalidad de la pena capital en sí.”

Hay dos ejecuciones federales más programadas para el 22 y el 24 de septiembre. A fecha de hoy, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 24 de septiembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Hombres en peligro de ser ejecutados por la jurisdicción federal (masculino)

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/2815/2020/es/