Amnistía Internacional continúa pidiendo a la comunidad internacional que aumente significativamente sus compromisos de reasentamiento de personas refugiadas sirias procedentes de Jordania y proporcione ayuda económica sustancial a las autoridades jordanas para apoyar sus esfuerzos de acogida de población refugiada

El 10 de agosto, al menos 16 personas refugiadas sirias —entre ellas 8 menores de entre 4 y 14 años de edad— fueron trasladadas a la fuerza por las autoridades jordanas a un campo informal en tierra de nadie situado en el desierto entre Siria y Jordania; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El campo informal de Rukban está situado en una aislada e inhóspita zona fronteriza llamada “la berma”. Sus 10.000 residentes carecen de acceso a alimentos, agua potable, asistencia médica y saneamiento en cantidad suficiente y asequible. Estas condiciones hicieron que una familia, después de su traslado a la berma por las autoridades jordanas, regresara desesperada a Siria. Por otra parte, un refugiado de 21 años enviado a la berma desde Jordania fue trasladado a la fuerza desde allí hasta una zona controlada por el gobierno sirio.

“La detención y el traslado forzoso de personas refugiadas constituye una violación manifiesta de sus derechos a la libertad y a la libre circulación, y enviarlas a la berma vulnera sus derechos a la salud y a un nivel de vida adecuado. En el campo informal de Rukban, las condiciones son tan terribles que hay quienes han decidido volver a Siria, donde sus vidas corren peligro”, ha afirmado Marie Forestier, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

“Pedimos a las autoridades de Jordania que pongan fin de inmediato a los traslados forzosos. Deben garantizar el retorno seguro a Jordania de todas las personas trasladadas así como el acceso de todas las personas residentes del campo a bienes y servicios esenciales, lo que incluye permitir urgentemente su acceso sin restricciones a ayuda humanitaria.”

Amnistía Internacional habló con dos hombres a los que habían deportado al campo junto a sus familias, y también con dos dirigentes comunitarios del campo, un enfermero, una paciente y un miembro del personal de una organización humanitaria internacional.

Traslado forzoso sin previa notificación ni motivo

Un hombre de 49 años de la gobernación de Daraa, Houssam*, y otro de la ciudad de Hama, Bassam*, fueron trasladados al campo el 10 de agosto junto a sus esposas y sus cinco y tres hijos, respectivamente. Contaron a Amnistía Internacional que las fuerzas de Seguridad General jordanas los habían detenido por la noche en el campo para personas refugiadas sirias de Azraq (gobernación de Zarqa), donde llevaban cinco años viviendo, sin notificarles el motivo ni permitirles llevarse sus pertenencias.

Bassam contó que agentes de Seguridad General lo habían interrogado sobre su familia y, en particular, sobre su hijo de 19 años, que había robado materiales destinados a la construcción de contenedores en el campo. Houssam contó que los agentes habían confiscado el permiso de residencia jordano de la familia.

El 10 de agosto, agentes de Seguridad General sacaron de la cárcel al hijo de Houssam, donde llevaba dos semanas recluido por presunto robo, y lo deportaron a la berma en autobús junto a su familia, la familia de Bassam y dos hombres más. Houssam y Bassam explicaron a Amnistía Internacional que no tenían acceso a asistencia letrada por lo que no podían impugnar su traslado y seguían sin saber los motivos del mismo.

Houssam y Bassam llegaron a la berma con sus familias sin enseres de ninguna clase ni dinero para comprar agua y comida.

“O vas a una zona controlada por el régimen [del gobierno sirio] o mueres de hambre aquí, porque la situación es penosa”, dijo Bassam.

“Estamos literalmente en el suelo. No tenemos mantas para protegernos por la noche, ni almohadas, ni ropa de abrigo. Todo está muy caro, cuesta mucho conseguir comida”, explicó Houssam.

Además de las 16 personas trasladadas a la fuerza el 10 de agosto, otras dos familias sirias fueron trasladadas igualmente a la berma a finales de julio, aunque Amnistía Internacional no ha podido determinar si este traslado fue voluntario o forzoso.

Retorno forzoso a una zona bajo control gubernamental en Siria

Dos dirigentes comunitarios de la berma contaron a Amnistía Internacional que, ante las terribles condiciones del campo, una de las dos familias sirias enviadas a la berma en julio había regresado enseguida a una zona bajo control del gobierno sirio, a pesar de su temor a sufrir violaciones de derechos humanos.

“Trasladar a personas refugiadas forzosamente a lugares donde corren peligro de sufrir graves abusos o violaciones de derechos humanos constituye devolución (refoulement), prohibida por el derecho internacional. Y el hecho de que, después de su traslado, la gente se sienta impulsada a volver a Siria, de donde había huido, pone de manifiesto lo insoportable que es vivir en la berma”, ha explicado Marie Forestier.

“El gobierno jordano debe acatar sus obligaciones internacionales, entre ellas la de respetar el principio de no devolución (non-refoulement).”

Además, llevar a cabo deportaciones en plena pandemia mundial puede extender la COVID-19, sobre todo porque no hay espacio para observar una cuarentena en el campo informal de Rukban, con 10.000 residentes. Según han contado personas refugiadas, agentes de seguridad jordanos les tomaron la temperatura antes del traslado; pero esta medida es insuficiente para contener la propagación del virus. Además, las instalaciones médicas de la berma son absolutamente deficientes.

Las mortales consecuencias de la falta de asistencia médica

En mayo, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades jordanas para que permitieran el acceso de la población de la berma a centros médicos en Jordania. Pero, hasta la fecha, las personas residentes en la berma que necesitan tratamiento médico han visto denegada su entrada en Jordania, con el consiguiente peligro para su salud y, a veces, para su vida.

El 2 de septiembre, una mujer dio a luz un bebé muerto en el campo. Personal de enfermería del campo informal de Rukban sospechó que el bebé había muerto por falta de líquido amniótico como consecuencia de la escasez de agua potable en el campo. La mujer contó a Amnistía Internacional que no podía pagar suficiente agua embotellada.

Tanto el gobierno sirio como el jordano deben garantizar con carácter urgente la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria a la berma, interrumpido desde hace un año.

Asimismo, Amnistía Internacional continúa pidiendo a la comunidad internacional que aumente significativamente sus compromisos de reasentamiento de personas refugiadas sirias procedentes de Jordania y proporcione ayuda económica sustancial a las autoridades jordanas para apoyar sus esfuerzos de acogida de población refugiada.

*Todos los nombres se han modificado para proteger su identidad.

Información complementaria

A principios de 2015, decenas de miles de personas que buscaban seguridad frente al conflicto en Siria terminaron atrapadas en la tierra de nadie conocida como “la berma”, en la frontera de Siria y Jordania, cerca de los pasos de Rukban y Hadalat. Se calcula que, desde mediados de 2015, el 75% de la población de la berma ha regresado a Siria, según la ONU. En el momento de redactarse esta información, al menos 10.000 personas continúan allí.

En marzo, aduciendo su preocupación por la COVID-19, Jordania anunció que no permitiría que la ayuda humanitaria atravesara su territorio para facilitar asistencia y material médico al campo. Más de seis meses después, la situación no ha cambiado. El último convoy humanitario al que el gobierno sirio permitió entrar en la berma lo hizo en septiembre de 2019.