Amnistía Internacional y otros organismos humanitarios han pedido la participación de las personas refugiadas rohinyás en la toma de decisiones, tanto del gobierno como de las agencias, con respecto a su situación y su futuro, incluido el proceso de repatriación para el regreso en condiciones de seguridad a su país natal

Se debe conceder a la población refugiada rohinyá en Bangladesh el derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas y a hablar por sí mismas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, Let us speak for our rights, expone los efectos de la exclusión de la toma de decisiones en los derechos humanos de la población refugiada rohinyá, desde la libertad de expresión, reunión y circulación hasta el acceso a atención de la salud y educación. El informe pide también una investigación completa y exhaustiva sobre las denuncias de que personas refugiadas rohinyás han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

“Durante decenios, la población rohinyá ha sufrido persecución y discriminación en Myanmar, y cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares debido los crímenes de lesa humanidad cometidos contra ellas. Ahora, tres años después de su desplazamiento, siguen sufriendo y se les sigue impidiendo defender sus derechos”, ha afirmado David Griffiths, director de la Oficina del Secretario General de Amnistía Internacional.

“Aunque las autoridades bangladeshíes han tomado muchas medidas positivas para apoyar a la población refugiada rohinyá, falta transparencia en las decisiones, que excluyen casi por completo la participación de personas rohinyás. Lo que se necesita es una política clara en la que tengan cabida las voces de la población rohinyá para asegurar una protección adecuada de sus derechos humanos.”

Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que apoye a las autoridades de Bangladesh y colabore con ellas para desarrollar esta política en el marco de su cooperación y asistencia internacionales para proteger a las personas refugiadas rohinyás.

Libre circulación y libertad

En mayo, las autoridades de Bangladesh trasladaron a más de 300 personas refugiadas rohinyás a Bhashan Char, una remota isla formada en su totalidad por limo y cuya habitabilidad no ha sido evaluada aún por la ONU. Estas personas formaban parte de un grupo de casi 1.400 hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás refugiados que pusieron en peligro sus vidas para viajar por mar hasta Malasia en travesías en las que pueden perder la vida. Regresaron a aguas costeras de Bangladesh tras serles denegada la entrada en el país y ser devueltas al mar por las autoridades malasias.

La marina de Bangladesh rescató su embarcación y las remolcó a la isla, donde este país ha propuesto reubicar a otras 103.200 personas refugiadas rohinyás.

Amnistía Internacional ha hablado con dos mujeres y un hombre rohinyás en Bhashan Char, así como con otros 8 familiares de 13 personas refugiadas rohinyás que están actualmente en la isla.

En dos entrevistas, las personas refugiadas rohinyás dijeron a Amnistía Internacional que habían tenido noticia de relatos de acoso o abusos sexuales a manos de agentes de policía y personal de la marina en la isla. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bangladesh que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre estas denuncias.

Las personas refugiadas rohinyás dijeron que comparten con entre 2 y 5 personas una habitación de aproximadamente 4,65 metros cuadrados, espacio apenas suficiente para una sola persona. En cada cobertizo hay 16 habitaciones de estas características, y sólo dos aseos. A su llegada, se proporcionó a cada persona una pieza de tela, una mosquitera y un plato y una pieza de tela, con la que en muchos casos algunas mujeres rohinyás que tienen conocimientos de costura confeccionaron prendas de vestir. Las personas entrevistadas dijeron que los alimentos se distribuyen dos veces al día y que están cansadas de que se les suministre la misma comida desde que llegaron a la isla. La única instalación de atención de la salud es una clínica móvil gestionada por la marina que abre durante cuatro horas al día, de las 08.00 a las 12.00. Las personas refugiadas dijeron a Amnistía Internacional que a menudo no se les permite salir de sus cobertizos.

El confinamiento prolongado de las personas refugiadas rohinyás en la isla constituye una violación de las obligaciones contraídas por Bangladesh en virtud de los artículos 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protegen el derecho de toda persona a la libertad y a elegir su residencia dentro de un territorio.

“Las autoridades de Bangladesh deben trasladar en condiciones de seguridad a todas las personas refugiadas rohinyás que están actualmente en Bhashan Char de vuelta a los campos de refugiados de Cox’s Bazar, y garantizar que se consulta a las personas refugiadas, sin coerción, sobre cualquier plan futuro de reubicarlas en la isla”, ha afirmado David Griffiths.

Derecho a la vida

Más de 100 personas refugiadas rohinyás fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre agosto de 2017 y julio de 2020, según la organización de derechos humanos bangladeshí Odhikar. Sin embargo, no se ha investigado ninguno de estos casos ni se ha puesto a disposición de la justicia a los presuntos autores.

Amnistía Internacional habló con familiares de cinco personas refugiadas rohinyás que fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Cox’s Bazar. Todos los incidentes presentan un relato sorprendentemente parecido en el que las víctimas perdieron la vida durante un “tiroteo” con miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley, que afirmaron que abrieron fuego únicamente como respuesta. Según informes, la policía se llevó de sus hogares a tres de los cinco hombres rohinyás que después fueron hallados muertos, de acuerdo con el testimonio de sus familiares.

Las autoridades de Bangladesh deben tomar nota de las denuncias y los motivos de preocupación de las familias y la sociedad civil rohinyás, y abrir investigaciones completas, independientes e imparciales sobre todas las presuntas ejecuciones extrajudiciales y garantizar que las personas presuntamente responsables son enjuiciadas en procedimientos con las debidas garantías y que no permitan recurrir a la pena de muerte.

Derecho a atención de la salud

Hasta el 23 de agosto de 2020, 6 personas refugiadas rohinyás habían muerto de COVID-19, y 88 miembros de la comunidad habían dado positivo en las pruebas para detectar el virus. Sin embargo, estas cifras se basaban en las pruebas realizadas a 3.931 personas refugiadas, que representan menos del uno por ciento de la población rohinyá en los campos de refugiados.

Si bien las cifras comunicadas pueden ser muy inferiores a las reales, al ser muy pocas las personas refugiadas rohinyás que se ofrecen voluntariamente para someterse a pruebas en los centros de atención de la salud administrados por agencias humanitarias por temor a ser separadas de su familia u obligadas a someterse a aislamiento, y por sus experiencias de conducta poco respetuosa por parte del personal médico. A esto se suma la falta de información clara y ampliamente accesible sobre los servicios de atención de la salud de que disponen las personas refugiadas rohinyás, ha declarado un funcionario de un destacado proveedor de atención médica en el campo.

“El personal se porta muy mal con nosotros. Cuando hablamos en nuestra lengua materna, nos miran y se ríen. Eso me pone muy nervioso”, afirmó un adolescente rohinyá.

Las autoridades y las agencias humanitarias deben tomar nota de los motivos de preocupación y las experiencias de las personas que acuden como pacientes a los centros de atención de la salud y abordar cualquier deficiencia del modo que corresponda, como parte de la supervisión, evaluación y formación específica para mejorar la calidad del servicio de atención de la salud en los campos de refugiados.

Violencia de género y discriminación

Amnistía Internacional entrevistó a 10 mujeres rohinyás en relación con la violencia de género y la discriminación en los campos. Cinco de ellas dijeron que la frecuencia de la violencia contra las mujeres había aumentado durante la pandemia de COVID-19, sobre todo la violencia de género en el ámbito familiar, al haber más hombres en casa. Las mujeres dijeron que sus esposos, tras haber perdido la oportunidad de trabajar, las presionaban para que llevaran dinero y se mostraban violentos con ellas en el hogar. De las 10 mujeres, 4 creían que la discriminación y la violencia contra las mujeres eran un factor constante en los campos, con independencia de la pandemia.

Mujeres rohinyás que viven en los campos de refugiados compartieron con Amnistía Internacional relatos de trata de personas, acoso sexual y discriminación. En algunos campos, los líderes comunitarios decidieron no permitir que las mujeres fueran a trabajar durante la pandemia.

La representación de las mujeres es muy desproporcionada y discriminatoria en las reuniones comunitarias que se celebran en los campos, a las que sólo se invita a una o dos mujeres junto con 50 hombres, afirmó una mujer rohinyá de 29 años del campo 1W.

“Las mujeres y los niños y niñas rohinyás, que representan más de la mitad de las personas refugiadas en Cox’s Bazar, están expuestos a muchas formas de acoso y discriminación. Las autoridades y las agencias humanitarias deben garantizar que se investigan todas las denuncias de trata de personas, acoso sexual y discriminación y que las mujeres son objeto de una consulta auténtica en relación con las acciones y decisiones que las afectan”, ha afirmado David Griffiths.

Libertad de expresión y derecho a la información

El 24 de agosto, un año después de que las autoridades de Bangladesh restringieran el acceso a Internet de alta velocidad en los campos de refugiados, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Masud Bin Momen, anunció que las restricciones se levantarían finalmente. Sin embargo, personas refugiadas rohinyás dijeron a Amnistía Internacional que aunque la velocidad de acceso a Internet ha mejorado en algunas partes de los campos, sigue sin estar ampliamente disponible. “No tengo acceso a una red adecuada. Tengo que subir a lugares más altos para conseguir [más] velocidad”, declaró un hombre rohinyá del campo 12.

La restricción había privado a las personas refugiadas rohinyás de información de vital importancia sobre la COVID-19, y al mismo tiempo añadía una sensación de frustración para quienes tienen miembros de la familia y parientes fuera de Bangladesh con los que no podían contactar.

El 5 de agosto de 2020, la policía detuvo a un joven rohinyá por usar la wifi de una tienda de Jamtoli, en el campo 15, para acceder a Internet. “¿Es delito usar la wifi?”, preguntó a los agentes de policía, que le respondieron que los rohinyás no podían usar la wifi para acceder a Internet. “Finalmente, al cabo de una hora me dejaron en libertad, me devolvieron el teléfono móvil y me dijeron que no volviera a usar la wifi”, relató a Amnistía Internacional.

Derecho a la educación

En enero de 2020, Bangladesh anunció que los niños y niñas rohinyás tendrían la oportunidad de cursar el currículo escolar de Myanmar, al principio entre sexto y noveno grados como transición desde el programa educativo informal existente. Estaba previsto que este plan se implementara en periodo de pruebas con 10.000 niños y niñas en el primer semestre del año, con la previsión de ampliarlo y extenderlo a más niños y niñas en otros grados escolares. Según UNICEF, hay más de 400.000 niños y niñas rohinyás en edad escolar, entre 3 y 18 años, en los campos de refugiados.

Sin embargo, la pandemia y las subsiguientes restricciones impuestas a los servicios en los campos no sólo han cerrado las instalaciones educativas existentes, sino que han retrasado la aplicación del currículo escolar de Myanmar. Debido a la demora en la aplicación del programa, los niños y niñas rohinyás, especialmente los que han cursado el noveno grado y para los cuales no hay previsión alguna sobre educación, continuarán excluidos del sistema escolar.

“El gobierno de Bangladesh debe garantizar que la COVID-19 no se convierte en otra excusa para privar a los niños y niñas rohinyás de su derecho a acceder a la educación. La comunidad internacional debe apoyar a las autoridades de Bangladesh con financiación y recursos para implementar el currículo escolar de Myanmar”, ha afirmado David Griffiths.

Información complementaria

Para elaborar este informe se ha entrevistado a más de 50 personas refugiadas rohinyás, así como a miembros de la comunidad de acogida, de la diáspora rohinyá, activistas de los derechos humanos y personal humanitario. Amnistía Internacional y otros organismos humanitarios han pedido la participación de las personas refugiadas rohinyás en la toma de decisiones, tanto del gobierno como de las agencias, con respecto a su situación y su futuro, incluido el proceso de repatriación para el regreso en condiciones de seguridad a su país natal.