El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional ha verificado evidencia videográfica de diversos episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en respuesta a estas manifestaciones

Las más altas autoridades colombianas deben dar un mensaje claro y contundente indicando que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional es inaceptable y deben hacer cesar inmediatamente la represión de las protestas por la muerte del abogado Javier Ordoñez, dijo Amnistía Internacional hoy, tras verificar al menos cuatro incidentes de violaciones de derechos humanos cometidas por policías, incluyendo tortura y uso excesivo de la fuerza.

“Hemos verificado evidencia videográfica de cómo la Policía Nacional colombiana torturó al abogado Javier Ordoñez, utilizando una pistola eléctrica Taser y haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza en su contra,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.

“Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes que piden justicia por la muerte del abogado Javier Ordoñez. Asimismo, exhortamos a las autoridades a mandar un mensaje contundente de repudio y realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía colombiana”.

El 9 de septiembre, dos policías detuvieron de manera violenta a Javier Ordoñez, lo inmovilizaron y le dispararon con pistolas eléctricas Taser X2 supuestamente por incumplir las normas de aislamiento selectivo dispuestos por la pandemia de COVID-19. Una vez inmovilizado, y sin que el hombre presentara ningún peligro para los oficiales, le siguieron dando descargas directas en su cuerpo durante aproximadamente cinco minutos. Javier Ordoñez pidió por favor que se detuvieran, como lo hicieron testigos que estaban filmando el incidente a pocos metros de distancia. Murió en el hospital horas después.

De acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, la pistola eléctrica Taser y otras armas similares denominadas “menos letales” deben ser usadas con similares protocolos que las armas letales, porque pueden causar lesiones graves, e incluso la muerte. Los gobiernos deben limitar su uso a situaciones de auténtico e inminente peligro para la vida para los oficiales que las portan, es decir, solo debe ser utilizada como arma paralizante en situaciones que de otro modo requerirían una fuerza letal, siguiendo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. El uso deliberado de la fuerza potencialmente letal para mantener el orden frente a amenazas que no revistan extrema gravedad, que no suponga una amenaza grave e inminente para la vida o la integridad física de terceros, se considera uso desproporcionado de la fuerza letal.

“El uso de Tasers en contacto directo con el cuerpo, como el caso de Javier Ordoñez, es absolutamente inaceptable. El uso prolongado frente a una persona detenida e inmovilizada, que no representaba ningún peligro para los oficiales, es claramente punitivo, tiene el objetivo de causar intencionalmente dolor severo y lesiones; por lo que constituye tortura”, dijo Erika Guevara Rosas. 

“En tales situaciones, las Tasers sólo deben ser utilizados por oficiales que hayan sido sometidos a un alto nivel de entrenamiento riguroso y que sean sujeto a estrictos sistemas de vigilancia y rendición de cuentas, de acuerdo con las normas de la ONU sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de la Policía. Si los gobiernos no pueden cumplir con estas normas, el uso de Tasers debería ser cesado”.

A raíz de la muerte de Javier Ordoñez, hubo manifestaciones durante el 9 de septiembre en Bogotá y en otras ciudades, algunas con hechos de vandalismo y violencia por parte de algunos manifestantes.

El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional ha verificado evidencia videográfica de diversos episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en respuesta a estas manifestaciones. Por ejemplo, hay evidencia de policías arrastrando brutalmente a una mujer a en las cercanías del Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, en Galerías, Bogotá.

La organización también verificó dos incidentes donde policías hicieron múltiples disparos en el lugar de las manifestaciones, hiriendo por lo menos a una persona. Uno de los incidentes ocurrió cerca del CAI Rincón De Suba, en Carrera 93, el otro ocurrió cerca del CAI Verbenal, en la Calle 187, Bogotá. En un video del segundo incidente se ven policías en motocicletas pasando por encima de la multitud, disparando indiscriminadamente y dejando a una persona herida en el piso.

El descontento social ha seguido escalando y Amnistía internacional también está verificando imágenes perturbadoras de las protestas del 10 de septiembre y el posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

El 10 de septiembre, el Ministro de Defensa, de quien depende la Policía Nacional, reportó 403 personas lesionadas (194 de los cuales pertenecerían a las fuerzas de seguridad) y 10 personas muertas (siete en Bogotá y tres en Soacha). En la misma declaración, el Ministro de Defensa se refirió a las protestas como actos de vandalismos sistemáticos y coordinados. El 11 de septiembre, el ministro pidió disculpas por “cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución” y anunció la separación de cinco oficiales de su cargo para evitar que puedan interferir con la investigación por la muerte de Javier Ordoñez.  

“Es lamentable que el Ministro de Defensa considere el clamor de la población por justicia y por una policía que respete los derechos humanos como un acto de vandalismo. La estigmatización solo incita aún más las violaciones de derechos humanos por parte de la policía en contra de los manifestantes”, dijo Erika Guevara Rosas. 

No es la primera vez que la organización denuncia violaciones de derechos humanos por parte de la Policía colombiana. En noviembre del 2019, Amnistía Internacional verificó al menos cinco violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la fuerza pública en respuesta a protestas sociales.