Las autoridades no pueden limitar la difusión y el acceso a información sobre la situación sanitaria. Deben garantizar que la población tiene fácil acceso a información a través de los medios de comunicación y de Internet, así como acceso a información y documentos oficiales necesarios para poder protegerse y cumplir con las medidas de salud pública adoptadas por el gobierno

La médica Tatyana Revva, que trabaja en un hospital de Kalach del Don, en el sur de Rusia, sigue afrontando represalias por denunciar la falta de equipos de protección individual y otros problemas laborales en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Ha recurrido una sentencia dictada por un tribunal el 23 de julio que rechazaba una demanda civil que ella había presentado contra el hospital por imponerle amonestaciones disciplinarias. También en julio tuvo noticia de que podría ser objeto de procesamiento penal: la Fiscalía del Distrito anuló la decisión de no iniciar procedimientos contra ella, concretamente por cargos de difamación relacionados con sus quejas.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal de la región de Volgogrado / Prosecutor of Volgograd Region

Denis Alekseevich Kostenko

Prosecutor’s office of Volgograd region

UI. Istoricheskaya, 124, Volgograd, 400075, Federación Rusa

Fax: +7 8442 310 388

Correo-e: volgoproc@volgoproc.ru y smi@34.mailop.ru (para preguntas de prensa)

Formulario online (en ruso): https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-reception/personal-receptionrequest

Señor fiscal:

Tatyana Revva, médica intensivista de Kalach del Don, se enfrenta a represalias tras haberse quejado en reiteradas ocasiones a la dirección de su hospital de la falta de equipos de protección individual para el personal sanitario en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Ha sido objeto de medidas disciplinarias injustificadas por éstas y otras quejas relacionadas con su labor, y podría perder su trabajo simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestar preocupación por cuestiones de interés público. Ha tratado de tomar medidas efectivas para combatir la propagación de la COVID-19 y garantizar el más alto nivel posible de salud. Me ha llenado de consternación la noticia de que una sentencia dictada por un tribunal el 23 de julio rechazó una demanda civil que ella había presentado contra el hospital por imponerle medidas disciplinarias. Soy consciente de que Tatyana ha recurrido la sentencia.

Tatyana Revva recibió en julio una carta de la Fiscalía en la que se afirmaba que algunas de las cuestiones sobre las que ella se había quejado habían sido confirmadas por la inspección del hospital llevada a cabo por la Fiscalía Regional. Sin embargo, en la misma carta se informaba de que la Fiscalía del distrito de Kalachevsky había anulado la decisión de la policía del distrito de no iniciar una causa penal contra ella en aplicación del artículo 128.1 del Código Penal ruso (“difamación”). En la carta se explicaba que la policía había ordenado realizar un examen adicional previo a la instrucción sobre si debería abrirse un procedimiento penal contra ella. El examen inicial previo a la instrucción se llevó a cabo a raíz de una denuncia por parte del médico jefe del hospital de TatyanaRevva. En ese momento, la policía rechazó en múltiples ocasiones iniciar una causa penal, ya que no habían identificado motivos que la respaldaran.

Le insto a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las represalias contra Tatyana Revva, entre las que deben figurar detener el examen previo a la instrucción, con vistas a garantizar que Tatyana puede realizar su labor profesional y ejercer su derecho a la libertad de expresión sin obstáculos ni acoso. Le pido también que garantice que el personal sanitario del hospital de Kalach del Don y de otros hospitales de la región de Volgogrado está protegido adecuadamente en el contexto de la COVID-19.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 en Rusia, aparecen informes continuos sobre represalias contra personal sanitario, activistas de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos. Se ha perseguido a activistas y a personas que han expresado su preocupación por la carencia de equipos necesarios, la falta de formación, los bajos salarios o la inseguridad en las condiciones de trabajo. Otras personas han sido perseguidas por el mero hecho de intentar ayudar.

A principios de marzo, TatyanaRevva informó de sus inquietudes al sindicato independiente Alianza Médica, y grabó un vídeo en el que explicaba los problemas del personal de su hospital. Posteriormente, su carta al sindicato y su vídeo se hicieron públicos. Poco después de la difusión pública del vídeo, la dirección del hospital tomó medidas disciplinarias contra TatyanaRevva, que asegura que son injustificadas y debidas a sus críticas. Según Tatyana, en el plazo de un mes recibió dos amonestaciones formales y un apercibimiento por escrito de la dirección, y en seis ocasiones tuvo que dar explicaciones por escrito sobre presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de su labor profesional. Uno de los procesos disciplinarios contra TatyanaRevva se inició por quebrantar presuntamente la confidencialidad de la información médica de un paciente. El paciente en cuestión era su padre, que había sido ingresado en la unidad de urgencias del hospital por un posible ataque cardíaco. TatyanaRevva visitó a su padre en urgencias y por ello recibió una amonestación en la que se alegaba que debería haber completado el registro del paciente. TatyanaRevva sostiene que se trató de una visita privada —a un familiar— y que ella no era la médica de guardia. Además, la posible patología de su padre ni siquiera entraba en su especialidad y, por consiguiente, ella no tenía nada que ver con el registro del paciente en este caso. TatyanaRevva mencionó este incidente en su carta al sindicato y en una entrevista periodística, pero no reveló los datos personales de su padre ni su diagnóstico y, por tanto, no violó el derecho del paciente a la confidencialidad. No obstante, este acto se ha utilizado como base para el procedimiento disciplinario contra ella y podría dar lugar a su despido.

El derecho internacional de los derechos humanos dispone que los gobiernos tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Es posible restringir el derecho a la libertad de expresión por razones de salud pública, pero deben estar claramente previstas en la ley, ser necesarias y proporcionadas para proteger la salud pública, y no pueden ser discriminatorias. Las autoridades no pueden limitar la difusión y el acceso a información sobre la situación sanitaria. Deben garantizar que la población tiene fácil acceso a información a través de los medios de comunicación y de Internet, así como acceso a información y documentos oficiales necesarios para poder protegerse y cumplir con las medidas de salud pública adoptadas por el gobierno.

Los gobiernos deben abstenerse de cualquier intento de censura o intimidación, represalias o acciones disciplinarias contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, ciudadanos reporteros, personal sanitario o cualquier persona que intente difundir información. Imponer restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión y a la capacidad de la población de buscar información supondría una violación de sus obligaciones de derechos humanos, y además podría comprometer la efectividad de la respuesta sanitaria. Para másinformación, véase Eastern Europe and Central Asia confronted with COVID-19: Responses and responsibilities https://www.amnesty.org/es/documents/eur01/2215/2020/es/.

Si las respuestas de los Estados a la COVID-19 se basan en restricciones a la información, falta de transparencia y censura, se corre el riesgo de que menoscaben los derechos antedichos (más información aquí: https://www.amnesty.org/es/documents/pol30/1967/2020/es/). Entrañan también el riesgo de que a la gente le cueste más emprender las acciones adecuadas para protegerse de la infección y de que a todas las partes interesadas les resulte más difícil hacerse una idea realista de la situación y coordinarse y tomar las medidas adecuadas para combatir la propagación del virus. Los trabajadores y trabajadoras de la salud están en primera línea frente a esta epidemia, pues tienen que continuar prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellos y para sus familias. Entre los riesgos que corren figuran la posibilidad de contraer la COVID-19 al realizar su labor, el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio.

Aunque en Rusia no hay datos oficiales sobre cuántos profesionales sanitarios han muerto a causa de la COVID-19 o han contraído la enfermedad, los medios de comunicación hablan de cientos de trabajadores y trabajadoras de la salud infectados en todo el país, y un sitio web no oficial (https://sites.google.com/view/covid-memory/home) ha registrado más de 600 profesionales de la salud que han muerto mientras luchaban contra la pandemia. Decenas de profesionales de la salud se han quejado de la falta de equipos de protección suficientes o adecuados y de salarios y condiciones laborales inadecuados.

Pueden escribir llamamientos en: Ruso, inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 14 de octubre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Tatyana Revva (femenino)

Enlace a la au anterior:  https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/2301/2020/es/