El Gobierno de Acuerdo Nacional tiene la responsabilidad de proteger y defender el derecho de manifestación pacífica, proteger a quienes se manifiestan frente a quienes pretenden silenciarles con munición real y abordar los problemas subyacentes que han hecho que la gente salga a las calles

Al menos seis personas que se manifestaban pacíficamente fueron secuestradas y varias más resultaron heridas después de que unos hombres armados dispararan munición real, incluida munición de ametralladora pesada, para dispersar una protesta en Trípoli el 23 de agosto. Así lo indican las declaraciones de testigos presenciales y los testimonios videográficos examinados por Amnistía Internacional. La organización pide la liberación inmediata de todas las personas secuestradas, y pide también que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre el uso de la fuerza, y que se haga rendir cuentas a los responsables.

El domingo, una multitud de manifestantes se echó a la calle en varias ciudades del oeste de Libia, incluidas Trípoli, Misrata y Al Zawyia, para protestar contra el deterioro de las condiciones económicas y contra la corrupción. En Trípoli, hacia las siete y media de la tarde, unos hombres no identificados vestidos con uniforme de camuflaje abrieron fuego sin previo aviso contra la multitud, utilizando rifles tipo AK y ametralladoras montadas en camiones.

Algunas fuentes dijeron a Amnistía Internacional que se había detenido al menos a seis manifestantes durante ese mismo incidente. El ataque tuvo lugar en una zona de Trípoli controlada por la milicia de Al Nawasi, que teóricamente actúa bajo el mando del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional reconocido por la ONU. Los testigos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que ese hecho, unido a la información que habían recibido de individuos afiliados a la milicia de Al Nawasi, según la cual algunas de las personas secuestradas estaban bajo su custodia, eran fuertes indicadores de que esta milicia estaba detrás del ataque.

“El Gobierno de Acuerdo Nacional tiene la responsabilidad de proteger y defender el derecho de manifestación pacífica, proteger a quienes se manifiestan frente a quienes pretenden silenciarles con munición real y abordar los problemas subyacentes que han hecho que la gente salga a las calles”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“En lugar de refrenar a las milicias y grupos armados que cometen abusos y no rinden cuentas de sus actos, el Gobierno de Acuerdo Nacional los ha utilizado para desempeñar labores de seguridad y cumplimiento de la ley y para luchar contra sus rivales. Esta anarquía e impunidad sólo sirven para perpetuar el sufrimiento de la población civil de Libia, que ni siquiera ha podido manifestar de forma segura sus quejas legítimas sobre la terrible situación económica y humanitaria sin enfrentarse a las armas. Pedimos al Gobierno de Acuerdo Nacional que lleve inmediatamente a cabo una investigación exhaustiva, imparcial, independiente y transparente sobre el uso injustificado de la fuerza contra manifestantes, y que garantice que todos los responsables rinden cuentas de sus actos. Debe revelarse el paradero de las personas secuestradas y debe ponerse de inmediato en libertad a las personas detenidas.”

Amnistía Internacional habló con cinco testigos presenciales y examino fotografías y grabaciones de vídeo de las protestas de Trípoli.

Fuerza ilegítima como respuesta a demandas legítimas

Hacia las tres de la tarde, los y las manifestantes empezaron a reunirse en la plaza de los Mártires, en el centro de Trípoli. Algunas personas acudieron a manifestarse ante la sede del Consejo Presidencial, que preside el Gobierno de Acuerdo Nacional. La policía estaba presente, vigilando el lugar, pero no se informó de ningún incidente y los manifestantes regresaron posteriormente a la plaza de los Mártires.

El líder de una de las manifestaciones contó a Amnistía Internacional: “Protestamos por el agua, protestamos por la electricidad, protestamos para que no haya tantos jóvenes libios que tengan que emigrar a Europa.”

Hacia las siete y media de la tarde, algunas de las personas que se manifestaban se dirigieron hacia la sede del Alto Consejo de Estado, órgano asesor del Gobierno de Acuerdo Nacional situado en el Hotel Radisson Blu Al Mahary. Cuando caminaban, sin armas, por Tarik el Shati, una carretera de Trípoli cercana al mar, unos hombres armados no identificados vestidos con ropa de camuflaje de tipo militar abrieron fuego contra ellas.

Según los testigos, las fotos y las grabaciones de vídeo, los asaltantes llevaban rifles tipo AK, y en los vídeos se oyen ráfagas de munición real. En los vídeos se ve también a los asaltantes utilizando una ametralladora pesada montada sobre un camión para disparar munición real al aire con el fin de dispersar a quienes se manifestaban y obligarlos a regresar a la plaza de los Mártires. Los testigos afirman que, antes de comenzar los disparos, no hubo advertencias ni ningún otro intento de dispersar pacíficamente a la multitud. Amnistía Internacional hizo una geolocalización de los vídeos, y determinó que unos mostraban imágenes de Tarik el Shati y otros de la plaza de los Mártires.

Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que habían visto cómo al menos tres hombres resultaban heridos. La organización examinó fotos en las que se veía a un hombre con posibles heridas de bala en la parte baja del costado derecho y la espalda, y un vídeo en el que se veía cómo llevaban en una motocicleta a un hombre que parecía estar inconsciente. Siguieron oyéndose disparos hasta las nueve de la noche, aproximadamente.

Un manifestante contó a Amnistía Internacional: “Las imágenes de grupos armados disparando contra manifestantes pacíficos despiertan recuerdos de las protestas de febrero de 2011 contra [el difunto ex dirigente de Libia] Muamar el Gadafi.”

Cuando los manifestantes empezaron a dispersarse hacia las nueve de la noche, los asaltantes los siguieron y continuaron disparando rondas de munición real. Algunos manifestantes respondieron bloqueando calles con neumáticos ardiendo, en un intento por defenderse.

Según tres fuentes, al menos seis manifestantes fueron secuestrados por asaltantes no identificados, y se desconoce su paradero. Algunas fuentes dijeron a Amnistía Internacional que creían que la milicia de Al Nawasi los tiene detenidos arbitrariamente en un lugar cercano a Tarik al Shati.

El líder de una de las manifestaciones contó a Amnistía Internacional: “[Las milicias] quieren establecerse como guardianes del pueblo libio.”

El 23 de agosto, el Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional emitió unas declaraciones en las que condenaba a los atacantes, negaba su relación con ellos y prometía llevar a cabo investigaciones. Sin embargo, al día siguiente, Fayez al Sarraj, presidente del Consejo Presidencial y primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional, declaró: “Quienes protestaban no habían obtenido de las autoridades pertinentes los permisos necesarios para manifestarse [...] Pequeños grupos de infiltrados se mezclaron con los manifestantes, algunos de los cuales iban armados [...] Hubo disturbios y destrucción de propiedad pública y privada [...] Advertimos [a la gente] de que los infiltrados trataban de incitar a la sedición y el sabotaje.”

A pesar de los comentarios de Fayez al Sarraj, Amnistía Internacional, no ha hallado indicios de que hubiera individuos armados entre los manifestantes, o de que los manifestantes atacados en Tarik al Shati estuvieran poniendo en peligro la vida de otras personas.

Información complementaria

A pesar del reciente anuncio sobre un alto el fuego el 21 de agosto entre el Gobierno de Acuerdo Nacional, que controla gran parte del oeste del país, y el Ejército Nacional Libio, que controla el este, la situación humanitaria en Libia sigue deteriorándose. Esta semana también ha habido protestas por el empeoramiento de la situación económica; han tenido lugar en la ciudad de Sabha, en el sur de Libia, y en la localidad de Al Qubh, en el este.

Una reciente declaración del Comité Internacional de la Cruz Roja dio la alarma sobre el rápido incremento de casos de COVID-19 en el país, en plena crisis económica, y sobre su impacto en la vida y el sustento de toda la población libia.

Libia sigue asolada por poderosas milicias y grupos armados, que cometen violaciones graves del derecho internacional humanitario u otros delitos con total impunidad. No es sólo que los miembros de la milicia no rindan cuentas de sus crímenes, sino que las autoridades siguen pagándoles un salario y, en ocasiones, alaban sus esfuerzos por proporcionar seguridad a la ciudadanía.