El 31 de julio, la policía detuvo de nuevo a las activistas de la oposición Joana Mamombe, Netsai Marova y Cecilia Chimbiri, así como a una persona que les presta asistencia letrada, cuando se dirigían a la Comisaría Central de Policía de Harare, donde tenían que presentarse en cumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza. Joana Mamombe y Netsai Marova quedaron en libertad sin cargos posteriormente. En el caso de Cecilia Chimbiri, fue puesta en libertad tras presentarse cargos contra ella por haber insultado a un agente de policía, a raíz de que un soldado la acusara falsamente de haberlo insultado y la agrediera con un látigo.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Hon Kazembe Kazembe

Ministro del Interior y de Patrimonio Cultural / Minister of Home Affairs and Cultural Heritage

11^th Floor Mukwati Building

Cnr 4^th Street and Selous Avenue

 P Bag 7703, Causeway, Harare

Zimbabue

Correo-e: thesecretary@moha.gov.zw 

Señor Ministro:

Tres activistas de la oposición —Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri y Netsai Marova— secuestradas cuando estaban bajo custodia del Estado, violadas sexualmente, torturadas y hospitalizadas en mayo de 2020 por el simple hecho de liderar una manifestación contra la falta de medidas del gobierno para proporcionar protección social a la población pobre durante el confinamiento por la COVID-19, continúan sufriendo persecución en Zimbabue.

El 31 de julio, comparecieron ante los tribunales tras haber recibido una citación oficial por los cargos de “comunicar o publicar una declaración falsa perjudicial para el Estado” y “frustrar u obstruir la acción de la justicia”‘, presentados contra ellas el 10 de junio. Tras la comparecencia, se dirigieron en compañía de su abogado a la Comisaría Central de Policía de Harare, donde tenían que presentarse en cumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza. Entonces fueron abordadas por la policía y por militares cerca de la sede del partido gobernante, la Unión Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Un soldado acusó falsamente a Cecilia Chimbiri de insultarlo y la azotó con un pesado látigo de cuero. Las tres activistas, así como su abogado, fueron detenidas y llevadas a la Comisaría Central, donde la policía se negó a admitir la denuncia de Cecilia Chimbiri y la acusó de insultar a un agente de policía. Aunque fue puesta en libertad posteriormente, Cecilia Chimbiri tendrá que comparecer ante los tribunales.

Considero muy preocupante esta agresión y la detención subsiguiente de las tres activistas y su abogado, como consecuencia de la cual no pudieron cumplir las condiciones de su libertad bajo fianza y se han presentado nuevos cargos falsos contra Cecilia Chimbiri.

Por todo ello lo insto, como ministro del Interior, a:

• Retirar inmediatamente todos cargos formulados contra las tres activistas;
• Emprender una investigación exhaustiva, independiente, imparcial, transparente y efectiva sobre su desaparición forzada estando bajo custodia del Estado y sobre todas las denuncias de agresión sexual y tortura contra ellas;
• Hacer comparecer ante la justicia a los presuntos responsables y garantizar que las víctimas y sus familias tienen acceso a la justicia y a recursos efectivos que incluyan restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Joana Mamombe, legisladora de la Alianza Movimiento por el Cambio Democrático por Harare Occidental; Cecilia Chimbiri, vicepresidenta nacional juvenil de la Alianza, y Netsai Marova, secretaria adjunta de organización juvenil, fueron detenidas el 13 de mayo por liderar una protesta antigubernamental que se celebraba ese día contra la respuesta de las autoridades a la propagación de la COVID-19 y el hambre en el país. La detención se produjo en un control de carretera a cargo de la policía y de soldados cerca de Warren Park, en la carretera de Bulawayo, en Harare. Fueron llevadas a la Comisaría Central de Policía de Harare, donde las hicieron entrar en otro vehículo con el pretexto de que iban a llevarlas a la comisaría de Warren Park. Según las activistas, les pusieron una capucha en la cabeza y las llevaron a un lugar desconocido, donde las golpearon en las plantas de los pies, las agredieron sexualmente y las obligaron a comer excrementos humanos. El portavoz de la policía nacional, el comisario auxiliar Paul Nyathi, confirmó el 14 de mayo la detención, aunque dijo que no sabía el lugar donde estaban recluidas. Sin embargo, ese mismo día, la policía negó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que las activistas estuvieran bajo su custodia.

La madrugada del 15 de mayo, las tres aparecieron tiradas en un vertedero de la localidad de Bindura, a 87 kilómetros de Harare, con la ropa desgarrada y señales de haber sido agredidas brutalmente. Tuvieron que ser hospitalizadas. En el hospital, las autoridades las acusaron de infringir el artículo 37 del Código Penal, que tipifica la reunión con intención de promover la violencia pública y el quebrantamiento de la paz como delito, penado con hasta cinco años de prisión, una multa o ambas sanciones, así como los artículos 5.3 y 5.1 del Instrumento Reglamentario 99/20, que prohíbe las reuniones y las castiga con un año de prisión, una multa o ambas sanciones. En una vista judicial especial celebrada en el hospital, se concedió a las tres la libertad bajo fianza de 1.000 dólares zimbabuenses.

El 10 de junio, las tres activistas fueron detenidas cuando estaban en el despacho de sus abogados. Las acusaron de mentir sobre su tortura y formularon cargos contra ellas en aplicación del artículo 31.a.1.iii del Código Penal, que tipifica el delito de comunicar o publicar una declaración falsa perjudicial para el Estado, así como del artículo 184.1.f, relativo a frustrar u obstruir la acción de la justicia. El 15 de junio se les denegó la libertad bajo fianza y permanecieron bajo custodia hasta el 26 de junio. Mientras estaban bajo custodia se les negó el acceso a la comida que les llevaban sus familias. Sus abogados presentaron un recurso ante el Tribunal Superior. El 26 de junio, éste les concedió la libertad bajo fianza bajo condiciones gravosas, que incluían una fianza de 10.000 dólares zimbabuenses (alrededor de 177 dólares estadounidenses al tipo interbancario oficial), la obligación de presentarse tres veces a la semana ante la policía y la prohibición de hablar de su asunto directa o indirectamente con ningún medio de comunicación público o privado, incluidas las redes sociales.

El día de su detención, el 10 de junio, los nueve relatores especiales de la ONU pidieron que se pusiera fin a los secuestros y la tortura y que se retirasen de inmediato los cargos formulados contra las tres activistas. Algunas autoridades del gobierno, entre ellas el ministro de Justicia y el secretario permanente del Ministerio de Información y Medios Audiovisuales, han negado su desaparición y han declarado que fue una “representación orquestada” por la oposición. Tras su secuestro, el ministro de Justicia pidió su detención en mayo. Por su parte, el ministro del Interior y del Patrimonio Cultural emitió una declaración en la que señaló que había lagunas en su relato y las acusó de buscar la simpatía de Occidente antes de abrir una investigación. También acusó a los profesionales de la medicina que las habían examinado de estar en contra del gobierno.

El 13 de agosto, un juez de Harare dictó erróneamente una orden de detención contra Joana Mamombe por no haber comparecido ante los tribunales. La orden se anuló tras percatarse el Estado, gracias a la intervención de su abogado, de que Joana Mamombe no tenía que comparecer el día en cuestión.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 2 de octubre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Joana Mamombe; Cecilia Chimbiri; Netsai Marova (femenino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/afr46/2729/2020/es/