Mientras que Bolivia se prepara para las próximas elecciones presidenciales anunciadas para el 18 de octubre, luego de que se postergaran dos veces, el país atraviesa una grave crisis social, política y de derechos humanos que ha sido agravada por la pandemia del COVID-19

Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral en Bolivia, entre ellas la represión de manifestaciones y uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en un informe que contiene recomendaciones a las personas candidatas en las próximas elecciones presidenciales, anunciadas para el 18 de octubre.

Al menos 35 personas han fallecido y 833 han sido heridas en el contexto de protestas desde las elecciones del 20 de octubre del 2019, según información recabada en el informe Para sanar la pandemia de impunidad: 20 recomendaciones en materia de derechos humanos a las personas candidatas en las elecciones presidenciales 2020 en Bolivia.

“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Mientras que Bolivia se prepara para las próximas elecciones presidenciales anunciadas para el 18 de octubre, luego de que se postergaran dos veces, el país atraviesa una grave crisis social, política y de derechos humanos que ha sido agravada por la pandemia del COVID-19. Hasta el 13 de agosto, el Ministerio de Salud de Bolivia ha registrado más de 3.800 personas fallecidas y 96.000 casos diagnosticados como positivos en las pruebas realizadas en el contexto de la emergencia sanitaria.

Asimismo, las manifestaciones, incluyendo bloqueos de carreteras, para protestar contra la postergación de las elecciones, se han intensificado en los últimos días, entre denuncias de que el bloqueo estaría impidiendo que insumos claves para tratar el COVID-19 lleguen a diversas comunidades que los requieren, así como denuncias de violencia ejercida por algunas personas manifestantes y entre grupos de manifestantes con la intervención de las fuerzas de seguridad.

“La pandemia del COVID-19 no es la única grave crisis que enfrenta Bolivia. Las personas candidatas a la presidencia deben comprometerse también a tomar medidas urgentes para sanar la histórica pandemia de impunidad que aqueja al país”, aseveró Erika Guevara Rosas.

“Sin verdad y sin justicia no hay garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos que hemos documentado. En este contexto de polarización y desconfianza, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) representa una verdadera oportunidad de garantizar justicia, y por ello es importante que el Estado boliviano se comprometa a garantizar su labor en el país”.

Las recomendaciones de Amnistia Internacional a las personas candidatas a la presidencia están enfocadas en asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis postelectoral que inicia en octubre del 2019 sean investigadas, garantizar los derechos de las víctimas y prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

Para la elaboración del informe, Amnistía Internacional entrevistó a más de 60 personas, entre ellas familiares de las víctimas de violaciones de derecho humanos cometidas en el contexto de las protestas de Sacaba y el bloqueo de YPBF Senkata, personas que presenciaron los hechos – quienes en su mayoría solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias – y periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde al menos 18 personas murieron por disparos de arma de fuego, son emblemáticos de la crisis. Los testimonios y la evidencia recabados arrojan fuertes indicios del uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero las autoridades competentes no han esclarecido los hechos. La organización urge a las personas candidatas presidenciales a adoptar medidas para asegurar investigaciones independientes, imparciales y urgentes para evitar que permanezcan en la impunidad.

El informe también da cuenta de amenazas y hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos, como el caso de Waldo Albarracín, quien fue blanco de un ataque contra su integridad física y cuya casa fue incendiada por una turba el día de la renuncia del expresidente Evo Morales. Las investigaciones penales por tales hechos no han avanzado y el Estado no ha brindado la protección adecuada para que las personas defensoras puedan realizar su legítima labor. 

Además, preocupa a Amnistía Internacional la retórica contra los derechos humanos en Bolivia. En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban. Por su parte, el gobierno interino se ha caracterizado por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales, así como amenazas públicas emitidas por autoridades contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”. Además, se han hecho acusaciones a personas por participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno.

Tal hostigamiento limita de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de salud. Esto puede ser también percibido por otros actores con poder como un peligroso mensaje de tolerancia hacia actos que amenazan o censuran opiniones contrarias y como una carta blanca para la impunidad.

El informe recomienda a las personas candidatas a la presidencia a comprometerse a garantizar la pronta instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia), bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo para el establecimiento del GIEI ha sido un compromiso asumido por la presidenta interina Jeanine Añez, pero que hasta el momento no se ha concretado. La independencia del GIEI Bolivia es fundamental para determinar y esclarecer los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas para que se tomen medidas urgentes para atender la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19, que en las últimas semanas ha alcanzado dimensiones muy preocupantes en el país, afectando desproporcionadamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a los pueblos Indígenas.

“El COVID-19 está cobrándose la salud y la vida de miles de personas en Bolivia. El bloqueo de insumos es inaceptable, porque vulnera gravemente los derechos humanos de las personas en mayor riesgo frente a la pandemia. Las autoridades bolivianas, a todo nivel, en cumplimiento de su deber de garantizar el derecho a la salud, deben tomar medidas que también garanticen el derecho a la protesta pacífica”, dijo Erika Guevara Rosas.