Las tres ejecuciones llevadas a cabo a lo largo de cuatro días en julio han proporcionado nuevas pruebas de las deficiencias y la arbitrariedad que desde hace mucho afectan al sistema de pena de muerte estadounidense. El afán de llevar a cabo estas ejecuciones, que incluye la apresurada reprogramación y las ejecuciones expiradas mientras había mociones pendientes, muestra el total desprecio por parte de las autoridades federales estadounidenses

El 14 de julio, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo la primera ejecución federal en 17 años, seguida muy de cerca por otras dos el 16 y 17 de julio. Dos de los hombres fueron ejecutados horas después de que expirara su orden de ejecución original, tras el levantamiento, por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, de la orden temporal dictada por tribunales inferiores. Mientras un cuarto hombre continúa en peligro de ser ejecutado el 28 de agosto, y se han fijado nuevas ejecuciones para agosto y septiembre, instamos al fiscal general de Estados Unidos a que cancele las órdenes de ejecución y abandone cualquier plan de llevar a cabo nuevas ejecuciones.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Fiscal general / Attorney General
William Barr

U. S. Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001

Línea para comentarios del DOJ: 202-353-1555

Correo-e: askdoj@usdoj.gov 

Señor Fiscal General Barr:

Me dirijo a usted para pedirle que haga cuanto esté en su mano para cancelar las ejecuciones de cuatro hombres condenados en virtud de la legislación federal, actualmente programas para el 26 y 28 de agosto y el 22 y 24 de septiembre, y que abandone cualquier plan de dictar nuevas órdenes de ejecución.

Las tres ejecuciones llevadas a cabo a lo largo de cuatro días en julio han proporcionado nuevas pruebas de las deficiencias y la arbitrariedad que desde hace mucho afectan al sistema de pena de muerte estadounidense. La arbitrariedad y la deficiente asistencia letrada son algunos de los factores comunes que han contribuido a decisiones judiciales poco fiables sobre la vida y la muerte, incluso para personas con discapacidad mental e intelectual grave. Le pido que intervenga y dirija la urgente revisión del fallido sistema de pena capital de Estados Unidos.

A fecha de hoy, 22 estados de Estados Unidos han abolido ya la pena de muerte, y otros 11 no han llevado a cabo ejecuciones desde hace más de 10 años. Las cifras de ejecuciones y condenas a muerte en 2019 confirmaron que los totales estadounidenses anuales permanecen en mínimos históricos. A nivel global se reflejan tendencias similares: el 86% de todas las ejecuciones confirmadas en 2019 (excluida China) se registraron en tan sólo cuatro países: Irán, Arabia Saudí, Irak y Egipto.

Le animo a hacer cuanto esté en su mano para detener las ejecuciones programadas y poner fin al círculo de violencia.

Atentamente

[NOMBRE]

Información complementaria

El 14 de julio, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo la primera ejecución realizada desde 2003 de una persona condenada en virtud de la legislación federal. La muerte de Daniel Lewis Lee se certificó a las 08.07 de la mañana del 14 de julio, más de 16 horas después del momento programado inicialmente para su ejecución. La orden de ejecución original expiró a medianoche y, dos horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó, por cinco votos contra cuatro, la suspensión de la ejecución ordenada por el tribunal federal de primera instancia del distrito de Columbia. El Departamento de Justicia reprogramó la ejecución para las cuatro de la mañana y, mientras continuaba el litigio sobre la validez de la suspensión, Daniel Lewis Lee permaneció cruelmente atado a la camilla de inyección letal. La Cámara de Apelaciones del Octavo Circuito, corte federal, eliminó el último impedimento para la ejecución a las 7.36 de la mañana, y las autoridades federales procedieron a administrar de inmediato la inyección letal a Daniel Lewis Lee, sin notificárselo adecuadamente a su abogado y con varias mociones legales sobre el caso aún pendientes.

La muerte de Wesley Ira Purkey se certificó el 16 de julio a las 8.19 de la mañana, también 16 horas después del momento programado para su ejecución. El abogado de Purkey presentó una moción ante el tribunal federal de primera instancia del distrito de Columbia para pedir una suspensión de la ejecución alegando que su cliente sufría alzheimer y le habían diagnosticado trastorno de estrés post-traumático complejo, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión grave y psicosis, lo que le hacía no apto para ser ejecutado. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual. El tribunal federal de primera instancia concedió la orden de suspensión de la ejecución, que fue levantada por la Corte Suprema de Estados Unidos (de nuevo por cinco votos contra cuatro) en la madrugada del 16 de junio, después de que expirara la orden de ejecución original. Los abogados de Purkey expresaron su preocupación por varias violaciones del debido proceso producidas en este caso, entre ellas el ocultamiento al gobierno de pruebas científicas que documentaban la demencia avanzada de su cliente, y la falta de notificación adecuada de la ejecución reprogramada.

La ejecución de Dustin Honken estaba programada para las 4 de la madrugada del 17 de julio, y su muerte se certificó 36 minutos después. Los abogados de Honken subrayaron que su juicio y su vista de determinación de la pena se habían visto afectados por la conducta indebida e inefectiva de sus abogados iniciales, que no habían informado al jurado de la discapacidad intelectual de su cliente y de su difícil historia. Las tres ejecuciones tuvieron lugar en el Centro Penitenciario Federal de Terre Haute, Indiana. Hay una cuarta ejecución federal programada para el 28 de agosto, pese a que los abogados que representan a este condenado han subrayado que lo inefectivo de la asistencia letrada que recibió durante el juicio dio lugar a errores cruciales, y el jurado no tuvo conocimiento de factores atenuantes en este caso, incluidos los reiterados abusos sexuales y físicos que el acusado sufrió durante su traumática infancia. El 29 de julio, el fiscal general de Estados Unidos. William Barr, ordenó a la Oficina Federal de Prisiones que programara la ejecución de un quinto hombre para el 26 de agosto. Además, se han programado dos ejecuciones adicionales para el 22 y el 24 de septiembre.

El afán de llevar a cabo estas ejecuciones, que incluye la apresurada reprogramación y el llevar a cabo órdenes de ejecución expiradas y mientras había mociones pendientes, muestra el total desprecio por parte de las autoridades federales estadounidenses de las salvaguardias internacionales que deben respetarse en todos los casos de pena de muerte, y es una prueba más de los defectos y la arbitrariedad que desde hace mucho afectan al uso de la pena de muerte en Estados Unidos. En su opinión discrepante en Barr v. Purkey, a la que se unió la jueza Ginsburg, el juez Breyer, de la Corte Suprema de Estados Unidos, concluyó: “El gobierno ha reanudado las ejecuciones después de una pausa de 17 años. Y los primeros casos revelan las mismas deficiencias básicas que han estado presentes desde hace mucho tiempo en muchos casos estatales. El hecho de que estos problemas hayan surgido con tanta rapidez sugiere que son producto, no de una jurisdicción particular o del trabajo de un tribunal, fiscal o abogado defensor específicos, sino de la pena en sí. Un sistema moderno de justicia penal debe ser razonablemente exacto, justo, humano y oportuno. Nuestra experiencia reciente con la reanudación de las ejecuciones por parte del gobierno federal se suma a las pruebas cada vez más abundantes de que la pena de muerte no puede conciliarse con esos valores. Sigo convencido de la importancia de reconsiderar la constitucionalidad de la pena capital en sí”.

A fecha de hoy, 142 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 24 de septiembre de 2020.

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Hombre en peligro de ser ejecutados por la jurisdicción federal (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr51/1960/2020/es/