El mes pasado, la ONU advirtió de una “pandemia en la sombra” paralela a la COVID-19: el aumento a escala mundial de la violencia de género en el ámbito familiar.

En todo el mundo, ha habido un aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres y las niñas durante confinamientos y otras restricciones que han dejado a muchas mujeres y niñas atrapadas en sus casas junto con sus maltratadores o incapaces de acceder fácilmente a servicios que les garanticen seguridad y apoyo.

En Polonia, la situación de las mujeres y las niñas podría volverse aún más peligrosa tras haber anunciado el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, el fin de semana pasado una propuesta de retirada del país del Convenio de Estambul , tratado europeo histórico sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar. El ministro afirmó que el tratado era “perjudicial" porque “contiene elementos de naturaleza política” que obligan a las escuelas a impartir a los niños y las niñas enseñanzas sobre el género. Voces críticas señalan que este lenguaje enmascara un deseo más general del gobierno, que pretende reforzar el patriarcado a la vez que demoniza los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

El primer ministro ha dicho hoy que el Tribunal Constitucional debe examinar el Convenio para comprobar si se ajusta a la Constitución polaca. Tal examen podría retrasar la decisión, pero resulta, de todos modos, preocupante, en particular porque la independencia del Tribunal está muy en entredicho.

El partido gobernante, Ley y Justicia (PiS), y sus socios de coalición están estrechamente vinculados a la iglesia católica y promueven activamente una agenda social neoconservadora. Su tergiversación de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que califican de “ideología de género”, lleva años provocando ataques contra los derechos de las personas LGBTI. El Convenio de Estambul está desde hace mucho en el punto de mira de populistas que suscriben la afirmación espuria del ministro de que representa una amenaza para los “valores familiares tradicionales”.

Tras estas palabras se esconde un profundo desprecio por los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI. Retirarse del Convenio sería una peligrosa medida, de consecuencias catastróficas para millones de mujeres y niñas y para las organizaciones que prestan apoyo esencial a las supervivientes de violencia sexual y de género en el ámbito familiar. Da a entender que no merece la pena proteger su bienestar y seguridad personales. Sería también una medida regresiva, que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe.

Aunque incompletas, las estadísticas oficiales muestran un panorama angustioso. Cifras de 2019: más de 65.000 mujeres y 12.000 niñas y niños denunciaron incidentes de violencia en el ámbito familiar o fueron consideradas víctimas de ellos. Ese año sólo de abrieron 2.527 investigaciones por violación y las ONG y las ONG calculan que el porcentaje de violaciones denunciadas es sumamente bajo.

Una encuesta reciente de ámbito europeo reveló que las mujeres polacas denuncian menos casos de violencia de género en el ámbito familiar que las de los demás países de la UE. Como han mostrado investigaciones realizadas por Amnistía Internacional en Europa, este reducido número de denuncias ante la policía está asociado a una falta de confianza en el sistema de justicia penal y al temor de las víctimas a que no las crean.

Desde el brote de COVID-19, líneas de asistencia telefónica y albergues para mujeres de toda Europa han informado de un alarmante aumento de las llamadas de mujeres expuestas a sufrir violencia en el ámbito familiar como consecuencia de los confinamientos y otras medidas restrictivas. Polonia no es una excepción. Aunque las restricciones puedan ser necesarias para controlar la propagación del virus, los Estados deben responder con medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas. Retirarse del Convenio supone exactamente lo contrario.

El Convenio de Estambul brinda salvaguardias esenciales a las mujeres y las niñas. Es el primer tratado europeo que trata específicamente de la violencia contra las mujeres y la violencia de género en el ámbito familiar. Abarca todas las formas de violencia de género. Los Estados que lo han ratificado, incluida Polonia, tienen la obligación de proteger y apoyar a las supervivientes de esta violencia. También deben crear servicios como líneas telefónicas de emergencia, casas refugio, servicios médicos, asesoramiento y asistencia letrada gratuita.

Hasta la fecha, el Convenido ha sido firmado por la gran mayoría de los Estados europeos y por la UE en su conjunto y ratificado por 34 de ellos. Sólo en 2018, entró en vigor en nueve países (Alemania, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Macedonia del Norte y Suiza), y en 2019 lo ratificó también Irlanda, tras la histórica votación que puso fin a la prohibición casi total del aborto en el país.

No obstante, en algunos países, el deseo de retirarse del Convenio ha ocupado un importante lugar en su agenda. En Turquía, por ejemplo, los grupos de mujeres están expresando su preocupación por la intensificación de los llamados a retirarse del Convenio, asunto que el comité ejecutivo central del partido gobernante debatirá el 5 de agosto, mientras que los medios de comunicación se han hecho amplio eco de varios asesinatos brutales de mujeres a manos de hombres.

En otros países, como Bulgaria, Eslovaquia y, más recientemente, Hungría, el Parlamento no ha ratificado el Convenio basándose en interpretaciones equivocadas del concepto de “género” e ignorando deliberadamente el efecto perjudicial de los estereotipos de género en las sociedades, que dejan a las mujeres y las niñas expuestas a sufrir violencia.

La ratificación del Convenio se ve acechada por ideas equivocadas similares en Ucrania, donde la legislación vigente para combatir la violencia de género en el ámbito familiar sigue sin aplicarse debidamente. Aunque en la agenda del Parlamento ucraniano no figura la ratificación del Convenio, el país está considerando la cuestión tras haber firmado más de 25.000 personas una petición en la que se insta al presidente a iniciar el proceso de ratificación.

En 2018, en Bulgaria, el Tribunal Constitucional determinó que el Convenio no era compatible con la Constitución del país, con lo que perpetuó además perjudiciales ideas equivocadas sobre el alcance y la naturaleza del tratado.

El aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante la pandemia de COVID-19 ha puesto claramente de relieve la necesidad de que, en todo el mundo, los gobiernos mejoren la protección de los derechos de las mujeres y las niñas.

Si Polonia hace exactamente lo contrario, transmitirá el alarmante mensaje de que garantizar que las mujeres y las niñas vivan sin violencia no es ya una prioridad.

Este artículo se publicó originalmente en Euronews.