Cartas oficiales filtradas que Amnistía Internacional acaba de conocer ponen de manifiesto que el gobierno iraní ha ignorado reiteradamente las peticiones presentadas por altos cargos responsables de la gestión de las prisiones de Irán para que les faciliten más recursos a fin de controlar la propagación de la COVID-19 y tratar a las personas presas infectadas. La organización ha examinado copias de cuatro cartas, firmadas por funcionarios de la Organización Penitenciaria de Irán, que está bajo la supervisión de la Magistratura, y dirigidas al Ministerio de Salud, en las que se da la voz de alarma por la grave falta de material de protección, productos desinfectantes y equipo médico esencial. El Ministerio de Salud no ha respondido a las cartas, y las prisiones iraníes siguen padeciendo una falta catastrófica de material para responder a los brotes de la enfermedad.

Lo especificado en las cartas contrasta totalmente con las declaraciones públicas de Asghar Jahangir, ex director de la Organización Penitenciaria y actual asesor del presidente de la Magistratura, quien ha alabado las iniciativas “ejemplares” tomadas por Irán para proteger a las personas presas de la pandemia y ha negado las denuncias de aumento de los índices de infección y de muertes relacionadas con la COVID-19 en las prisiones como consecuencia del hacinamiento, las condiciones de insalubridad y la falta de acceso a servicios de salud.

“Estas cartas oficiales prueban claramente la terrible falta de medidas del gobierno para proteger a las personas presas. Las solicitudes de productos desinfectantes, material de protección y equipo médico, que se necesitan con urgencia, se vienen ignorando desde hace meses. Esta situación es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que en las cartas se advierte también de la presencia de una población sumamente vulnerable en las prisiones iraníes”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El hacinamiento, la mala ventilación, la falta de saneamiento y material médico básicos y la desatención deliberada de los problemas de salud de las personas presas están convirtiendo las prisiones iraníes en terreno abonado para la COVID-19. Las autoridades iraníes deben dejar de inmediato de negar la crisis existente en las prisiones del país en materia de salud y tomar con urgencia medidas para proteger la salud y la vida de las personas presas.”

El director del departamento de salud de la Organización Penitenciaria dirigió por primera vez una carta al Ministerio de Salud de Irán el 29 de febrero de 2020. Hubo cuatro cartas más, presentadas el 25 de marzo, el 12 de mayo, el 14 de junio y el 5 de julio de 2020, que Amnistía Internacional ha visto.

En la del 25 de marzo de 2020, se piden productos desinfectantes y material de protección para tres meses, incluidas “5.400.000 mascarillas, 100.000 mascarillas N95, 3.600,000 guantes de látex, 10.00.000 guantes de plástico, 450.000 litros de desinfectante para las manos y 1.000.000 de litros de desinfectante para superficies, 5.000 pantallas faciales, 5.000 gafas de protección, 5.000 batas de protección, 300 sistemas de ventilación del aire y 250 máquinas de desinfección”. En la carta se pone también de relieve la necesidad urgente de fondos para adquirir centenares de dispositivos médicos esenciales, como monitores de nivel de glucosa en sangre y de presión arterial, termómetros, oxímetros de pulso, estetoscopios y desfibriladores.

Aunque no se explica en la carta a cuántas prisiones irían destinados estos materiales y dispositivos, las cifras hacen temer que exista una grave escasez de ellos en todo el país.

En la carta se advierte de que la inacción generará “riesgos de seguridad” y “daños irreparables”, dado, en particular, que las prisiones iraníes están “llenas de personas que tienen problemas médicos preexistentes, consumen drogas y/o sufren malnutrición, anemia y enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis y tuberculosis”. También se indica que las prisiones del país albergan a “[personas] de edad avanzada, mujeres embarazadas, y madres lactantes con sus bebés, cuyo sistema inmunitario es frágil debido a su bajo nivel socioeconómico y de higiene”.

En las cartas posteriores se reiteran estas solicitudes y se señala la ausencia de respuesta del gobierno. En la última carta examinada por Amnistía Internacional, fechada el 5 de julio de 2020, un alto cargo de la Organización Penitenciaria afirma que no han recibido ninguna respuesta del Ministerio de Salud y pide una reunión urgente.

Negación estatal

El 6 de abril de 2020, Asghar Jahangir dijo en una entrevista con los medios de comunicación que Irán debe ser reconocido internacionalmente por sus esfuerzos por proteger a las personas presas durante el brote de COVID-19 y afirmó que éstas disfrutan de “mejores niveles de atención de salud y saneamiento que los que tendrían en la sociedad”. También afirmó que se habían desplegado equipos médicos en las prisiones de todo el país para vigilar a diario la salud de las personas presas y que a las que presentaban síntomas se les hacía de inmediato una prueba y se las trasladaba a hospitales fuera de la prisión si daban positivo. Manifestó que, gracias a ello, no había habido ni un solo caso de muerte relacionada con la COVID-19 en las prisiones.

Sin embargo, los documentos examinados por Amnistía Internacional, junto con la información enviada por personas presas y sus familias y por defensores y defensoras independientes de los derechos humanos, describen un panorama mucho más sombrío.

Amnistía Internacional ha recibido alarmantes informes sobre personas presas con síntomas de COVID-19, a las que se niega atención durante días, incluso a pesar de que sufren enfermedades prexistentes, como problemas de corazón y pulmón, diabetes o asma. Al empeorar sus enfermedades, a muchas se las somete simplemente a cuarentena en un ala separada de la prisión o se las recluye en régimen de aislamiento, sin acceso a servicios médicos adecuados.

Al menos una presa que dio positivo en la prueba, Zeynab Jalalian, está sometida a desaparición forzada desde el 25 de junio de 2020. Se había declarado en huelga de hambre seis días antes por la negativa de las autoridades a trasladarla a un centro médico fuera de la prisión de Shahr-e Rey (conocida también como prisión de Gharchak), en la provincia de Teherán, para recibir tratamiento por COVID-19.

A veces, como ha ocurrido en el caso más reciente, el de la defensora de los derechos humanos y presa de conciencia enferma Narges Mohammadi, las autoridades se niegan a informar a las personas presas del resultado de sus pruebas de la COVID-19.

Grupos independientes de los derechos humanos con contactos dentro de las prisiones han informado de más de 20 casos de muertes relacionadas presuntamente con la COVID-19 en centros penitenciarios como la de prisión de Ghezel Hesar (2 casos), provincia de Alborz; la penitenciaria central de área metropolitana de Teherán (6); la prisión de Shahr-e Rey (2), provincia de Teherán; la prisión de Urmía (8), provincia de Azerbaiyán Occidental; las prisiones de Kamyaran (1) y Saqez (1), provincia de Kurdistán, y la prisión de Sepidar (1), provincia de Juzestán.

Según información de los medios de comunicación, en marzo de 2020 se rechazó una solicitud presentada por funcionarios de la OMS para visitar la prisión de Evín de Teherán.

Condiciones crueles e inhumanas

Las autoridades iraníes han anunciado que, entre finales de febrero y finales de mayo de 2020, concedieron permisos carcelarios temporales a alrededor de 128.000 personas presas e indultaron a otras 10.000 en respuesta a la pandemia. El 15 de julio de 2020, cuando los casos de COVID-19 habían repuntado otra vez, el portavoz de la Magistratura anunció que su presidente había dictado nuevas directrices para facilitar una segunda tanda de permisos carcelarios.

Sin embargo, centenares de presos y presas de conciencia han quedado excluidos de estas medidas tan necesarias, entre ellos defensores y defensoras de los derechos humanos, personas extranjeras y de doble nacionalidad, ecologistas, personas detenidas por sus creencias religiosas y personas detenidas arbitrariamente en relación con las protestas de noviembre de 2019. Las autoridades han continuado también manteniendo injustamente bajo custodia a manifestantes, disidentes, activistas de los derechos de las minorías y defensores y defensoras de los derechos humanos contra quienes se han dictado sentencias condenatorias para que empiecen a cumplir sus condenas de prisión. A algunos presos y presas de conciencia a quienes se concedieron permisos en marzo de 2020, les han ordenado regresar a la prisión.

Según declaraciones oficiales recientes, a fecha de 13 de junio de 2020, la población reclusa de Irán era de alrededor de 211.000 personas, dos veces y medio más que la capacidad carcelaria declarada oficialmente, que es de 85.000. En julio del año pasado, la población reclusa de Irán era de 240.000 personas, según las autoridades.

Otros aspectos preocupantes de las prisiones iraníes ampliamente documentados son la falta de ventilación adecuada y de instalaciones de aire acondicionado, la suciedad y la falta de aseos suficientes, la falta de instalaciones adecuadas y productos para lavar los platos y la ropa y mantener la higiene personal, la baja presión del agua en las duchas, la plagas generalizadas de insectos, la falta de agua potable suficiente y la mala calidad de las comidas, y la grave escasez de camas, que obliga a muchas personas a dormir en el suelo.

Desde el brote del virus, en algunas prisiones ha habido quejas también por el uso inadecuado que hacen las autoridades de la lejía para desinfectar superficies, que empeora la mala calidad del aire y provoca a muchas personas tos severa, opresión en el pecho y ataques de asma.

Amnistía Internacional ha documentado anteriormente la negación deliberada de atención médica a presos y presas de conciencia y otras personas recluidas por casos de motivación política, con lo que las autoridades iraníes ponían su vida y su salud en grave peligro. En algunos casos, la negación de atención médica tenía como fin castigar, intimidar o humillar a la persona u obligarla a hacer “confesiones”.

“Pedimos una vez más a las autoridades iraníes que aborden con urgencia el hacinamiento en las prisiones con medidas como poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas por el ejercicio pacífico de sus derechos”, ha afirmado Diana Eltahawy.

“Deben considerar también la posibilidad de poner en libertad a otras personas, especialmente a las menores de edad, las sometidas a prisión preventiva y las que corran mayor peligro a causa del virus. Las personas presas deben tener el mismo acceso que las demás a la prevención, las pruebas y el tratamiento de la COVID-19.”

Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que garanticen el debido acceso a alimentos, agua, servicios de salud, higiene y camas a todas las personas presas. Deben poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos, tratar a las personas privadas de libertad con dignidad y humanidad y permitir que observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, realicen inspecciones independientes y sin previo aviso en las prisiones, como disponen las normas internacionales.

Información complementaria

Desde marzo de 2020, las terribles condiciones de las prisiones de Irán y la preocupación por la propagación del coronavirus han dado lugar a huelgas de hambre, protestas, disturbios e intentos de fuga en prisiones de todo el país. Las autoridades han respondido en general con violencia a las protestas en las prisiones, haciendo uso excesivo de la fuerza y, en algunos casos, disparando gas lacrimógeno perdigones y munición real, que han causado muertes y lesiones.

Si desean más información, pónganse en contacto con press@amnesty.org.