Amnistía Internacional visitó tres lugares en el curso de su investigación, todos en el estado de Rondonia: el territorio del pueblo indígena uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Jacy-Paraná y Rio Ouro Preto.

La organización no encontró indicios de que JBS estuviera directamente implicada en los abusos contra los derechos humanos cometidos en los tres lugares investigados.

No obstante, en todos ellos se habían llevado a cabo apropiaciones ilegales de tierras recientemente que habían causado la pérdida de tierras tradicionales, protegidas por la legislación brasileña. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. La ganadería comercial está prohibida por ley en las tres áreas.

Amenazas, intimidación y violencia suelen acompañar estas apropiaciones ilegales de tierras, en un contexto general de violencia rural. Según cálculos, hubo 7 asesinatos, 7 intentos de asesinato y 27 amenazas de muerte contra personas indígenas de la Amazonía brasileña en 2019.

En diciembre de 2019, varios indígenas uru-eu-wau-wau que estaban patrullando su territorio descubrieron unas 200 hectáreas de terreno que había sido clareado y quemado recientemente. Araruna, hombre indígena uru-eu-wau-wau de unos 20 años, contó lo siguiente a Amnistía Internacional:

“Nos preocupan las invasiones recientes, porque están aumentando y cada vez se acercan más a los pueblos. Encontramos una gran superficie deforestada hace poco. Vimos un helicóptero sembrando pasto para traer ganado más adelante”.

En enero de 2019, a sólo dos kilómetros de un pueblo indígena, otro grupo de indígenas uru-eu-wau-wau había tropezado con unos 40 invasores armados —probablemente grileiros, que despejan zonas de selva para crear pastos para ganado— que se habían adentrado mucho en su territorio. Otros contaron anteriormente que habían oído resonar disparos en la noche o habían recibido amenazas de muerte contra sus hijos.

En otros lugares se ha obligado a comunidades enteras a abandonar sus tierras, y sus miembros temen ser asesinados si vuelven. La mayoría de los residentes de la reserva de Rio Jacy-Paraná han sido desalojados en los últimos 20 años para hacer sitio a granjas ganaderas. Según un exresidente, sólo quedan tres personas de las aproximadamente 60 familias que antes vivían en la reserva.

“Todo se volvió granja”, dijo otra exresidente de la reserva a quien desalojaron de sus tierras en 2017, llamada Sara, a Amnistía Internacional.

El análisis de imágenes de satélite realizado por Amnistía Internacional corroboró los testimonios de los antiguos residentes: terrenos donde antes había densa vegetación han sido clareados y ahora se ven reses y abrevaderos para el ganado.

El derecho brasileño obliga a las empresas a recopilar datos exhaustivos sobre la ganadería, incluida información sobre la ubicación de las granjas —incluso las que están en áreas protegidas—, el número, sexo y rango de edad de las reses y los traslados de animales entre granjas. A pesar de que estos datos son de interés público, actualmente no son públicamente accesibles.

Amnistía Internacional presentó siete solicitudes en virtud de la legislación sobre libertad de información al organismo de control de salud animal del estado de Rondonia (IDARON) .

Los datos proporcionados por IDARON reflejan un fuerte incremento de la ganadería comercial en áreas protegidas, donde esta práctica es ilegal. De noviembre de 2018 a abril de 2020, el número de reses aumentó un 22%, pasando de 125.560 a 153.566.

Los datos de IDARON muestran asimismo que en 2019 se trasladaron 89.406 reses desde granjas situadas en zonas protegidas donde la ganadería comercial es ilegal. La inmensa mayoría pasa por otras granjas antes de ir al matadero, lo que significa que, aunque las reses provengan de granjas legales, cabe la posibilidad de que hayan sido criadas ilegalmente en zonas protegidas.

Amnistía Internacional considera que los organismos estatales de control de salud animal como IDARON en la práctica permiten la ganadería comercial ilegal al inscribir las explotaciones ganaderas comerciales en sus registros y expedir documentos de control de salud animal para autorizar traslados de ganado desde granjas que están en territorios o reservas indígenas.

“Los datos que hemos analizado, procedentes de los propios organismos oficiales de Brasil, hacen saltar todas las alarmas. Esta información no debería ocultarse a la opinión pública”, ha dicho Richard Pearshouse.

“¿Cómo acabar con la actividad ganadera ilegal en la Amazonía brasileña? Una buena forma de empezar sería suspender oficialmente el registro de granjas en zonas protegidas y la expedición de permisos para trasladar ganado desde estas granjas”.

En Brasil son frecuentes los traslados de ganado entre granjas. Las granjas que venden ganado directamente a las empresas procesadoras de carne se denominan proveedores directos, mientras que aquellas donde se ha criado anteriormente se denominan proveedores indirectos. Según cálculos de investigadores, hasta el 91-95% de las granjas compran ganado a proveedores indirectos.

Amnistía Internacional, en colaboración con la ONG Repórter Brasil, analizó documentos oficiales de control de salud animal que reflejan que JBS adquirió ganado directamente de una granja situada en la Reserva de Rio Ouro Preto en dos ocasiones en 2019.

Además, en 2019 JBS compró ganado repetidamente a dos productores que tienen granjas ilegales en zonas protegidas además de granjas legales en otros lugares. Uno cría ganado ilegalmente en la Reserva de Rio Jacy-Paraná, y el otro en territorio del pueblo indígena uru-eu-wau-wau.

En cada caso, los productores registraron traslados de reses desde una granja situada en una zona protegida hasta otra granja en otro lugar, y luego registraron nuevos traslados desde la granja legal hasta la empresa JBS.

En dos casos, el segundo traslado se registró sólo unos minutos más tarde. En ambos traslados, tanto el número de reses como su sexo y rango de edad eran idénticos. En estos casos, su edad era superior a 36 meses, que es cuando normalmente se trasladan las reses al matadero. Según especialistas entrevistados por Amnistía Internacional, esto podría apuntar a la práctica del “blanqueo de ganado”, que consiste en mover reses a través de granjas intermediarias para que parezcan legales y así eludir los sistemas de control.

Amnistía Internacional solicitó información específica a JBS sobre si la empresa había procesado reses de granjas situadas en las tres áreas protegidas en 2019. La respuesta de la empresa fue: “No adquirimos ganado de ninguna granja implicada en actividad ganadera ilegal en zonas protegidas”, y añadió que tiene “una política inequívoca de deforestación cero en toda su cadena de suministro”.

JBS no respondió a una pregunta sobre el control de los proveedores indirectos, y en cambio señaló que “la trazabilidad de toda la cadena de suministro de la carne de vacuno es un desafío para toda la industria y representa una tarea compleja”.

JBS conoce los riesgos de que el ganado criado ilegalmente en zonas protegidas entre en su cadena de suministro —en 2009 firmó sendos acuerdos de no deforestación con la Fiscalía Federal de Brasil y la organización ecologista Greenpeace—, pero no ha adoptado medidas suficientes para remediar el problema. Auditorías externas han señalado que JBS no controla a sus proveedores indirectos.

Amnistía Internacional pide a JBS que adopte sin demora un sistema de control efectivo, que incluya a sus proveedores indirectos, y garantice que el ganado criado ilegalmente en zonas protegidas en alguna etapa de su vida no entra en su cadena de suministro. Como tarde, el sistema debería estar habilitado a finales de 2020.

Un fiscal federal del estado de Pará concluyó en 2019 que “actualmente ninguna empresa que compre en la Amazonía puede asegurar que en su cadena de suministro no hay ganado procedente de zonas deforestadas [...] Tampoco hay una sola procesadora de carne o supermercado que pueda asegurarlo”.

“Con la deforestación de la Amazonía en las cotas más altas del último decenio, JBS y otras empresas procesadoras de carne en Brasil tienen la responsabilidad de ejercer la diligencia debida y tomar medidas que garanticen que sus proveedores directos e indirectos no contribuyen a la comisión de abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y habitantes tradicionales de la Amazonía”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Información complementaria

Acerca de las convenciones para fijar nombres

Por motivos de seguridad se han utilizado pseudónimos para referirse a indígenas y residentes tradicionales de las reservas.

En este informe, además, Amnistía Internacional ha ocultado los nombres y otros datos identificativos de los ganaderos que crían ganado en áreas protegidas para proteger la seguridad de quienes han compartido información sobre actividades ganaderas comerciales en zonas protegidas.

Acerca de la investigación de Amnistía Internacional

La investigación de Amnistía Internacional duró 18 meses y abarcó varios estados de la Amazonía brasileña, con entrevistas a 24 personas indígenas y habitantes tradicionales de las reservas así como a 18 autoridades gubernamentales y especialistas. Además, la organización analizó imágenes de satélite de superficies deforestadas en fechas recientes y examinó registros oficiales de animales y datos facilitados por múltiples organismos estatales.

Este informe, que sucede a otra investigación de Amnistía en las áreas protegidas de la Amazonía realizada en 2019, advierte sobre la amenaza inminente de enfrentamientos y deforestación, documenta la violencia contra los pueblos indígenas, y expone la actividad ganadera como principal impulsor económico de las nuevas deforestaciones.

Acerca de JBS

Fundada en el estado central de Goiás en 1953, JBS es una empresa multinacional con sede en Brasil. Se describe a sí misma como “uno de los líderes mundiales del sector alimentario”. Como mayor productor de carne de vacuno del mundo, JBS puede hacer valer su excepcional posición de ventaja y ejercer su influencia y control con vistas a impedir o mitigar las consecuencias negativas para los derechos humanos en su cadena de suministro.

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) es el segundo mayor accionista de JBS, con el 21% de las acciones.

En 2019, JBS afirmó que tiene 37 plantas procesadoras de carne en Brasil, con capacidad para sacrificar diariamente 33.550 reses en total. Ese mismo año registró unos ingresos netos de 32.000 millones de reales brasileños (6.000 millones de dólares estadounidenses) de la venta de carne de vacuno y productos asociados. Sus productos cárnicos se comercializan en mercados nacionales y extranjeros con diferentes marcas, entre ellas Friboi, Maturatta Friboi, Do Chef Friboi, Swift Black y 1953 Friboi.

Amnistía Internacional escribió a JBS en junio de 2020 para exponerle sus conclusiones y una lista de preguntas específicas. En el informe se incluyen fragmentos clave de la respuesta de JBS.