El 19 de julio de 2020, fuerzas palestinas de Cisjordania detuvieron a 19 activistas contra la corrupción en una manifestación pacífica celebrada en la ciudad de Ramala. Aunque tres quedaron luego en libertad, se han presentado cargos contra 16 de ellos, y 10 continúan detenidos. Los 10 detenidos se han declarado en huelga de hambre como protesta. Las autoridades deben retiran de inmediato los cargos contra estos activistas y dejarlos en libertad. La próxima vista judicial de su caso tendrá lugar el 5 de agosto de 2020.

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Dr. Mohammad Shtayyeh

Primer Ministro / Prime Minister

Ramallah, Estado de Palestina

Correo-e: shtayyeh@gmail.com

Cuenta de Twitter: @DrShtayyeh

Excelencia:

El 19 de julio, fuerzas palestinas detuvieron a 19 activistas contra la corrupción por celebrar una protesta en la ciudad cisjordana de Ramala. Dieciséis de ellos han sido acusados formalmente de “reunión ilegal” e “infracción de las normas de emergencia”, y 10 continúan detenidos, incluidos Fayez Swaity, Jihad Abdou, Ali Abu Diab, Musa al-Qasiya, Amer Hamdan, Usama Khalil, Mohammad Azzam, Firas Brewish y Jamil Abu Kbash. El 22 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de Ramala prorrogó su detención 15 días más. Amnistía Internacional cree que han sido detenidos arbitrariamente. Según su abogado, los 10 que continúan detenidos se han declarado en huelga de hambre. Jihad Abdou y Jamil Abu Kbash han sido trasladados al Complejo Médico de Ramala porque están mal de salud como consecuencia de la huelga de hambre. Su abogado, que fue a verlos el 23 de julio, ha dicho que Jihad Abdou está vigilado por policías armados, que a veces lo esposan a la cama del hospital a pesar de su mal estado de salud. No le dejaron ver a Jamil Abu Kbash.

Los activistas se encuentran recluidos actualmente en un centro de detención de la Dirección de la Policía de Ramala. Amnistía Internacional insiste en que el estado de emergencia que se ha declarado para responder a la pandemia de COVID-19 no debe servir de pretexto para reprimir las críticas públicas y pacíficas al gobierno ni para restringir arbitrariamente los derechos humanos. Toda medida que se adopte para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19 debe respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los palestinos, cuyos derechos se ven aplastados constantemente como consecuencia de la ocupación israelí, no deben sufrir además violaciones de derechos humanos a manos de su propio gobierno.

Lo insto a que garantice de inmediato que se retiran los cargos presentados contra estos activistas y se los pone de inmediato en libertad, pues están detenidos únicamente por su activismo pacífico; que ninguno de ellos es sometido a castigos por haberse declarado en huelga de hambre, y que las autoridades permiten la expresión pacífica de críticas al gobierno y no imponen restricciones injustificadas de la libertad de reunión pacífica, especialmente con la excusa de controlar la pandemia de COVID-19.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

En los últimos meses, las autoridades palestinas de Ramala han sido acusadas de casos de corrupción, entre ellos el nombramiento de familiares de funcionarios palestinos para altos cargos. A raíz de estas denuncias, algunos activistas palestinos organizaron el Comité de Coordinación de Movimientos Populares, formado por varias organizaciones populares de base de distintas ciudades de la Cisjordania ocupada. El Comité se ha fijado varias metas, como conseguir mayor transparencia, la separación de poderes dentro del gobierno, el fin del nepotismo en las autoridades palestinas y la denuncia de la corrupción y el abuso de poder en los sectores público y privado.

A principios de junio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia de Ramala acusó formalmente de “difamación” contra la Compañía Palestina de Telecomunicaciones a cuatro activistas contra la corrupción del Comité. Los acusados eran: Jasser Jaser, Jihad Abdou, Izz al-Din Za’aloul y Musa al-Qasiya. Según Abogados por la Justicia, grupo que les presta asistencia letrada, los cuatro activistas son miembros de la Coalición para Un Sector Palestino de la Telecomunicaciones Justo, que en 2017 inició una campaña llamada Bekafi ya shirikat alitisalat. Los cuatros activistas fueron puestos en libertad bajo fianza posteriormente.

El 7 de julio, las fuerzas de seguridad palestinas detuvieron a Fayez Swaity, uno de los líderes del Comité de Coordinación de Movimientos Populares, poco después de que publicara en las redes sociales unos comentarios sobre la distribución desigual de la ayuda económica a la población palestina. Según Abogados por la Justicia, Fayez Swaity fue detenido por agentes que irrumpieron en su casa, en localidad de Dura, cerca de Hebrón. Quedó en libertad bajo fianza el 13 de julio.

El 15 de julio, el Comité convocó una manifestación en la ciudad cisjordana de Ramala, que se celebró el 19 de julio. Los activistas contra la corrupción organizaron la concentración con el lema “Ya Basta”, en el marco de una campaña contra la corrupción generalizada de las autoridades palestinas. Poco después del inicio previsto de la protesta, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, fuerzas palestinas de Ramala ocuparon la plaza de Al Manara, situada en el centro de la ciudad. Detuvieron a 19 de los activistas que participaban en la protesta, poco después de su inicio.

Algunos de ellos eran destacados activistas contra la corrupción, como Fayez Swaity, detenido de nuevo. Según Abogados por la Justicia, los 19 activistas fueron llevados a un centro de detención de la Dirección de la Policía de Ramala. Aunque tres quedaron en libertad, los otros 16 comparecieron ante la fiscalía el 20 de julio, cuando fueron acusados de  “reunión ilegal” e “infracción de las normas de emergencia.” Seis de ellos han sido puestos en libertad, y los 10 restantes continúan detenidos. El 22 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de Ramala prorrogó su detención 15 días más. El 23 de julio, rechazó la solicitud de dejarlos en libertad bajo fianza. La siguiente vista judicial de su caso tendrá lugar el 5 de agosto.

Amnistía Internacional ha documentado que las fuerzas palestinas de Cisjordania y Gaza continúan deteniendo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y a personas críticas con las autoridades. Entre las personas detenidas hay periodistas, estudiantes universitarios, disidentes y activistas de los derechos humanos. Amnistía Internacional teme que muchas de estas detenciones sean arbitrarias y que los procedimientos judiciales no cumplan las normas sobre juicios justos. La organización ve también con honda preocupación que las fuerzas de seguridad palestinas sometan sistemática e impunemente a tortura y otros malos tratos a las personas detenidas, a pesar de que el Estado de Palestina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el 29 de diciembre de 2017. Estas detenciones menoscaban las positivas medidas adoptadas por las autoridades palestinas en Cisjordania y en la Franja de Gaza para dejar en libertad a personas detenidas y presas en el marco de su respuesta a la crisis de salud pública. Además, se han producido en el contexto de una constante preexistente de violaciones del derecho la libertad de expresión, cometidas por las autoridades palestinas tanto en Cisjordania  como en la Franja de Gaza.

Pueden escribir llamamientos en: Árabe o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 3 de septiembre de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Fayez Swaity, Jihad Abdou, Ali Abu Diab, Musa al-Qasiya, Amer Hamdan, Usama Khalil, Mohammad Azzam, Firas Brewish y Jamil Abu Kbash (masculino en todos los casos).