Una antigua auditora de la cadena de suministro de JBS, la mayor procesadora de carne mundial, ha llamado la atención a la empresa por afirmar falsamente que sus operaciones en la región amazónica de Brasil cumplen el criterio de deforestación cero, según ha revelado hoy Amnistía Internacional.

En la correspondencia mantenida con Amnistía Internacional, la auditora independiente con sede en noruega DNV GL Business Assurance, contratada por JBS para auditar su cadena de suministro entre 2017 y 2019, ha confirmado que nunca auditó a los proveedores indirectos de JBS en Brasil y ha señalado que “el informe de evaluación emitido por DNV GL no puede usarse como prueba de buenas prácticas en toda la cadena de suministro”.

“Fundamentalmente, la auditora DNV GL ha llamado la atención a JBS por utilizar sus auditorías para encubrir el hecho de que no controló su cadena de suministro completa”, afirmó Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.

“De nuevo, esto pone de manifiesto que JBS sólo controla las granjas finales a las que compra las reses, no aquellas en las que se crían. Como demuestra nuestra investigación, en 2019 varias compras incluyeron reses criadas en granjas ilegales situadas en áreas deforestadas de selva tropical amazónica protegida.”

“Amnistía Internacional insta de nuevo a JBS a adoptar sin demora un sistema de control efectivo de toda su cadena de suministro que incluya a sus proveedores indirectos, a fin de garantizar que su suministro de carne de vacuno cumple el criterio de deforestación cero de forma fehaciente y certificable.”

En la correspondencia, DNV GL señala: “DNV GL no ha evaluado a los proveedores indirectos ni declarado que cumplan el criterio de deforestación cero. JBS no disponía de sistemas de trazabilidad de la cadena de suministro indirecto; en consecuencia, durante la auditoría no se evaluó a los proveedores indirectos. El compromiso de deforestación cero (Public Livestock Commitment) de JBS abarca la cadena de suministro indirecto, pero la empresa no había implementado sistemas para cumplirlo”.

Información complementaria

El 15 de julio, Amnistía Internacional publicó el informe De selva a granja – Ganado de cría ilegal en la Amazonía brasileña descubierto en la cadena de suministro de JBS. El informe, basado en una extensa labor de investigación de campo y en el análisis de datos gubernamentales e imágenes de satélite por expertos, revela cómo JBS introdujo en su cadena de suministro ganado criado ilegalmente en tres áreas protegidas de la Amazonía en el estado de Rondônia, en el norte del país, en 2019.

Unas horas después de publicarse el informe, la Fiscalía Federal de Brasil en el estado de Rondônia anunció que iniciaría una investigación de las conclusiones de Amnistía sobre JBS.

Antes de publicar el informe, Amnistía Internacional solicitó información específica a JBS sobre si la empresa había procesado reses de granjas situadas en las tres áreas protegidas. La respuesta de la empresa fue: “No adquirimos ganado de ninguna granja implicada en actividad ganadera ilegal en zonas protegidas”, y añadió que tiene “una política inequívoca de deforestación cero en toda su cadena de suministro”.

JBS también declaró: “Las auditorías independientes realizadas por los destacados auditores internacionales DNV-GL y BDO durante los seis últimos años revelan que más del 99,9% de las compras de reses de JBS a granjas situadas en la región de la Amazonía cumplen los criterios socioambientales de la empresa, entre ellos la deforestación cero”.

JBS no respondió a una pregunta sobre el control de los proveedores indirectos, y en cambio señaló que “la trazabilidad de toda la cadena de suministro de la carne de vacuno es un desafío para toda la industria y representa una tarea compleja”.

Amnistía Internacional no encontró indicios de que JBS estuviera directamente implicada en los abusos contra los derechos humanos cometidos en los tres lugares investigados. No obstante, en todos ellos se habían llevado a cabo apropiaciones ilegales de tierras recientemente que habían causado la pérdida de tierras tradicionales, protegidas por la legislación brasileña. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, y la ganadería comercial está prohibida por ley en las tres áreas.