Bernardo Caal Xol, líder indígena del pueblo maya q’eqchi' y defensor de derechos humanos guatemalteco, es un preso de conciencia quien ha estado encarcelado injustamente por más de dos años, dijo hoy Amnistía Internacional.

Desde 2015, Bernardo Caal ha defendido los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, quienes han sido afectadas por la construcción de la planta hidroeléctrica OXEC sobre los ríos Oxec y Cahabón en el departamento norteño de Alta Verapaz. Presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y en 2017 las altas cortes reconocieron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informadas de las comunidades indígenas.

Como represalia, Bernardo Caal fue acusado de realizar supuestos actos de violencia contra empleados de NETZONE SA, contratista de OXEC, el 15 de octubre de 2015. El 9 de noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.

“Tras haber revisado el expediente penal abierto contra Bernardo Caal, es claro que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa. Por el contrario, el proceso en contra de Bernardo muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país. Por eso, hoy le nombramos preso de conciencia, exigimos su libertad y pedimos que la Fiscalía General haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Lamentablemente en Guatemala se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos. Las autoridades continúan usando la justicia penal para silenciar y encarcelar a defensores de derechos humanos, y esta vez ha sido Bernardo quien ha tenido que pasar más de dos años en prisión solo por ser una de las caras visibles de los reclamos del pueblo q’eqchi’. Las autoridades de Guatemala deben poner fin a estas prácticas injustas que atentan contra el derecho a defender derechos humanos”.

En una carta pública remitida hoy a la Fiscal General María Consuelo Porras, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las irregularidades y negligencias en el proceso penal contra Bernardo Caal –como la ausencia de elementos objetivos para sustentar la acusación– que coinciden con los patrones de criminalización previamente documentados por la organización en casos contra quienes defienden el territorio o el medioambiente.

En 2016 y 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo A dictó dos sentencias absolutorias en otros casos de criminalización de defensores de derechos humanos en las que señaló el uso indebido de la justicia penal contra personas defensoras de derechos humanos y autoridades ancestrales en el país, sin que existieran pruebas ni delitos.

Amnistía Internacional define como presos de conciencia a aquellas personas que sin haber utilizado la violencia ni haber promovido o su uso son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus. Bernardo Caal es el primer preso de conciencia que declara la organización en Guatemala desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno en el país en 1996.

Los abogados de Bernardo Caal han apelado su condena desde el 30 de noviembre de 2018. Sin embargo, el juicio ha sido retrasado injustificadamente y hasta la fecha no se ha podido celebrar la audiencia debido a que en cuatro ocasiones los magistrados designados no se presentaron o presentaron alguna excusa para no conocer del caso. La próxima audiencia está programada para el 28 de julio de 2020.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org