“Ha sido desde el principio un juicio incoado por motivos políticos, con el fin de silenciar a quienes se sientan en el banquillo y de transmitir un mensaje al resto de la sociedad: si luchas por los derechos humanos o cuentas la verdad sabes a lo que te expones.”

Palabras de Idil Eser, ex directora de Amnistía Turquía y una de las 11 personas que llevan casi tres años enfrentadas a cargos falsos en Turquía por defender los derechos humanos.

Mañana acabará su espera. Conocerán la sentencia de un juicio que jamás debería haber tenido lugar, pero en el que, si son declaradas culpables, podrían ser condenadas hasta a 15 años de cárcel.

Hace casi tres años que, por estas fechas, decenas de policías irrumpieron en un hotel de la pintoresca isla de Büyükada, cerca de Estambul, donde 10 de estas 11 personas participaban en un taller de derechos humanos.

Les confiscaron los ordenadores y los teléfonos, las subieron a una furgoneta policial y se las llevaron detenidas. Todas ellas y el ex presidente de Amnistía Internacional Taner Kılıç, detenido un mes antes, fueron acusadas formalmente de delitos de “terrorismo”.

El fiscal alega que habían acudido al hotel donde las detuvieron con objeto de celebrar una “reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi” a fin de provocar el “caos” en el país.

En el curso de las 11 vistas judiciales anteriores, las acusaciones de pertenecer o ayudar a organizaciones terroristas formuladas contra las 11 personas procesadas han sido refutadas reiterada y categóricamente, incluso por las propias pruebas de la fiscalía. El intento de la acusación de presentar actividades de derechos humanos legítimas como actos ilícitos ha fracasado estrepitosamente.

Tras más de 14 meses en prisión, Taner Kılıç salió en libertad bajo fianza en agosto de 2018. Ocho de las otras personas pasaron casi cuatro meses encarceladas. Pero miles de personas más atrapadas en la profunda y amplia represión de la disidencia de Turquía siguen en la cárcel.

De hecho, este juicio –conocido como el caso de Büyükada– es representativo de la represión que atenaza Turquía desde hace casi cuatro años. Este mes, Osman Kavala, destacada figura de la sociedad civil, cumplirá mil días entre rejas por lo que muy acertadamente llama “cargos fantásticos”. El escritor y ex director de periódico Ahmet Altan cumplirá en septiembre su cuarto año en prisión. Ambos sufren las consecuencias de ser considerados detractores del gobierno.

Han pasado casi cuatro años desde el fallido intento de golpe de Estado, y la represión que desencadenó no muestra ningún indicio de disminuir.

Muchas de las cárceles de Turquía están superpobladas, y son decenas de miles las personas que se encuentran en ellas en prisión preventiva o condenadas por cargos de terrorismo. Asimismo, los tribunales están inundados de casos, y el miedo se ha convertido en la nueva norma.

Tras el sangriento intento de golpe de Estado de julio de 2016, amparándose en un estado de excepción de dos años, el gobierno lanzó un asalto implacable contra la sociedad civil. Nada menos que 130.000 empleados y empleadas públicos han sido despedidos arbitrariamente, y se han cerrado más de 1.300 organizaciones no gubernamentales y 180 medios de comunicación. Prácticamente se ha acabado con el periodismo independiente.

En tales circunstancias, la labor de una persona entregada al activismo por los derechos humanos se vuelve más esencial que nunca y, al mismo tiempo, más arriesgada

Esta sentencia importa, no sólo a las mujeres y hombres que se sientan en el banquillo y a sus familias, sino también a quienquiera que valore los derechos humanos.

En todo el mundo, los defensores y defensoras de los derechos humanos están cada vez más perseguidos. La crisis de la COVID-19 sola ha generado un preocupante retroceso de los derechos en todo el mundo, y más de 80 países han declarado estados de excepción y adoptado en muchos casos medidas extraordinarias que han tenido consecuencias en los derechos, incluida la libertad de expresión y de palabra.

Las personas que se sientan esta semana en el banquillo en Turquía por su activismo conocían los riesgos que corrían. Sabían que defender los derechos humanos era una actividad cada vez más criminalizada. Y sabían que defender las libertades de otras personas en Turquía podía acabar costándoles las suyas.

Lamentablemente, debido a las restricciones de viaje por el confinamiento, no estaré con estos valientes hombres y mujeres en Estambul, pero, al igual de decenas de miles de personas de todo el mundo, los acompañaré en espíritu.

“Ha sido una lucha larga y difícil”, afirma Idil Eser. “Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor.”

Este artículo fue publicado originalmente por Euronews.