Sin medidas que garanticen la protección de los derechos humanos, la ley de seguridad nacional hará que cualquier persona de la ciudad corra riesgo de detención arbitraria y juicio injusto, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando los legisladores de Pekín se disponen a aprobar esta peligrosa legislación.

Aunque no se han hecho públicos aún todos sus detalles, se espera que las autoridades chinas sometan la ley votación en el periodo extraordinario de sesiones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, que comienza hoy y se prolongará hasta el martes 30 de junio.

“Hong Kong está al borde del precipicio, con un futuro incierto e inquietante y sus libertades amenazadas por una legislación de seguridad nacional que podría anular las leyes que protegen en la actualidad a la población de la ciudad de los peores excesos de la represión auspiciada por el Estado”, ha afirmado Joshua Rosenzweig, director del Equipo de China de Amnistía Internacional.

“El gobierno chino debe abandonar el plan de aprobar una ley de seguridad nacional para Hong Kong si no puede ofrecer sólidas garantías de que esta legislación es compatible con los derechos humanos en todos los aspectos.”

Agencias de seguridad preparan el terreno para un Estado policial

De acuerdo con la ley de seguridad nacional, todas las personas, instituciones y organizaciones de Hong Kong tendrán prohibido “realizar actividades que pongan en peligro la seguridad nacional”. Parece que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular va a aprobar la ley en su actual periodo de sesiones, sin consulta pública.

Amnistía Internacional ve varios motivos de preocupación en la propuesta de ley en relación con los derechos humanos. Entre ellos que autorizaría al gobierno central de Pekín y al gobierno de Hong Kong a establecer un departamento de seguridad en la ciudad.

En el continente, este tipo de agencias vigilan, hostigan e intimidan sistemáticamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y disidentes y los mantienen recluidos en secreto, sometidos a tortura y otros malos tratos, según numerosos indicios.

Sin garantía expresa en la ley de que a estas agencias y su personal se les aplicará la obligación que tiene el gobierno local de respetar y proteger los derechos humanos, podría resultar difícil, si no imposible, hacerles rendir cuentas por violaciones de derechos humanos.

“Las autoridades de Hong Kong se valen ya de la legislación local para atacar a muchos de sus ciudadanos y ciudadanas, y, sencillamente, una opaca agencia de seguridad nacional sirve para crear aún más herramientas con que reprimir los derechos humanos y entraña el riesgo de convertir la ciudad en un Estado policial”, ha añadido Joshua Rosenzweig.

“La ya inadecuada aplicación de salvaguardias en el sistema penal de Hong Kong será aún menos eficaz si agencias de seguridad del estilo de las existentes en el continente están exentas de respetar los derechos humanos de acuerdo con la legislación de Hong Kong.”

Amenaza de devoluciones en forma de extradición

Los detalles de la ley de seguridad nacional publicados por medios de comunicación oficiales chinos la semana pasada contienen una serie de preocupantes propuestas, entra las que figuran un conjunto de alarmantes resquicios legales que permitirían a las autoridades del continente detener y juzgar a personas sospechosas.

Uno de ellos es el plan de conferir a las autoridades chinas el poder de “ejercer jurisdicción” sobre las causas de Hong Kong relacionadas con la seguridad nacional “en circunstancias específicas”. Aunque el significado exacto de este poder no está claro, las declaraciones públicas de altos cargos de Hong Kong indican que, básicamente, podría otorgar a las autoridades continentales facultades discrecionales para ocuparse de cualquier causa que deseen.

Otro motivo de preocupación es que la ley permita dispensar a las personas detenidas por motivos de seguridad nacional un trato distinto del que reciben las sospechosas de otros delitos.

Entre otras cosas, se las podría recluir en centros especiales de detención o por tiempo indefinido. Incluso podrían ser extraditadas al continente, riesgo que provocó el movimiento de protestas de 2019 y que éste mitigó.

Además, la Jefatura Ejecutiva de la ciudad intervendría en la selección de los jueces facultados para conocer de las causas relacionadas con la seguridad nacional, lo que podría menoscabar la independencia del poder judicial.

“Cuesta confiar en las autoridades cuando afirman que la ley de seguridad nacional sólo afectará a una pequeña minoría, si le ley incluye medidas represivas que podrían aplicarse literalmente contra cualquier persona que el gobierno decida”, ha señalado Joshua Rosenzweig.

Una ley impulsada alegando motivos de seguridad exagerados

Las autoridades de Hong Kong y chinas afirman que hace falta con urgencia legislación en materia de seguridad para contrarrestar la amenaza de “terrorismo” y violencia en la ciudad. Sin embargo, las protestas celebradas en contra del proyecto de ley de extradición en 2019 –que han reaparecido a menor escala tras el brote de COVID-19– fueron mayoritariamente pacíficas.

Siete órganos de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por las definiciones excesivamente generales e imprecisas de la legislación antiterrorista propuesta para Hong Kong. 

“Además de proponer esta ley de seguridad de una manera precipitada y que elude todo escrutinio público o político significativo, la autoridades intentan también justificar la necesidad de aplicarla con la excusa infundada de que Hong Kong tiene que erradicar una amenaza terrorista”, ha afirmado Joshua Rosenzweig.

“La promesa de China de que la ley de seguridad nacional respetará los derechos humanos no tiene ningún valor sin las disposiciones legales necesarias para garantizarlo y hacerlo cumplir. Si es cierto que, como afirma Pekín, esta ley tiene por objeto combatir amenazas reales contra la seguridad nacional y de terrorismo, entonces debe incluir exenciones claras para el ejercicio pacífico de derechos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación.”

Estremecedores ecos de la ley de seguridad de China

La ley prohibirá los denominados actos de separatismo, subversión, terrorismo y “colusión con potencias extranjeras o exteriores” para poner en peligro la seguridad nacional

Estos delitos, definidos de manera muy general e imprecisa, son similares a los tipificados en la Ley de Seguridad de China, promulgada en 2015.

Amnistía Internacional ha documentado el uso indebido que hacen las autoridades chinas de esta ley de manera generalizada y sistemática para perseguir a defensores y defensoras de los derechos humanos. Se ha declarado culpables de delitos contra la seguridad nacional a profesionales del derecho, intelectuales, periodistas, clérigos y activistas de ONG simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender los derechos humanos.

Información complementaria

Una vez sancionada por el presidente chino, Xi Jinping, y “promulgada” por las autoridades de Hong Kong, la ley de seguridad nacional se incorporaría al anexo III de la Ley Fundamental, la mini-Constitución de Hong Kong. Quedaría, por tanto, ratificada el día en que fuera aprobada por la Jefatura Ejecutiva de Hong Kong, sin el escrutinio del Consejo Legislativo hongkonés, es decir, sin pasar en la práctica por el Parlamento local.

Hong Kong tiene garantizados determinados derechos en virtud de la Ley Fundamental y de la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Según informes, el proyecto de ley de seguridad nacional incluye la garantía de respetar los derechos humanos, incluidos los recogidos en el PIDCP y el PIDESC. Pero una cuestión decisiva es que las leyes de seguridad nacional parecen poder invalidar estas salvaguardias.

La ley de seguridad de China tiene disposiciones similares sobre el respeto de los derechos humanos, pero han brindado muy poca o ninguna protección a quienes se les ha aplicado.