El 1 de abril de 2020, la policía dispersó violentamente a un grupo de personas que se manifestaba pacíficamente para pedir al gobierno ayudas durante la cuarentena por COVID-19, y 21 de ellas resultaron detenidas y privadas de libertad. Posteriormente, salieron en libertad con fianza;. El 28 de agosto se les informará de los cargos que se les imputan y deberán declararse culpables o inocentes. Seguimos pidiendo a la policía que retire todos los cargos contra estas personas, pues o bien son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas que les afectarán de forma desproporcionada. Pedimos también que las autoridades investiguen el uso de la fuerza por parte de la policía durante la protesta.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Brigadier General de la Policía /
PBGEN
Ronnie S. Montejo

Director, Quezon City Police District

21 Makadios Street, Diliman

Quezon City, Filipinas 1101

Número de fax: 632 8925 8326

Correo-e: dpcrdqcpd@yahoo.com; cc: prosecutorsoffice123@gmail.com 

Señor Brigadier General de la Policía Montejo:

Le escribo para expresarle mi preocupación por el procesamiento en curso —incluida la inminente vista incoatoria— de 21 residentes del área de San Roque (Ciudad Quezón) que llevaron a cabo una protesta pacífica el 1 de abril de 2020. Estas personas se manifestaron pacíficamente para pedir ayuda al gobierno, después de que la supuesta asistencia humanitaria de una empresa privada no llegara. Debido al inicio el 17 de marzo de la cuarentena para hacer frente a la pandemia de COVID-19, millones de filipinos y filipinas no han podido ganarse la vida.

La organización Save San Roque Alliance del área de San Roque (Ciudad Quezón) asegura que la policía dispersó violentamente a quienes protestaban, utilizando palos para golpear a la gente. A fecha de hoy, su departamento parece no haber emprendido ninguna actuación para investigar las denuncias de violencia por parte de la fuerza policíal. Me parece alarmante que las autoridades filipinas hayan respondido a las peticiones de las personas residentes con violencia, detenciones y posibles sanciones penales.

Las 21 personas detenidas pueden enfrentarse a varios cargos, como “reunión ilegal” y “no cooperar en una emergencia de salud”, que en conjunto suponen penas de hasta 20 meses de cárcel y multas de más de 1,1 millones de pesos filipinos (22.000 dólares estadounidenses) cada una. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que no encarcelen a la gente únicamente por infringir las restricciones de salud pública, una medida desproporcionada en el actual contexto. Los cargos contravienen el derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas cuyo impacto sería desproporcionado.

Es más, dado el elevado riesgo de transmisión de la COVID-19 en ciertos lugares de detención, le ruego que considere que la ejecución de las penas de reclusión probablemente agrave los problemas de salud pública que causa la pandemia y no sería una medida necesaria ni proporcionada.

Por consiguiente, pido a su Oficina que:

• Retire todos los cargos contra las 21 personas residentes en San Roque (Ciudad Quezón), ya que son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas que afectarán desproporcionadamente a este grupo;
• Abra sin demora una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la fuerza por la policía, que puede constituir tortura y otros malos tratos, y ponga a disposición judicial a los responsables, juzgándolos con las debidas garantías; y
• Garantice que todas las personas residentes en San Roque tienen acceso rápido y adecuado a alimentos, medicinas y otros artículos o servicios de primera necesidad, y se las capacita y apoya para cumplir con la cuarentena.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

Información complementaria

Según el grupo Save San Roque Alliance, el 1 de abril de 2020, residentes del área de San Roque (Ciudad Quezón) se congregaron en un tramo de la EDSA (una importante vía de Metro Manila) porque habían tenido noticias de que en ese punto se iba a distribuir ayuda humanitaria y, al ver que no había distribución alguna, permanecieron en el lugar para protestar y exigir a las autoridades de Ciudad Quezón el reparto de ayuda.

Al parecer, miembros de la policía les pidieron que se fueran del lugar y después, según informes de organizaciones de la sociedad civil y de la policía, recurrieron a la fuerza para disolver la protesta y detuvieron a las personas que se negaron a irse. La organización Save San Roque Alliance asegura que la policía dispersó violentamente a quienes protestaban, utilizando palos para golpear a la gente. Amnistía Internacional habló con un dirigente del grupo, según el cual entre las víctimas había un hombre y su hijo que estaban en la zona para recoger ayuda económica en nombre de su empresa, cuyas oficinas estaban también en la EDSA.

En total se arrestó a 21 de las personas que protestaban, y se las llevó detenidas a la jefatura de policía de Ciudad Quezón. Según un dirigente del grupo, a sus familiares se les impidió hablar con ellas o llevarles comida tras varias horas de detención. Cinco días después, el 6 de abril de 2020, todas quedaron en libertad tras pagar una fianza de 367.500 (7.254 dólares estadounidenses), que se recaudó gracias a donaciones. Fueron acusadas de “reunión ilegal”, “resistencia a la autoridad”, “difundir información falsa”, “no cooperar en una emergencia de salud” e “impedir el acceso a una vía pública”.

El derecho internacional de los derechos humanos permite limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica para proteger la salud pública, pero las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas. Esto quiere decir que la policía debe aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, que sólo puede emplearse cuando los medios no violentos han demostrado ser o es probable que sean ineficaces. Además, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos no admite excepciones, ni siquiera en situaciones de emergencia.

Así pues, no se debe encarcelar a nadie únicamente por no cumplir las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de COVID-19. La aplicación de multas también puede tener efectos adversos negativos sobre grupos concretos, aun cuando los términos de las disposiciones sean neutrales. A la hora de analizar la aplicación de multas por violar las condiciones de las restricciones impuestas, las autoridades deben tener en cuenta las circunstancias de grupos en riesgo que puede que se vean afectados de manera desproporcionada, y considerar alternativas para aliviar el impacto desproporcionado de las multas.

Las personas residentes en San Roque afirman que iniciaron la protesta al no recibir ninguna forma de ayuda del gobierno. Las autoridades locales de Ciudad Quezón niegan que eso sea cierto y afirman que, si bien las distribuciones de ayuda estaban en marcha, revisarán la lista de receptores para asegurarse de que no se excluye a nadie. En respuesta a la COVID-19, el gobierno ha prometido ayudas en metálico por valor de 200.000 millones de pesos filipinos a la población económicamente más desfavorecida, muchos de cuyos integrantes han perdido sus fuentes de ingresos en la situación de confinamiento. Esta ayuda incluye una asignación mensual de 100-158 dólares estadounidenses a las personas necesitadas, pero su distribución se ha visto lastrada por retrasos y otras presuntas anomalías. El 19 de junio de 2020, el gobierno afirmó que cerca de 300 funcionarios locales estaban siendo investigados en relación con estas anomalías y podrían enfrentarse a cargos.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 28 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Ellos/ellas.

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa35/2127/2020/es/